Publicado: mayo 4, 2025, 7:00 pm
En México y en el mundo, las fallas en los sistemas jurídico constitucionales están generando falta de legitimidad y lo delicado es que no se ven alternativas para salir de esa situación, afirma Carla Escoffié.
En entrevista, la autora del libro “Anarquismo jurídico. Guía crítica sobre cómo el derecho opera en nuestra vida”, editado por Grijalbo, y que comenzó a circular en librerías del país, expone que lo delicado es que pareciera que la única alternativa sería, desmontar todo y volver a un esquema autoritario jerárquico basadas en líderes carismáticos, en una concentración del poder, o bien, mantenernos con este esquema, que ya no responde a las necesidades de los ciudadanos, cuando piden justicia.
Por otra parte, plantea que en México no hubo una reforma judicial; lo que tenemos es una reforma en materia de nombramiento de cargos.
La abogada reconocida por su acompañamiento a casos de violaciones a derechos humanos, señala que el nombramiento de personas juzgadoras por voto popular no va a eliminar la corrupción en el sistema de impartición de justicia mexicano.
«A mí lo que me preocupa es que es imposible que las personas podamos estar al tanto de tantos nombramientos de cargos de tantas personas».
¿Por qué es importante en estos momentos reflexionar sobre temas como el derecho, la Constitución y el juicio de amparo, que son algunos de los que trata usted en este libro?
Actualmente lo que estamos viendo, tanto en México como en otras partes del mundo, es que está cambiando por completo la forma en la cual se ve el derecho.
Las fallas de los sistemas jurídicos constitucionales de Occidente están generando una falta de legitimidad de muchos sectores de la población. Se están haciendo cada vez más notorios las contradicciones internas, por ejemplo, el hecho de que las cortes constitucionales tengan un esquema muy aristocrático por los principios de democracia, que supuestamente tienen nuestros Estados.
El problema es que esa falla, esa especie de choque, de proceso de crisis interna, no nos está dando ninguna salida o ninguna alternativa.
Pareciera que la única alternativa sería, desmontar todo y volver a un esquema autoritario jerárquico en el cual los países vuelvan a ciertas formas de organización basadas en líderes carismáticos, en una concentración del poder, que fue justamente ese el escenario que llevó hace siglos a plantear todo este discurso del constitucionalismo, los derechos y la división de poderes, o bien, la otra opción es mantenernos con este esquema que ya no es vigente.
Cuando un sistema está en crisis, el riesgo es o permanecer en ese sistema que ya demostró que tiene distintas fallas, o bien, caer en retrocesos que pueden ser peligrosos.
En el caso particular de México, es bastante problemático, porque, de por sí tenemos ciertas fallas en nuestro sistema jurídico y nunca fue un Estado de derecho consolidado y, por lo tanto, esa crisis se ve más acentuada.
Usted plantea que la Constitución mexicana, como otras constituciones, se sostiene por mitos. Hasta hace unos años la narrativa oficial era la del nacionalismo revolucionario. ¿Cuál es la narrativa con la que en los últimos seis se han hecho cambios relevantes a la Constitución?
La narrativa sigue estando cimentada en La Revolución, pero, como toda historia, depende de con qué perspectiva la contemos.
La Revolución es un proceso bastante complejo que nunca fue unificado, de tal manera que eso le ha permitido a lo largo de los últimos 100 años a distintos gobiernos tratar de tener legitimidad de sus decisiones utilizando las figuras o enfoques que más les convenga.
El problema es cómo contamos ese proceso tan complejo y contradictorio y cómo entendemos que los distintos gobiernos de los distintos partidos utilizan esa narrativa para presentar sus alternativas y reformas.
Un gran ejemplo fue el tema de la reforma energética en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, porque en medios de comunicación, spots de radio y televisión, así como en el mismo pleno del Congreso, la discusión entre las distintas facciones políticas era si Lázaro Cárdenas hubiese permitido esa reforma.
Quienes la apoyaban, trataban de utilizar ciertos discursos, señalando que Lázaro Cárdenas nunca se negó al 100% de la participación de privados, que siempre señaló que eso era una medida por la coyuntura y quienes estaban en contra de esta iniciativa, lo que hacían era señalar los momentos en los cuales Lázaro Cárdenas tuvo un discurso categórico en contra de la participación de extranjeros en el sector.
En alguna parte del libro, usted destaca que el mito fundacional de la constitución de México se expone en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, donde habla que la soberanía radica en el pueblo y habla de un pacto social. ¿Qué tanto se puede llegar a hacer en nombre del pueblo o asumiéndose como los legítimos intérpretes de lo que quiere el pueblo?
Los procesos históricos siempre se dan justamente por las movilizaciones sociales.
No podemos entender la historia y lo que somos sin entender cómo las personas hemos participado de manera directa en la construcción de las decisiones políticas.
Yo difiero de posturas que han estado surgiendo en los últimos años, sobre todo con la reforma energética, de que las personas son ignorantes y no deben participar en el derecho, en las decisiones jurídicas o en la construcción del sistema de justicia.
A mí me parece que la discusión está en qué entendemos por participación y por eso creo que estamos ahorita en una crisis de legitimidad del sistema constitucional.
Por un lado, el sistema constitucional en las democracias modernas en el Estado Occidental se planteó con una visión aristocrática, con una desconfianza total hacia la mayoría de la población, hacia las masas. Pero, por otro lado, también este modelo de Estado constitucional tuvo como uno de sus pilares el régimen democrático que ponía en el pueblo la voluntad de cambiar el sistema político y la toma de decisiones.
Entonces hay dos contradicciones que están haciendo corto circuito en estos momentos. El problema es que podemos caer en decir, bueno, tenemos que mantener este esquema aristocrático, centralizado y vertical de justicia, del Estado como tal, lo cual me parece que sería lamentable y, por otro lado, caer en el simplismo de decir, bueno, pues que la gente vote por, por ejemplo, en el caso de la reforma Judicial por los jueces, y que vote absolutamente por todo, y que tengamos más elecciones porque así participa más la gente.
La pregunta realmente es cómo hacer que la gente pueda tener una participación más directa, que no se centre únicamente en elecciones y elecciones y urnas y urnas.
A mí me parece que el problema es que, en el caso del acceso a la justicia, es que en México se ha dado una preponderancia y un protagonismo bastante desmedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema es que la SCJN es un órgano muy centralizado muy vertical en el cual no llegan la aplastante mayoría de casos en el país.
Realmente, una forma de democratizar el acceso a la justicia debiera ser fortalecer los juzgados de primera instancia; que la justicia pueda resolverse cada vez más en lo local, de forma más directa en las esferas que tienen más incidencias y más trato directo con las personas que se ven afectadas y que requieren acceder a la justicia.
¿Cuál es su opinión sobre la elección de los jueces?
Yo creo que, en general, no fue una reforma judicial, no fue una reforma de justicia, sino una reforma en materia de nombramiento de cargos.
El nombramiento de cargos por voto popular por supuesto que no va a eliminar la corrupción, eso creo que es más que evidente.
Pero, a mí lo que me preocupa no es que la gente vote por los jueces. Yo no creo eso de que la gente no tenga capacidad para elegir a jueces y juezas. Yo no creo eso de que solo las personas abogadas podamos entender quién es un buen juez o una buena jueza. A mí lo que me preocupa es que es imposible que las personas podamos estar al tanto de tantos nombramientos de cargos de tantas personas. A mí me hubiese parecido mucho más democrático reforzar la justicia local.
