Publicado: septiembre 30, 2025, 7:08 am
A 16 años de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías, fiscalías y centros penitenciarios estatales se encuentran en franco deterioro institucional, con graves rezagos en profesionalización, disciplina, seguridad social y transparencia. Así lo revela el informe “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”, elaborado por Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero.
Las organizaciones advirtieron, además, que la debilidad estructural de estas instituciones es uno de los principales factores que alimentan la inseguridad, la impunidad y la militarización en México.
Basado en los Índices de Transparencia del Desarrollo Institucional, el estudio evidenció que casi la mitad de las policías estatales carece de un sistema profesional de carrera, y que sus áreas de formación operan con infraestructura insuficiente. Además, la mayoría no realiza evaluaciones sobre sus necesidades de capacitación y no documenta la planeación de sus programas académicos.
“Observamos una opacidad sistemática. Las instituciones se comportan como cajas negras”, advirtió Asael Nuche, coordinador del proyecto.
Además, informó que el documento muestra que 26 entidades carecen de lineamientos para regular los procesos de promoción y que sólo 17 cumplen con el registro de instrumentos de servicio profesional de carrera ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Fiscalías con opacidad
En el caso de las fiscalías, se advirtió que la figura de autonomía es “una etiqueta sin sustento”, debido a los mecanismos de designación y remoción de fiscales que aún permiten la injerencia de los Ejecutivos estatales. Aunque se identifican esfuerzos en capacitación, persisten vacíos preocupantes en formación inicial y actualización del personal.
Catalina Kühne, directora Ejecutiva de Impunidad Cero, mencionó que, en cinco estados, los fiscales aún son nombrados directamente por el Ejecutivo estatal, lo que “va totalmente en contra de la autonomía”. En contraste, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa cuentan con modelos mixtos de designación, donde participan instancias externas como el Sistema Nacional Anticorrupción o consejos académicos, considerados buenas prácticas.
También, se denunció que el sistema de carrera ministerial continúa siendo opaco: en entidades como el Estado de México, la promoción de grados queda a discreción de los mandos; en Baja California, no existen procesos de certificación de desempeño para ministerios públicos; y en Oaxaca, ningún agente o perito cuenta con los certificados de control de confianza o competencia.
Kühne explicó que 11 fiscalías no cuentan con lineamientos claros para la promoción de su personal, y que en todo 2024 solo se lanzaron cinco convocatorias para ascensos. Además, el personal pericial prácticamente no tiene acceso a estos procesos.
Penales sin leyes
El diagnóstico sobre los centros penitenciarios que realizó el informe reveló una grave falta de autonomía técnica y presupuestaria, ya que la mayoría depende orgánicamente de las secretarías de seguridad estatales. Según se explicó, en 22 entidades no existe una ley especializada en materia penitenciaria y en 13 estados ningún penal cuenta con certificación internacional.
Lizeth Montejano, coordinadora de Investigación Social en Perteneces, informó que sólo cinco entidades federativas entregaron un catálogo de puestos, por lo que en la mayoría de los casos no es posible conocer las rutas de desarrollo profesional del personal penitenciario.
