Publicado: mayo 30, 2025, 12:23 pm
España suma este año 642 playas con Bandera Azul, cuatro más que el año pasado, según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Este distintivo, que reconoce la calidad ambiental, la seguridad y los servicios del litoral, vuelve a situar al país entre los líderes mundiales. Aun así, la cifra representa solo el 18 % de las más de 3.500 playas del país, lo que evidencia un reto pendiente. Para afrontarlo, España ha empezado a mover ficha.
Un nuevo plan se está gestando. Más bien, un nuevo proyecto de ley con el objetivo de reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, donde se obligará a los fabricantes de toallitas húmedas a asumir los costes de limpieza derivados del uso indebido de estos productos. Además, la iniciativa quiere prohibir que los ciudadanos desechen toallitas por el inodoro y suelten globos al aire.
Con esta medida, España busca alinearse con las normas europeas sobre plásticos de un solo uso y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Un grave problema. Las toallitas húmedas, incluso las fabricadas con polímeros naturales sin modificaciones químicas, generan un importante impacto ambiental. Su resistencia a la descomposición provoca obstrucciones en los sistemas de alcantarillado y depuración, especialmente durante periodos de lluvias intensas, como ha detallado The Guardian. Las microfibras que liberan llegan hasta ríos y mares, agravando la contaminación y elevando los costes de gestión para las autoridades locales.
La responsabilidad. La nueva ley obligará a las empresas a hacerse cargo no solo de la limpieza de los residuos que generan, sino también de campañas informativas. Para controlar quién debe pagar, los fabricantes tendrán que registrarse oficialmente. Aunque las toallitas biodegradables quedarían exentas, el Ministerio de Medio Ambiente ha insistido en que lo mejor es no tirar ninguna por el váter, para proteger las tuberías y el medio ambiente.
Un tema muy económico. Una campaña de sensibilización de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento ya estimaba hace seis años que la retirada de estas toallitas suponía un coste anual de 230 millones de euros.
Hasta ahora, las consecuencias económicas han recaído en las administraciones públicas. Según Eldiario.es, Valencia tuvo que invertir 10 millones de euros en 2019 para limpiar un atasco de tres kilómetros. En Badajoz, un atranque similar supuso un coste de 200.000 euros. Murcia cifró en más de 250.000 euros la sustitución de un equipo averiado en una estación depuradora, mientras que la reparación de equipos de bombeo ascendió a otros 200.000 euros.
Otros países ya llevan la delantera. Hace cuatro años, tanto Francia, Alemania, Bélgica como Inglaterra prohibieron el uso de productos de plástico de un solo uso, siguiendo las directrices de la UE. Además, por un lado, Francia un año después prohibió el uso de plástico para embalar frutas y verduras pequeñas. Por otro lado, Alemania y Bélgica han estado desarrollando un fondo financiado por los fabricantes de plásticos de un solo uso, quienes deberán contribuir según la cantidad de plástico que comercialicen. Este fondo tiene como objetivo cubrir los costes de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos, reforzando el principio de «quien contamina, paga».
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No empieza en la orilla. Mientras el proyecto de ley continúa su tramitación parlamentaria, su eficacia dependerá en buena parte de la respuesta ciudadana. Porque el cuidado de las playas no comienza solo en la costa, sino en los hábitos diarios de quienes las disfrutan.
Imagen | Pexels y Marco Verch
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La noticia
España quiere reducir la contaminación marina y va a empezar en un lugar insospechado: el baño
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Alba Otero
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