Publicado: octubre 12, 2025, 4:19 am
Octubre va a ser esencial para la nueva toma de temperatura en Europa de la responsabilidad administrativa frente a la sostenibilidad… desempeño en el que las diversas fuentes consultadas coinciden en el debido balance entre la ‘economía verde’ del siglo XXI y la irrenunciable competitividad empresarial. Aspectos abordados en el ‘ Paquete Ómnibus de Sostenibilidad ‘ de la UE con un deseado objetivo, marcado por el ‘wishful thinking’, ajeno al ‘ greenwashing ‘: Europa necesita una regulación sólida y coherente, pero también proporcionada y predecible, que combine sostenibilidad con competitividad e inversión. Se busca, en esencia, reducir la tendencia de los últimos años al ‘estrés normativo’, a la sobrerregulación, para reducir la carga administrativa para las empresas (cerca de un 25% para las grandes, de un 35% para las pymes). En este caso, la actualización del (fornido) corpus normativo se refiere a aspectos como los derivados de la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) –entorno de la Directiva sobre Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CS3D)– y la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), en línea con los ‘data points’ exigidos en los ESRS (Estándares Europeos de Información en Sostenibilidad). Mientras tanto, la actualidad y proyección normativa en España pasa, además, por la prevista presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), con un proyecto de ley en España para transponer esta normativa, conocido como Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES), además de la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible . Parte de un conjunto de acciones locales, globales, para implantar, desarrollar y seguir la evolución de planes de transición ecológica alineados con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 (Artículo 22). En la ESG Summit Europe, celebrada en Madrid el 7 y el 8 de octubre (con líderes internacionales de la sostenibilidad, la y la regulación ESG), Ángel Pérez Agenjo, Fundador y Socio director de Transcendent, se refirió en una de sus intervenciones a «la necesidad de un liderazgo con propósito y de cómo convertir la sostenibilidad en una palanca estratégica más allá del mero cumplimiento normativo». Pérez Agenjo señala, en todo caso, cómo la EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) entregará su asesoramiento técnico antes de noviembre, y después, cada Estado deberá trasponer la norma a su legislación. «En España (añade), especialmente en el sector industrial, el paquete puede suponer un alivio temporal, liberando recursos para iniciativas de eficiencia energética, descarbonización o cadenas de valor más sostenibles, en lugar de concentrar esfuerzos en procesos de reporte. La Comisión mantiene la dirección hacia una economía neutra en carbono, pero ajusta el ritmo para facilitar mejoras tangibles». Y enfatiza en la necesidad de atender más y mejor a las pymes : «Deben entender si el reporte en sostenibilidad es un refuerzo para ser competitivo (especialmente en negocios b2b) o un extra burocrático que no les añade valor… en este sentido el aspecto voluntario del VSME (Estándar Voluntario de Información sobre Sostenibilidad para pymes no cotizadas) no despeja la incertidumbre actual». En este contexto, el gobierno español ha solicitado en sus comunicaciones a la Comisión que la simplificación de las normas «no suponga una rebaja de las obligaciones medioambientales para las empresas, que el paquete de simplificación no resultara en un retroceso de la ‘ambición ambiental’». Una visión ante la necesidad de armonizar «los compromisos del Pacto Verde Europeo, aunque reconociendo la necesidad de reducir las cargas administrativas»… insuficiente en opinión de Adrián Vázquez, eurodiputado del Partido Popular y miembro del equipo negociador de la Ley Omnibús 1: «Las votaciones del lunes 13 y de la última semana de octubre van a definir el tono que definirá la legislatura. Y desde nuestro grupo consideramos que los grupos de izquierda han hecho muy complicada la negociación, considero que hay que ser menos exigentes, y dejar entrar aire fresco, para promover una simplificación necesaria para que las empresas europeas no pierdan competitividad por exageradas exigencias de compliance frente a otros países ajenos a la UE». Vázquez apuesta por la mencionada necesidad de equilibrar ambas partes de la balanza; sostenibilidad y competitividad «con procedimientos avanzados, realistas, de responsabilidad empresarial ». Escenario en el que queda trabajo por hacer, como indica Felipe García Hernández, vocal