Publicado: octubre 3, 2025, 1:14 pm
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía” (Salmo 133).
María labora en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Como ella, 133 trabajadores de libre designación del todavía regulador no han sido indemnizados por la extinción del IFT y sus derechos laborales están en riesgo. Sus historias, compartidas de forma anónima, revelan un vacío legal y humano que contrasta con la promesa constitucional de respetar los derechos laborales de todos los servidores públicos.
La extinción del IFT fue aprobada en el decreto de simplificación administrativa. El nuevo marco legal dispuso que los derechos laborales serían salvaguardados. El Acuerdo P/IFT/050925/297, aprobado por el Pleno del IFT el 5 de septiembre, establece con claridad el pago de indemnizaciones o finiquitos a las personas servidoras públicas afectadas por la desaparición. Sin embargo, el artículo noveno transitorio de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abrió una grieta: sólo aquellos con “estabilidad laboral” dentro del sistema de servicio profesional recibirán indemnización plena.
Una mala e insensible interpretación de esa frase ambigua pretende dejar fuera al personal de libre designación, pese a que sus nombramientos son definitivos, han formado parte del servicio profesional y han cumplido con evaluaciones, capacitación, derechos y obligaciones idénticas a las del personal que ingresó por concurso.
La situación no es menor, porque más de 900 trabajadores ya fueron indemnizados sin haberse cumplido el requisito legal de extinción del IFT, mientras que 133 permanecen en la incertidumbre. Ellas y ellos no son comisionados ni altos funcionarios. Son mandos medios, técnicos, asistentes, enlaces y jefes de departamento. Servidores de la nación que operan el día a día del regulador, pero que podrían quedar desprotegidos a falta de un liderazgo sensible y social.
El fondo del problema radica en la interpretación que el Pleno del IFT dio al artículo noveno transitorio. Un senador introdujo una reserva durante la discusión legislativa, citando una tesis aislada de 2016 del Poder Judicial que distingue entre personal de servicio profesional de carrera y trabajadores de libre designación. Esa interpretación sólo se refiere a cargos de alta dirección con confianza política, pero podría excluir a los 133 de las indemnizaciones, aunque en la práctica cumplen con estabilidad laboral.
Los trabajadores recuerdan el precedente del INAI. Tras la extinción de ese organismo autónomo constitucional (la misma definición del IFT), el personal de libre designación fue indemnizado, bajo la justificación de que el gobierno estaba “del lado de los trabajadores” y debía garantizar un trato igualitario. No fue una concesión, sino el reconocimiento de un derecho constitucional: el artículo 123 apartado B establece que, en caso de supresión de plazas, los servidores públicos deben recibir indemnización o reinstalación.
La reinstalación no procede porque el regulador desaparece. Pero ya ocurrió un precedente idéntico en el cual la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reconoció los derechos laborales de todos los trabajadores del INAI, mostró sensibilidad social y altura de miras.
Los 133 trabajadores subrayan que no buscan confrontar ni desprestigiar. Reconocen que el Estado mexicano los ha formado y ellos han retribuido a la sociedad con su trabajo especializado en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Su objetivo es obtener la indemnización que les corresponde por derecho. Ya han dialogado con el comisionado presidente del IFT y con altas autoridades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Aquí entra en escena José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, conocido como Pepe Merino. De acuerdo con las fuentes, él ha mostrado sensibilidad y empatía, especialmente con quienes menos ganan. “No es su intención afectar derechos laborales, mucho menos los de quienes menos tienen”, expresó Merino en una reunión reciente con las y los representantes de los 133.
La visión de inclusión digital y conectividad social de Pepe Merino no ignora que detrás de la extinción de una institución hay 133 familias que hoy viven en la incertidumbre. El capital humano del IFT no son cifras: son especialistas que durante más de una década contribuyeron a bajar precios de telefonía, ampliar el acceso a Internet y fortalecer la competencia en telecomunicaciones.
El monto de estas indemnizaciones, calculado de manera interna, representa apenas 5% del fideicomiso del IFT, cuya bolsa asciende a más de 1,700 millones de pesos, antes del pago de las indemnizaciones. En contraste, prolongar la incertidumbre laboral y contratar personal eventual para cubrir las actividades que todavía realiza el IFT significa un gasto mayor. En términos económicos, el argumento de ahorro se diluye. En palabras sociales, la omisión es injustificable.
Los trabajadores han explorado distintas rutas: desde solicitudes formales al Pleno del IFT, hasta la posibilidad de demandas colectivas que obligarían a reservar millones de pesos en pasivos laborales. Incluso cuando su derecho a demandar está vigente, más allá de la vía judicial lo que buscan es un reconocimiento legal, político y social a su situación.
Las indemnizaciones del IFT no es una discusión aislada. Forma parte de un debate sobre cómo el Estado mexicano asume su compromiso con los derechos laborales en procesos de reestructuración institucional. La paradoja radica en que un órgano creado para garantizar competencia y tutelar derechos fundamentales, desaparece cuando no se respetan los derechos de sus propios trabajadores.
La solución está en manos de la autoridad. Aquí entra el liderazgo de Pepe Merino. Su trayectoria lo coloca como una figura convencida de la inclusión digital y la conectividad social como pilares de un país más justo. Enfrenta una oportunidad de oro: demostrar que la transformación digital incluye garantizar justicia laboral.
El Salmo 133 nos recuerda que la fraternidad es la base de toda comunidad. Reconocer a los 133 trabajadores del IFT de libre designación es un acto jurídico y un gesto de fraternidad institucional. El país no puede enviar la señal de que la modernización tecnológica se construye sobre la precariedad. Las indemnizaciones del IFT son más que un trámite administrativo. Son una prueba de coherencia entre el discurso de inclusión social y el respeto a los derechos. Son una oportunidad para que la transición hacia un nuevo modelo institucional ocurra en armonía y justicia social, sin que nadie se quede atrás. La historia demuestra que no existe conectividad social sin justicia social.
