Publicado: julio 12, 2025, 5:23 am
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado conceder la libertad provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, encarcelado la semana pasada en Soto del Real tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo acusado de dirigir una trama de amaño de contratos públicos a la que supuestamente pertenecían el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García. La Fiscalía considera que persiste el riesgo de destrucción de pruebas importantes para el caso, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
Las citadas fuentes indican que, en su escrito, el Ministerio Público impugna los motivos expuestos por la defensa de Cerdán, incidiendo en que, si se acordase su libertad, podrían alterarse o destruirse fuentes de prueba. El instructor atribuye al exsocialista presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Fue el pasado 3 de julio cuando la defensa de Cerdán pidió que fuese puesto en libertad de forma «inmediata» alegando que no hay «indicios suficientes» sino una «causa general» en su contra. El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le envió a prisión provisional al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En el recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, la defensa de Cerdán sostenía que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y, por tanto, «incompatible con la presunción de inocencia».
Denunciaba que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole de asumir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica». «La perspectiva asumida en todo momento por el órgano jurisdiccional es netamente inquisitiva», añadía.
Este mismo jueves, el Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares en el ‘caso Koldo’, también se opuso al recurso del exsocialista alegando que es «inasumible» que argumente que es víctima de una causa general, recalcando que «no es una causa política, es una causa de corrupción» sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.
