Publicado: junio 8, 2026, 5:23 am
Perú tendrá que esperar para conocer quién será su próximo presidente. El ajustado margen en los primeros datos entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en las encuestas a pie de urna y el conteo rápido fuerza al país andino a esperar al recuento definitivo. Algo que podría durar más de un mes, según las autoridades electorales del país. De hecho, durante la primera vuelta ya pasó algo parecido y los peruanos estuvieron durante semanas en vilo para saber quién acudiría como segundo al balotaje contra Fujimori. En un país donde la inestabilidad política ha provocado la destitución de ocho presidentes en una década, la Junta Electoral de Perú se toma muy en serio evitar cualquier sospecha de fraude, por lo que ya había advertido en la víspera de la jornada electoral que el recuento sería lento y podría tardar hasta mitad de julio si los resultados eran ajustados. Algo que finalmente ha ocurrido.
El conteo rápido de la empresa Ipsos y Transparencia en las elecciones de este domingo han arrojado un apoyo del 50.3% para Sánchez, de Juntos por el Perú, y un 49.7% para Fujimori, de Fuerza Popular. Por el contrario, la encuesta a pie de urna de la misma empresa da a Fujimori el 50,7% de los votos frente al 49,4% de Sánchez. Ninguna de las cifras aportadas supera el 3% de diferencia entre ambos que las encuestadoras tienen como margen de error.
Pese a que el conteo rápido no son resultados oficiales, ya que provienen de empresas privadas y no del recuento oficial del Estado, lo cierto es que suele aproximarse más a la realidad que las encuestas a pie de urna por la forma en la que se recogen los datos. De hecho, ya en 2021 Keiko Fujimori ganó por un margen muy parecido en la encuesta a pie de urna y el entonces candidato de izquierda, Pedro Castillo, en el conteo rápido. En esos comicios finalmente fue Castillo el que acabó siendo presidente pese a las acusaciones de fraude de su contrincante. Una acusación que todavía hoy mantiene.
Con este resultado todavía es imposible saber quién asumirá el mando de Perú los próximos cuatro años. Aún así, el candidato de la izquierda peruana, Roberto Sánchez, considerado el sucesor político del expresidente Castillo —actualmente en prisión acusado de haber intentado dar un autogolpe de Estado en el año 2022—, se felicitó delante de sus seguidores por la que cree que será una victoria electoral: “Esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular, en nombre de los liderazgos que han concluido en este consenso político (…) que han decidido venir a recuperar el Gobierno para el pueblo”. Sánchez pidió esperará a los resultados oficiales pese a la “ventaja importante” en el conteo e “invocó a los movimientos sociales a respetar los resultados y la voz de los ciudadanos”.
En un mensaje parecido, pero en un ambiente menos festivo, la candidata derechista ha insistido en que “hasta el momento no hay ningún ganador” y que serán “días largos” los que quedan por delante. “Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra que utiliza 1.000 actas de 90.000 que hay en todo el país. Es necesario contar cada una de ellas y sea cual sea el resultado lo reconoceremos”, ha dicho en respuesta a la petición que Sánchez había hecho en los días anteriores. “Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular y hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso”, ha pedido Fujimori, que ha animado al pueblo peruano a “no perder la esperanza”.
Un país dividido entre la herencia de Castillo y de Fujimori
A pesar de las evidentes diferencias que hay entre ambos candidatos en sus programas de Gobierno, hay una cuestión que políticamente destaca por encima de las demás y que demuestra la polarización del país: la herencia política de ambos candidatos. Por un lado, Keiko Fujimori es hija del autócrata y expresidente del país Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Keiko Fujimori fue primera dama durante parte de los años en los que su padre gobernó Perú y, aunque durante años renegó de algunas de las políticas de este o de sus formas, lo cierto es que en esta campaña ha defendido más que nunca su legado. La figura de Fujimori ha tenido durante décadas una mayoría de detractores que ha impedido que en los cuatro intentos de su hija de alcanzar el poder haya fracasado. Sin embargo, en cada elección ese antifujimorismo se ha ido reduciendo.
Los partidarios de Alberto Fujimori defienden que durante sus mandatos se consiguió acabar con Sendero Luminoso, una organización terrorista maoísta peruana fundada en la década de los 70. No obstante, aquel período estuvo marcado por un oscurantismo en las formas y por matanzas que luego fueron condenadas, lo que ha llevado a que durante la campaña electoral se hayan producido manifestaciones por parte de partidos políticos, estudiantes, sindicatos y familiares de víctimas de estas matanzas pidiendo no votar por su hija. En este sentido, Roberto Sánchez ha manifestado su intención de continuar con el proceso de reparación para las víctimas del conflicto armado interno, las esterilizaciones forzadas denunciadas en el gobierno de Alberto Fujimori y de las protestas sociales de los últimos cinco años.
