Publicado: octubre 13, 2025, 7:25 am
La elección de jueces y magistrados por voto popular, una figura inédita en México, ha dejado al descubierto un conjunto de desafíos técnicos, normativos e institucionales que podrían comprometer su legitimidad si no se atienden antes del próximo ciclo electoral en 2027.
Esta semana, autoridades electorales locales, expertos y representantes del Poder Judicial se reunieron en el Foro Nacional sobre Experiencias Técnico-Operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo Local, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Uno de los principales problemas detectados por los organizadores de los procesos electorales judiciales fue la falta de coordinación y criterios dispares.
De los 32 estados del país, 19 ya han realizado elecciones judiciales. Un cuestionario aplicado por el IECM reveló problemas estructurales:
Falta de coordinación entre poderes locales: los comités de evaluación operan con criterios distintos, sin una guía nacional.
Digitalización limitada: los expedientes de candidaturas siguen en papel, dificultando la verificación de requisitos.
Capacitación insuficiente: el personal técnico no cuenta con formación especializada para revisar perfiles judiciales.
Uno de los puntos más críticos es la coincidencia de la elección judicial con las elecciones políticas. En 2024, esta simultaneidad generó confusión entre votantes, sobrecarga operativa y tensiones jurídicas.
Además, la ausencia de un marco legal uniforme ha permitido que cada entidad adapte el proceso a su conveniencia, lo que debilita la percepción de imparcialidad.
Entre las recomendaciones más destacadas están:
1.- Postergar la elección judicial para evitar que coincida con comicios políticos.
2.- Digitalizar los expedientes para facilitar la trazabilidad y verificación.
3.- Establecer criterios nacionales de evaluación que garanticen transparencia y equidad.
4.- Ampliar acciones afirmativas, como el voto anticipado, el voto en prisión preventiva y el voto desde el extranjero.
Un dato alentador: en la elección judicial de 2024, casi el 65% de los cargos fueron asignados a mujeres, gracias a medidas afirmativas aplicadas por el Tribunal Electoral. Sin embargo, persiste la subrepresentación femenina en cargos de alta responsabilidad.
Querido lector, la elección judicial representa una oportunidad histórica para acercar la justicia a la ciudadanía. Pero sin una arquitectura institucional sólida, el riesgo de simulación y desconfianza permanece latente. Hasta la próxima.
El reto está planteado: profesionalizar el proceso, blindarlo jurídicamente y garantizar que, en 2027, la justicia electa sea también legítima, transparente y técnicamente impecable.
