Publicado: octubre 23, 2025, 10:23 am
La subida abrupta de la tasa de basuras que ha estallado en toda España no es fruto de una decisión improvisada de cada ayuntamiento, sino más bien de las prisas por haber llegado a última hora. A saber: de la aplicación obligada de la Ley 7/2022 (transposición de directivas europeas) que ordena que el servicio de residuos deje de ser parcialmente financiado con impuestos generales y pase a sufragarse en el 100% por una tasa específica basada en el principio “quien contamina paga”, eliminando el déficit estructural que muchos municipios venían arrastrando.
¿Qué ha ocurrido? Que el “basurazo” se nota más en unos sitios que otros.
El origen normativo. La norma fijó un plazo máximo hasta abril para incorporarla en ordenanzas, lo que ha hecho que municipios que retrasaron su aplicación hayan comunicado el cobro prácticamente de golpe, con alzas que en algunos casos duplican o triplican los recibos previos y ya se reflejan en el IPC con un alza del 30% interanual en el coste del servicio, pese a que no todos los ayuntamientos la han implantado aún, lo que anticipa incrementos adicionales cuando el despliegue sea pleno.
Dicho de otra forma, se vienen curvas.
Cangas de Morrazo como epicentro. Así las cosas, la primera implosión pública ha ocurrido en Cangas, en Pontevedra, donde el enfado vecinal se convirtió en un episodio de orden público con concejales escoltados por la Guardia Civil y lanzamiento de objetos tras aprobar una ordenanza que en bares pasó de 107 a 1.236 euros y en viviendas prácticamente duplicó recibos, acumulando más de 8.000 firmas contra un incremento percibido como abrupto, sin fase transitoria ni diálogo previo.
Los hosteleros alegan inviabilidad al pasar facturas de 1.400 a más de 3.000 euros, mientras se lamenta que el proceso se haya hecho sin convocar actores afectados antes de la aprobación, lo que ha convertido una exigencia legal en un detonante político, en un marco donde el servicio llevaba 17 años sin actualizar tarifas y era deficitario en más de dos millones al año, compensado vía impuestos generales que ya no pueden utilizarse para este fin.
Las desigualdades. La ley obliga a tener tasa, pero no impone cómo calcularla, lo que ha generado un mosaico de modelos municipales con criterios dispares: valor catastral, consumo de agua, número de empadronados, uso del local, zona o incluso tarifa plana por vivienda. Esa diversidad implica que ciudadanos de municipios contiguos pagan cuantías muy distintas por un servicio equivalente, algo ya advertido por la FEMP y por inspectores de Hacienda como fuente segura de litigación masiva.
La reciente anulación por el TSJ de Castilla y León de una ordenanza de León abre una vía que ya están explorando comercios, colegios y sectores especialmente golpeados con recibos de hasta 30.000 euros. Los expertos advierten de que la referencia al valor catastral puede constituir un vicio de ilegalidad al desconectarse de la generación real de residuos y funcionar de facto como un recargo impropio del IBI, lo que podría reproducir un escenario similar al de la plusvalía municipal: instrumento impuesto, sostenido políticamente, impugnado en cascada y finalmente revocado, con obligación de devolución a quien lo haya recurrido en plazo.
Europa: obligación y margen. La tensión política se alimenta de un malentendido deliberado: Bruselas exige cumplir metas de reciclaje, reutilización y economía circular, pero no obliga a que el instrumento sea una tasa ni marca la fórmula de cálculo. De hecho, fue el legislador español quien escogió esa vía y trasladó a los ayuntamientos la responsabilidad técnica y política de ejecutarla, sin definir una metodología uniforme de coste estándar ni fijar criterios nacionales de equidad.
El resultado es un doble reproche cruzado: los ayuntamientos acusan al Gobierno de imponer una obligación sin manual de aplicación y el Gobierno señala a Europa para revestir de inevitabilidad una decisión de diseño interno, mientras el ciudadano percibe que empieza a pagar de forma directa por un servicio que ya existía y cuya estructura de costes no se le explica con precisión, lo que erosiona la aceptación social del tributo.
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Efecto económico. La tasa no solo encarece los recibos domésticos y empresariales, sino que reordena los incentivos: si el déficit ya no puede taparse con impuestos y debe aflorar en la factura, el sistema penaliza volumetría de residuos y premia prácticas de separación y reducción allí donde las ordenanzas han introducido bonificaciones ligadas a uso de contenedor marrón, compostaje, puerta a puerta o puntos limpios.
Sin embargo, y muy importante, en grandes ciudades muchos modelos vigentes no premian conducta individual, aplican reglas proxy (catastral, superficie, barrio) y generan pago igual para vecinos con comportamientos radicalmente distintos, algo criticado desde el ecologismo por diluir la finalidad ambiental de la norma. Mientras, el salto del 30% en IPC y los casos de negocios con recibos multiplicados por tres han producido no solo irritación social sino temor a una ola de recursos masiva, en un contexto en que los ayuntamientos reconocen estar ya preparando defensa jurídica anticipando que la tasa podría convertirse en un nuevo frente fiscal con recorrido en tribunales.
Conclusión: un sinvivir. La crisis del “basurazo” no nace en el importe sino en la combinación de obligación legal inexcusable, traslado abrupto al contribuyente sin amortiguación, dispar heterogeneidad entre municipios, comunicación deficiente, ausencia de guía nacional y un sistema jurídico de alta fragilidad que abre la puerta a litigios en serie.
Cangas ha sido el primer estallido visible de un fenómeno que es estructural: España ha pasado por norma de financiar residuos con impuestos a repercutirlos íntegramente como tasa, y ese rediseño simultáneo sin homogeneidad ni pedagogía ha coincidido con ciclos inflacionarios, cargas empresariales acumuladas y desconfianza hacia las administraciones, produciendo una tormenta perfecta que mezcla cumplimiento ambiental, shock fiscal y legitimidad percibida.
Imagen | Daniel Capilla
En Xataka | El «turismo de basura» llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero
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La noticia
España ha estrenado la mejor película de terror de este invierno. Y no está en los cines, está en la nueva tasa de la basura
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Miguel Jorge
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