Publicado: abril 30, 2026, 3:00 am
España se enfrenta a un desafío determinante: el progresivo deterioro de sus infraestructuras. Durante años, la inversión en conservación, mantenimiento y desarrollo ha perdido peso en las prioridades públicas, generando un déficit acumulado que ya no admite más demora. Hoy, la evidencia es clara: no estamos ante un problema sectorial, sino ante una cuestión estratégica que afecta directamente a la cohesión territorial, economía y calidad de vida de los ciudadanos.
Las cifras hablan por sí solas. En la próxima década, será necesario destinar más de 127.000 millones de euros, únicamente en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas.
El caso de las carreteras
El caso de las carreteras es paradigmático. Tras años de inversión insuficiente, el sistema arrastra un déficit que exige no solo recuperar estándares de calidad, sino también abordar una inversión en «puesta a cero» de la red, mínima de 7.725 millones de euros para el conjunto de las AAPP que es la cantidad no invertida hasta 2024 con respecto al nivel de inversión precrisis financiera.
En el ámbito ferroviario, el fuerte crecimiento de las circulaciones ferroviarias en las líneas de alta velocidad, del +47% con respecto al tráfico de 2019 inducido por el tráfico de los nuevos operadores privados requiere acoplar las inversiones en mantenimiento al nuevo escenario de tráfico para asegurar los parámetros de confort en la circulación.
Y, en materia hidráulica, los retos son aún más complejos: sequías recurrentes, reducción de recursos hídricos y aumento del riesgo de inundaciones afectan ya a millones de personas.
Este contexto se agrava por una realidad presupuestaria evidente: la inversión pública en infraestructuras ha perdido peso en el PIB significativamente en los últimos quince años. Mientras en 2009 representaba más del 5%, en 2024, apenas alcanza el 2,7%. Esta caída supone menos capacidad para mantener lo existente y, sobre todo, limita la posibilidad de anticipar y planificar las infraestructuras del futuro.
A esta situación estructural se suma un entorno económico complejo. La inflación prevista para 2026, impulsada en parte por factores geopolíticos y el conflicto de Oriente Medio, introduce tensiones adicionales en los contratos públicos. Sin mecanismos adecuados de revisión de precios, se corre el riesgo de ralentización de la actividad, con un impacto doblemente negativo: se retrasa la ejecución de inversiones necesarias y se encarece el coste final de los proyectos.
Por ello, el debate ya no puede centrarse únicamente en cuánto invertir, sino en cómo hacerlo. El modelo de financiación presupuestaria centrado en impuestos del contribuyente hoy muestra claras limitaciones para poder sufragar las ingentes inversiones, en nueva infraestructura y conservación que nuestro país necesita. Y la colaboración público-privada, que en el pasado permitió desarrollar grandes infraestructuras, se encuentra hoy prácticamente paralizada con unas cifras de licitación en concesiones en mínimos desde 2015 que confirman un marco regulatorio ineficiente para la atracción de financiación.
Es imprescindible, por tanto, un cambio de enfoque. España necesita un modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, un marco regulatorio adaptado a la realidad actual y no condicionado por una estructura de mediados del siglo pasado, y una reactivación decidida de la colaboración público-privada con nuevas fórmulas de financiación. Entre estas últimas, la tarificación viaria emerge como una opción que merece un debate sereno y riguroso. No como un instrumento recaudatorio, sino como una herramienta finalista que permita garantizar la conservación y reposición de nuestras redes de carreteras sin incrementar la presión fiscal ni comprometer la prestación de otros servicios públicos.
Al mismo tiempo, resulta urgente modernizar la contratación pública. Simplificar procedimientos, mejorar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a la realidad económica son condiciones necesarias para asegurar que las inversiones se ejecuten en tiempo y forma.
En definitiva, España se encuentra ante una encrucijada. Puede seguir prolongando una etapa de infrafinanciación que erosiona lentamente su capacidad de crecimiento, o puede afrontar con decisión una transformación del modelo que garantice infraestructuras modernas, resilientes y sostenibles.
A las necesidades de conservación y mantenimiento de infraestructuras ya referidas, habría que añadir más de 280.000 millones para la creación y desarrollo de nuevas infraestructuras y para la adaptación de las existentes. En total, España necesita más de 400.000 millones en diez años, objetivo que hemos sido capaces de superar en el pasado, antes de la llegada en 2010 de los efectos de la crisis financiera en la UE y en nuestro país.
No se trata de una aspiración, sino de una necesidad ineludible si se quiere evitar el deterioro irreversible de activos esenciales y garantizar la seguridad y bienestar ciudadano, así como la competitividad de nuestro país.