de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association y Socio Director de Círculo Legal: «La CS3D obliga a grandes empresas a mapear y mitigar riesgos de derechos humanos y medioambiente en sus cadenas de valor, lo que indirectamente impacta a sus proveedores pymes en España. Sin embargo, la CS3D no proporciona a las pymes los recursos ni el ‘know-how’ para cumplir las exigencias de ‘due diligence’ que ya les están exigiendo sus grandes clientes». «La falta de previsión y/o adaptación paulatina (continúa) puede crear un peso excesivo en el ámbito administrativo y burocrático, imponiendo a la pyme una excesiva carga económica sin un marco normativo adaptado a su tamaño. Si bien la CS3D fomenta la responsabilidad corporativa, su actual configuración y diseño podría penalizar a las pymes incapaces de adaptarse a las exigencias de sus clientes». Como parte del problema, en muchas ocasiones, estos clientes son grandes empresas, por lo que se produce un ‘delay’ normativo entre empresas de distintas magnitudes. Como destacan desde Cepyme, «la reducción de las cargas existentes para las empresas planteada en la UE es bienvenida, si bien no deja de suponer un enfoque incompleto. Debe trabajarse para evitar en origen los excesos regulatorios y sus cargas , para contar con un marco regulatorio proporcional y asumible con independencia del tamaño». Añaden que, en todo caso, estos cambios «suponen que las empresas deban volver a adaptar sus estructuras y procesos a la nueva realidad». En este sentido, multinacionales como, entre otras, XOM, Amazon y P&G han advertido de la dificultad de aplicación real de la directiva y del efecto disuasorio que esto puede tener sobre las inversiones en la UE, mientras que más de 100 (como Maersk, Cisco, Nokia, H&M, Scania, Ritter Sport, etc.) se han pronunciado a favor de la directiva. Inciden, además, en la necesidad de una revisión periódica de la normativa para eliminar normas obsoletas. «Hay que sistematizar (concluyen desde Cepyme) mecanismos para detectar normas sin utilidad real. Todo ello presidido por un ‘enfoque pyme’ , en una realidad tangible y efectiva». Pymes que, en su mayor parte, carecen de departamentos de ‘compliance’ especializados y de los recursos financieros necesarios para implementar, renovar o reforzar los sistemas de diligencia debida (con auditorías de sostenibilidad, planes de acción preventivos y reactivos, etc.). Desde el ámbito académico, la profesora de Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible de CMI Business School, María Fernanda López Mayoral, considera cómo la nueva Ley Omnibús «refuerza la importancia de que las obligaciones de información sean proporcionales y adaptadas a la realidad de cada sector. La norma debe impulsar una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad en contenido y tiempo, sin dejar de lado la competitividad, la transparencia y la innovación responsable dentro del tejido empresarial español». Lopez Mayoral destaca que la sostenibilidad no es solo una obligación legal, sino un nuevo estilo de liderazgo «basado en conciencia, colaboración y propósito, lo que facilita una transición verde , gradual y justa que equilibre el crecimiento empresarial con el desarrollo humano». Modelo que propicia «promover un modelo de gestión íntegro y responsable basado en la ciencia, donde sostenibilidad y competitividad son parte intrínseca y se refuerzan mutuamente, por un planeta más innovador y sostenible». En cuanto a la necesidad de que la C3SD se actualice con especial acierto en las pymes, la especialista apunta a la importancia de «apartar barreras operativas al tener recursos financieros, técnicos o humanos más limitados. Es esencial que la normativa incluya mecanismos de soporte (como líneas de ayuda pública, formación especializada, herramientas digitales adaptadas y plazos escalonados) que faciliten su transición hacia estándares elevados». Pasos necesarios para que sostenibilidad y competitividad avancen juntas sin tropezar ni dar pasos atrás. Como destaca Pérez Agenjo, en línea con las conclusiones de la ESG Summit Europe: «Las empresas deben tratar la sostenibilidad como un ‘business case’; abordar aspectos concretos en función de la actividad de la empresa, del mismo modo que se gestionan proyectos de innovación o desarrollo, con una gobernanza activa por parte de todos los implicados». Un ‘impact journey’ «para capitalizar progresos, maximizar la contribución social y medioambiental y reforzar la capacidad de transformación». En definitiva, avanzar en la economía sostenible con decisión, pero sin el riesgo de empacho por exceso de celo normativo.
