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El Tribunal Supremo de EEUU se muestra escéptico sobre la legalidad de los aranceles de Trump

Publicado: noviembre 5, 2025, 7:23 pm

Los magistrados del Tribunal Supremo de EEUU han cuestionado este miércoles la legalidad de la política arancelaria del presidente, Donald Trump, en una audiencia en la que varios estados demócratas y empresas han impugnado su constitucionalidad, mientras que el Gobierno defiende su validez. El alto tribunal, de mayoría conservadora, ha planteado que el uso que el mandatario hizo sobre una ley de emergencia para justificar los gravámenes pudo no ser correcto.

La política arancelaria de EEUU depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo. La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una «amenaza» sobre la que se haya declarado «una emergencia nacional» y la corte estudia si en este caso es aplicable, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.

Desde el principio de la sesión, los magistrados plantearon dudas sobre la legalidad de la política arancelaria de Trump -incluidos los jueces conservadores, que acostumbran a ir en línea con el planteamiento del presidente- y si el poder de imponer los gravámenes recae en el Congreso de acuerdo con la Constitución. Un fallo en contra de la política arancelaria de Trump, aunque parcial, sería un duro golpe para el mandatario, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a estas tarifas.

En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus aranceles. La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en matera arancelaria, pero los magistrados no se han mostrado seguros de que se tratase de la misma situación.

El fiscal John Sauer, que representó la postura de la Administración, intentó defender la necesidad de aplicar estos gravámenes por una emergencia económica, pero negó que se buscase el beneficio económico. Sin embargo, Trump ha hecho bandera en más de una ocasión del dinero que iba a recaudar el Gobierno federal gracias a los aranceles.

Los jueces han interrogado duramente a Sauer. El presidente del Supremo, que fue uno de los más incisivos con el abogado del Gobierno durante la sesión, aseguró que la imposición de aranceles ha sido siempre competencia del Congreso y que otorgar también este poder al presidente «neutraliza» la separación de poderes. Jueces como la progresista Sonia Sotomayor se mantuvieron firmes en que los aranceles son parte de la política tributaria, algo que, como defendió, corresponde al Congreso.

Más allá de las dudas sobre la política de Trump, algunos jueces del Supremo también se mostraron preocupados por problemas que podrían surgir en el caso de que el tribunal fallase en su contra, como las posibles devoluciones de los aranceles que las empresas ya han pagado o las repercusiones que podría tener limitar el poder del presidente de cara a una futura emergencia.

El Tribunal Supremo debe determinar la autoridad del mandatario y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional, una resolución que podría tardar semanas o meses. La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal, que fue fiscal general de EEUU durante parte del mandato de Barack Obama.

Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió en este martes en redes sociales que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de «vida o muerte» para el futuro del país. En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre EEUU.

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