El 'tasazo' a las basuras desata una tormenta: irritación entre los vecinos y temor a una ola de litigios

Publicado: octubre 19, 2025, 2:23 am

Una alcaldesa escoltada por la Guardia Civil y decenas de vecinos y comerciantes arrojando objetos y bolsas de basura a los concejales del gobierno municipal. Lo sucedido hace apenas unos días en la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo ha marcado el pico en la medida de la irritación ciudadana con la nueva tasa obligatoria de basuras , aprobada y regulada por el Gobierno en cumplimiento de una directiva europea en 2022 dentro de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que los ayuntamientos tenían la obligación de incorporar a sus ordenanzas fiscales antes del pasado 10 de abril y cuyos primeros recibos han comenzado a enviarse en las últimas semanas para sorpresa y enfado de los receptores. Si usted es propietario de una vivienda probablemente lo haya recibido ya, y si no es así lo recibirá con toda seguridad en las próximas semanas. En la mayoría de los casos el importe oscila entre los 50 y los 150 euros , y se paga en función de factores tan diferentes como el consumo de agua que realice en su vivienda, el valor catastral del inmueble, su localización o el uso al que se dedica según lo haya decidido el municipio en que resida, pero puede llegar a los 500 euros para los particulares y llegar a 30.000 euros en el caso de los negocios. El último dato de IPC publicado por el INE, correspondiente al mes de septiembre, cuando los ayuntamientos han comenzado a cobrar de manera generalizada la nueva tasa, desveló un incremento del 30% en el coste del servicio de recogida de basuras. Y todo ello por un servicio que los municipios venían prestando sin necesidad en muchos casos de cargar esa factura de forma directa a los ciudadanos. ¿Por qué entonces lo hacen ahora? La respuesta fácil sería porque lo exige Europa. La realidad es más matizada. Una directiva europea exige, en efecto, a los países miembro que instauren un instrumento específico que permita financiar sus servicios de recogida y tratamiento de residuos con una doble condición: que lo hagan bajo el principio de que quien contamina paga, y que sufrague el coste íntegro del servicio. Fue el Gobierno el que decidió que ese instrumento fuera una tasa aplicada por los ayuntamientos, y el que fijó que la regularan antes del 10 de abril de 2025 para que entrara en vigor este año. A los ayuntamientos, que desde el principio han cuestionado la figura, les ha quedado regular la tasa y establecer los criterios para su pago. El resultado ha sido un fenomenal revoltijo . Sin una referencia clara sobre cómo calcular el coste estándar del servicio de recogida y tratamiento de residuos y sin un criterio homogéneo sobre cómo calcular el importe de la tasa, cada ayuntamiento se ha lanzado a regularla según su mejor entender, siguiendo criterios diferentes y partiendo en una mayoría de los casos del valor catastral, una métrica que no tiene por qué tener una relación directa con la generación de residuos. «Lo que nos transmiten las asociaciones vecinales es que hay un gran enfado , pero no porque los vecinos estén en contra de pagar impuestos, sino porque no se sabe bien qué se está financiando, no deja de ser un servicio que ya se prestaba», explica Julio Molina, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. No ha ayudado que, como subraya el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, se hayan cargado recibos por garajes de las comunidades de propietarios, «pese a no generar residuos de forma autónoma» por tener la calificación catastral de almacén estacionamiento de uso industrial. La problemática para los particulares se multiplica en el caso de los negocios. Los recibos que están empezando a recibir comercios e industrias se cuentan en miles de euros y el impacto llega al sector educativo, como publicó ABC, con centros a los que se han cargado recibos de más de 30.000 euros , en una situación que la Confederación Española de Centros de Enseñanza califica de «insostenible». Es precisamente en esos sectores más afectados desde donde ha empezado a articularse la respuesta jurídica al ‘tasazo’ municipal , como ya sido bautizada la nueva tasa obligatoria sobre la gestión de residuos. Y ya ha empezado a obtener sus frutos. Una reciente resolución del Tribunal Superior de Castilla y León ha aceptado un recurso contra la ordenanza de basuras de León y ha dispuesto su revocación, abriendo una puerta que otras sectoriales ya han decidido seguir. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dice ser consciente de los riesgos . «Desde el primer momento hemos sido muy conscientes de las dificultades que iba a crear esta ley aprobada por el Gobierno y así se lo hemos transmitido de forma reiterada al Ministerio para la Transformación Ecológica y Reto Demográfico», explica Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la institución. «La gente no se explica porque paga tasas diferentes en situaciones similares y en municipios vecinos y nosotros ya alertamos de que eso ocurriría », subraya. «Por supuesto que compartimos los objetivos de la directiva, pero la directiva no imponía que se tuviera que hacer a través de una tasa, ni que se hiciera sin respetar la autonomía municipal. Y en lo que ha derivado todo esto es una gran desigualdad entre ciudadanos y en un incremento de las cargas fiscales que soportan», remacha. Funcionarios municipales consultados por ABC califican la tasa de basuras de «auténtico despropósito» y reconocen que en los ayuntamientos se están preparando para una avalancha de recursos , por la fragilidad de los fundamentos jurídicos del valor catastral como criterio para asegurar que los contribuyentes pagan por los residuos que generan. «Se está gestionando como si fuera una especie de IBI plus», advierten. Manuel de Vicente-Tutor, socio director del despacho Equipo Económico, el primero que ha conseguido que un tribunal revoque una ordenanza municipal sobre la nueva tasa de basuras, observa «vicios de ilegalidad» en el hecho de utilizar el valor catastral como referencia para cobrar la tasa de basuras por la falta de correlación entre el valor de la vivienda y la generación real de residuos. «Lo que se está haciendo es un recargo ‘de facto’ del IBI y los ayuntamientos no tienen atribuciones legales para regular recargos en el IBI», explica el asesor e inspector de Hacienda en excedencia. El colectivo de inspectores de Hacienda Local, que abordará la controversia de la tasa de basuras en el congreso que celebrará en los próximos días en Alicante, ya advirtió hace unos meses que tal y como estaba regulada corría el riesgo de convertirse en un caso similar al de la plusvalía municipal , un impuesto nacido con vicios de ilegalidad, sostenido por los gobiernos y que finalmente fue revocado por el Supremo obligando a los ayuntamientos a su devolución. Como en ese caso, advierte Manuel De Vicente-Tutor, para obtener una reparación no bastará con que un tribunal anule la ordenanza municipal de turno sino que el contribuyente tendrá que haber recurrido la liquidación girada por el ayuntamiento para exigir su devolución. Lo puede hacer mediante un recurso de reposición ante el propio ayuntamiento con una reclamación económico-administrativo, «pero deberá hacerlo en el mes siguiente a la recepción de la liquidación, porque ese el plazo que da la ley», avisa el experto