Publicado: mayo 2, 2025, 5:19 am
El Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de reforma a la ley de competencia, que podría ser aprobada en las próximas semanas. La iniciativa transforma el diseño institucional y la manera en que el Estado mexicano concibe su rol en los mercados. El diagnóstico que subyace es claro: la competencia, tal como ha sido aplicada hasta ahora, no ha sido suficiente para corregir fenómenos de concentración ni para traducir los beneficios de la operación de los mercados en mayor bienestar. Por ello, la reforma impulsa una mayor presencia del Estado en la economía, bajo un nuevo modelo institucional que exime a las empresas paraestatales de la aplicación de la ley.
Este cambio de enfoque genera oportunidades, por ejemplo, mediante una mayor coordinación entre las políticas sectoriales y de competencia, pero también propicia dudas relacionadas con la la independencia técnica, que es un elemento fundamental para que las decisiones de la nueva agencia antimonopolios sean eficaces y confiables. Igualmente, podría suscitar discusiones en el contexto del T-MEC.
La propuesta presenta diversas medidas enfocadas en reforzar las capacidades de la agencia de competencia en materia de investigación y sanción, lo cual sigue la tendencia internacional de fortalecer la aplicación de la política de competencia. Sin embargo, introduce cambios que podrían crear problemas al analizar conductas empresariales. En particular, destaca el tratamiento que recibiría el intercambio de información entre agentes económicos, que probablemente no requeriría probar la existencia de un acuerdo anticompetitivo previo. Esto obligará a los agentes económicos a poner un cuidado especial en su participación en asociaciones, cámaras y eventos de su industria.
También llama la atención la inclusión de la figura del competidor potencial en el análisis de la colusión. Este concepto es ambigüo y podría conducir a errores, por lo que es importante que la nueva autoridad se nutra de la experiencia de otras jurisdicciones, como Europa o los EUA, las cuales han establecido criterios objetivos para identificar a los nuevos competidores.
En el caso de concentraciones se refuerzan las capacidades de investigación de aquellas transacciones en las que hay un incumplimiento con la obligación de notificar, se reducen los umbrales monetarios y se amplía el plazo para investigar operaciones en las que no hay obligación de notificar. En paralelo, la iniciativa contempla reducir a la mitad los plazos que la autoridad tendrá para resolver. Es previsible que habrá una mayor cantidad de expedientes, por los menores umbrales y por la estrategia que seguirán las empresas de notificar voluntariamente concentraciones no notificables.
El reto será desahogar un mayor número de expedientes con plazos legales reducidos, lo cual podría dificultar seriamente la capacidad de respuesta de la institución, que además ahora deberá atender a los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Ante ello, es necesario desarrollar criterios y lineamientos que proporcionen a los particulares guía para notificar de manera de manera correcta y agilizar los trámites, así como implementar filtros operativos que permitan a la institución concentrar su atención en los asuntos de mayor impacto.
Estos y otros cambios, que por razones de espacio no abordo, implican un entorno de mayor escrutinio para las empresas así como el riesgo de ser investigadas y sancionadas en la esfera administrativa y civil. Para mejorar la eficiencia en los mercados y combatir efectivamente las conductas nocivas al proceso de competencia y libre concurrencia, la autoridad deberá mantener altos estándares técnicos, evitar la aplicación de enfoques basados en la mera presunción y desplegar sus facultades de manera precisa.
De otra manera, se corre el riesgo de desalentar estrategias comerciales legítimas o innovadoras. Por su parte, las empresas deberán adoptar un mayor compromiso ético y aplicar mayores controles que garanticen el cumplimiento de la ley.
