Publicado: octubre 10, 2025, 7:19 am
La oposición debe empezar a pensar si hay condiciones para participar en las elecciones de 2027 y 2030. Después de la elección del Poder Judicial quedó claro que los órganos electorales, el INE y el Tribunal, están totalmente al servicio del gobierno y de su partido Morena. Las posibilidades de competir de la oposición contra un partido de Estado son muy limitadas y si a esto le agregamos que el gobierno tiene de su lado al árbitro electoral, los resultados pueden ser desastrosos para los partidos y candidatos de oposición.
Es cierto que la oposición, sobre todo el PRI y el PAN, están perdidos y no saben cómo convencer al electorado de que el país va por el camino equivocado y que Morena es una amenaza para la democracia y las libertades personales. Su estrategia ha sido descalificar y denunciar al gobierno y no han tenido la capacidad de presentar una propuesta alternativa de gobierno.
Las elecciones no se ganan solo criticando, se ganan fundamentalmente proponiendo y ninguno de los partidos de oposición tienen una propuesta que pueda convencer al electorado de votar por ellos. Por otro lado, los liderazgos del PRI y del PAN a nivel nacional, si bien cuentan con un control casi total al interior de sus partidos, tienen un gran desprestigio ante la opinión pública y la mayoría del electorado. Más allá de que el árbitro electoral esté comprado, los partidos de oposición se han ido alejando de la mayoría del electorado. Una excepción puede ser Movimiento Ciudadano, pero su crecimiento se ha debido más al rechazo al PRI y al PAN que a representar una alternativa a Morena.
Los partidos de oposición tienen que pensar si realmente tienen opción de competir con un partido que tiene recursos ilimitados del gobierno y con un árbitro electoral vendido y deben pensar seriamente en la alternativa de no participar en ambas elecciones. Deben ponerse de acuerdo para hacer un frente común ante al gobierno y su partido y exigir que se garantice la imparcialidad de los órganos electorales y la fiscalización de los recursos públicos.
Con el tribunal no hay nada que hacer, después de la elección de los nuevos magistrados está más vendido que nunca al gobierno y a Morena, pero en el caso del INE hay posibilidad de garantizar su imparcialidad. El próximo año se van a sustituir tres consejeros electorales y la oposición debe exigir que los nuevos que se elijan garanticen la imparcialidad del organismo.
Todo el discurso de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y de Morena de que México es el país más democrático del mundo, se vendría abajo si la oposición decide no participar en las elecciones de 2027 y 2030. El escándalo no sólo al interior del país, sino a nivel internacional sería incontrolable y echaría abajo el discurso del gobierno que busca crear confianza ante los inversionistas nacionales y extranjeros.
La oposición tiene que endurecer su posición y debe también condicionar su participación en las elecciones a que la reforma electoral que se apruebe les garantice los espacios en el Congreso que les dé el voto de la gente. La única arma que tiene la posición para obligar al gobierno y a Morena a negociar es condicionar su participación en los procesos electorales.
La decisión de no participar, si no se garantizan condiciones de imparcialidad en los órganos electorales puede parecer extrema, pero después de lo que vimos en la elección del PJF, sería ingenuo participar en una elección en que los dados están cargados y el árbitro está vendido.
