Publicado: abril 16, 2026, 3:00 am
Hoy, Europa no solo está endureciendo las sanciones contra Rusia, sino que también avanza hacia su aplicación efectiva, ampliando de forma progresiva sus instrumentos de presión. La Unión Europea ha añadido cientos de petroleros a sus listas de sanciones, mientras algunos países ya han comenzado a detener buques de la llamada “flota en la sombra”. Los controles sobre bienes de doble uso se están reforzando, y se imponen sanciones a empresas y bancos de terceros países implicados en el apoyo a la economía de guerra rusa. En conjunto, la política de sanciones se vuelve cada vez más sistemática y menos tolerante con las “zonas grises” legales.
En este contexto, Suiza no aparece simplemente como una excepción, sino como un caso que plantea dudas sobre la coherencia del sistema. Aunque Berna se ha sumado a las sanciones contra Rusia y ha condenado formalmente la invasión, al mismo tiempo ha mantenido un margen de maniobra que genera incomodidad entre sus socios europeos y en Kiev. El problema no es la neutralidad en sí, sino su carácter selectivo.
El ejemplo más claro es la prohibición de reexportar armamento de fabricación suiza a Ucrania. Desde 2023, Berna ha bloqueado repetidamente solicitudes de países europeos, invocando su legislación sobre neutralidad. Desde el punto de vista jurídico, esta posición puede considerarse coherente, pero en el plano político ha sido objeto de críticas.
En momentos clave, esta postura ha limitado la capacidad de algunos Estados europeos para suministrar asistencia militar a Ucrania. No se trata solo de envíos concretos: el problema reside en el precedente que se crea, donde la posición ambivalente de un país puede influir en la seguridad colectiva en un contexto de guerra en Europa. Para Ucrania, este debate está lejos de ser abstracto y tiene implicaciones directas.
La paradoja se hace más evidente al observar que la neutralidad no impidió a Suiza adherirse a las sanciones económicas. Si Berna acepta ejercer presión financiera sobre Moscú, surge la pregunta de por qué bloquea incluso el apoyo militar indirecto a Kiev. Esto apunta más a una aplicación selectiva que a una cuestión de principios.
Una lógica similar se observa en la aplicación de sanciones. Suiza ha reforzado el control sobre los flujos financieros y ha congelado 7.400 millones de francos suizos en activos rusos. Sin embargo, estas medidas parecen limitadas frente a la infraestructura financiera desarrollada durante décadas.
Berna sostiene que identificar activos ocultos tras estructuras corporativas complejas es una tarea difícil. No obstante, esa complejidad también está vinculada al propio modelo financiero suizo, caracterizado por la confidencialidad y una transparencia limitada.
El caso de Credit Suisse resulta ilustrativo: investigaciones recientes revelaron alrededor de 900 cuentas vinculadas a clientes relacionados con el periodo nazi. La controversia no solo radica en los hechos, sino también en las dificultades encontradas durante la investigación, lo que reavivó el debate sobre la relación entre neutralidad y responsabilidad histórica.
En el plano político, Suiza decidió en 2024 no alinearse plenamente con la última ronda de sanciones de la UE, alegando riesgos económicos excesivos. Esta decisión refleja un patrón en el que el apoyo a las sanciones parece condicionado por su impacto en los intereses nacionales.
Un episodio especialmente controvertido fue la visita en 2025 de Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, quien participó en un foro en Ginebra pese a estar bajo sanciones occidentales. La concesión de permisos especiales a miembros de la delegación rusa intensificó las críticas sobre la coherencia de la política suiza.
Hoy, la neutralidad ya no es una posición pasiva, sino una postura con consecuencias concretas. Suiza ha intentado adaptarse reforzando controles y cooperando con socios internacionales, aunque muchas de estas medidas tienen un carácter más reactivo que estructural. En este contexto, el país se enfrenta a una elección que no pasa por mantener o abandonar la neutralidad, sino por definir cómo interpretarla. Una neutralidad que permite sanciones pero limita la ayuda militar, que se beneficia de las finanzas globales pero enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia, plantea interrogantes crecientes sobre su papel en Europa.
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