Pero la herencia política que arrastra Fujimori no es la única que pasa factura. Roberto Sánchez ha planteado esta elección como una defensa de Pedro Castillo, al que ha dicho que indultará si llega a la Presidencia. De hecho, en las últimas semanas se le ha podido ver portando el gran sombrero blanco que identifica a Castillo. Un símbolo que, según ha dicho Sánchez, fue una petición del propio ex presidente durante una de sus visitas a la cárcel. Ambos candidatos tienen en sus principales referentes políticos a dos expresidentes que, en momentos diferentes de su mandato, y por cuestiones muy distintas, decidieron realizar un autogolpe de Estado que les llevaría a entrar en prisión.
El expresidente Pedro Castillo tuvo un año y medio de gobierno muy convulso, durante el cual nombró a cinco gabinetes y destituyó a más de 70 ministros, fue investigado por corrupción y cuando observó que el Parlamento iba a efectuar una cláusula para destituirlo, intentó un autogolpe que terminó con él entre rejas. Aunque en aquel momento Sánchez, que había sido su ministro, no le defendió y se abstuvo en la votación que le destituyó, hoy se ha convertido en su principal defensor.
Inestabilidad política y estabilidad macroeconómica
Estas elecciones se producen en medio de un clima de inestabilidad política en la que lleva sumido Perú desde hace una década. Y es que en estos diez años han ostentado el poder hasta ocho presidentes distintos. De hecho, el último mandatario que cumplió con su legislatura al completo fue Ollanta Humala entre los años 2011 y 2016. Además, muchos de sus sucesores han acabado entre rejas por causas relacionadas con la corrupción o, como es el caso de Pedro Castillo, acusado de intentar un auto golpe de Estado.
Además, otro de los elementos más destacados de la actualidad del país andino es la inseguridad. Desde hace años tanto se ha producido un aumento de las extorsiones a ciudadanos, en especial a transportistas, conductores de autobús, constructores y comerciantes, que se han visto obligados a gastar parte de sus beneficios en contratar seguridad privada para evitar atracos o la extorsión por parte de redes criminales. Durante el año 2025 se registraron un total de 26.748 denuncias por extorsión, lo que supone un 20% más que el año anterior, según el Ministerio del Interior de Perú. No obstante, la Policía ha asegurado que desde hace unos meses se ha conseguido rebajar esa cifra y que desde enero de este año a mitad del mes de mayo “solo” hubo 10.000 denuncias, lo que redujo en más de 4.500 casos con respecto al mismo periodo del año pasado.
Por otro lado, Perú se ha convertido en un país en el que conviven dos realidades difíciles de explicar. Por un lado la inestabilidad y la creciente inseguridad; y por otro la de ser un país estable en cuanto a su macroeconomía, un elemento que choca con la situación de países de su entorno. En los últimos dos años la economía del país ha crecido al 3% anual y mantiene esa proyección para 2026 y 2027, una inflación del 2% y una deuda pública que equivale al 30% de su PIB. Su posición como país exportador de recursos naturales le ha posicionado como el tercer mayor productor mundial de cobre. Además de alcanzar ventas récords de agroexportaciones, en especial a países de Asia, Estados Unidos y Europa.
Esta situación ha llevado a que en un país marcado por los cambios políticos, uno de los únicos nombres que se mantienen estables es el de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desde el año 2006. De hecho, el propio Roberto Sánchez ha tenido que rectificar en su última semana de campaña al haber recibido críticas internas y ha prometido que mantendrá a Valverde al frente del BCRP.
Con todo, la buena marcha de los datos macroeconómicos no siempre viene de la mano de una mejora de la situación de sus ciudadanos. Perú cuenta con una informalidad laboral que supera el 70%, lo que genera una carencia en el acceso a servicios básicos, ayudas sociales y, por tanto, recrudece la marcada desigualdad social que existe en el país. Según recoge el Informe Anual de Resultados del Sistema de las Naciones Unidas, en Perú, en el año 2025, más del 41% de la población enfrenta algún tipo de inseguridad alimentaria y alerta sobre los grandes problemas de desnutrición, déficit alimentario y sobrepeso.
