Publicado: agosto 27, 2025, 5:17 am
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que el gobierno federal hará una serie de reformas para combatir a los factureros que evaden el pago de impuestos, pero destacó que la gran mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, informó que se revisará la posibilidad de establecer tratados de extradición con aquellos países con los que México no tiene algún tratado en materia fiscal.
El tema surgió a pregunta expresa de un periodista durante la conferencia mañanera, acerca de la posibilidad de que, con la llegada del nuevo Poder Judicial, los evasores busquen huir del país.
A lo que la mandataria respondió: “Habría que plantearlo. Me quedé pensando con qué países. Pero sí habría que plantearlo. No creo que (los evasores) se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad”.
En ese sentido, aseguró que la gran mayoría de los empresarios en México ya están pagando sus impuestos, por lo cual los niveles de recaudación están creciendo, pero reconoció que aún hay factureros.
“Todavía, como dije el otro día, hay factureros que evaden pagar impuestos, y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto”
Por ejemplo, “hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después; esto ya no se puede permitir, ¿no?, cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos», declaró la presidenta.
Área de oportunidad en persecución de delitos fiscales
Al respecto, Alberto Ruíz, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que actualmente, el Derecho Penal Fiscal en México tiene grandes áreas de oportunidad, en las cuales habría potencial para hacer una serie de reformas.
Explicó que el Código Fiscal de la Federación tiene todo un apartado de ley penal en el que hay algo llamado tipicidad de una conducta.
Esto significa que no toda evasión fiscal se persigue como delito penal, pues hay veces que dicha conducta se hace sin dolo.
Sin embargo, dijo el especialista, cuando la conducta es intencional o hay dolo, entonces sí se vuelve un delito penal que puede ser sancionado con cárcel.
“El problema que siempre ha habido es que los límites del ejercicio de la acción penal no están muy claros en el Código Fiscal de la Federación”, argumentó el especialista.
Ello, abundó, da pie a que el ejercicio de la acción penal sea muy discrecional por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la encargada de perseguir este tipo de delitos.
En un caso de delitos fiscales por la vía penal, el Servicio de Administración Tributaria o la Agencia Nacional de Aduanas de México se convierten en los ofendidos que denuncian el delito.
Mientras que el contribuyente denunciado se vuelve el acusado y la Procuraduría Fiscal de la Federación se vuelve “el abogado” de las partes ofendidas, según detalló el especialista..
“Normalmente cuando hay una sanción penal por delitos fiscales son a personajes de alto perfil como políticos, empresarios o deportistas”, explicó el integrante del Colegio.
Asimismo, dijo, esta falta de claridad en los límites del ejercicio de la acción penal deriva en que haya ocasiones en las que una misma persona tiene un proceso administrativo y penal por un tema fiscal.
“¿Cómo alguien va a poder pagar los impuestos que debe si está en la cárcel enfrentando un procedimiento penal al mismo tiempo?”, cuestionó Alberto Ruíz.
El especialista comentó que son en esos los aspectos que las leyes fiscales podrían reformarse para combatir a los factureros y los delitos fiscales tal como lo refirió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Respecto a los tratados para extraditar a personas que cometieron delitos fiscales, Ruíz explicó que si se establece un tratado de extradición con otro país, debe de ser para todos los delitos, no exclusivamente para los fiscales.
“Actualmente México ya tiene suscritos varios tratados con otros países para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal”, resaltó.
Prisión preventiva oficiosa
En febrero del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos, el de defraudación fiscal.
Sin embargo, el Congreso aprobó en noviembre, ya con la mayoría calificada de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso, la reforma enviada por el exmandatario, pero excluyó los delitos fiscales y el narcomenudeo.
Desde que se había mandando la reforma, especialistas habían advertido que la prisión preventiva en los delitos fiscales no iba a tener ningún efecto en la reducción de los mismos y que, por el contrario, va en contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México es signatario.
En el 2019, López Obrador intentó incluir a los delitos fiscales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pero en aquella ocasión también se frustró el intento.
