Publicado: noviembre 20, 2025, 9:05 am
Durante la jornada de ayer el pleno del Senado aprobó una proposición de ley que evitará que la interrupción de suministros -léase, luz y agua- en una «finca ocupada ilegalmente» sea un delito de coacciones. La iniciativa, que pasa por una reforma del Código Penal, contó con el apoyo del PNV así como la abstención de Junts. Ahora la medida pasará al Congreso de los Diputados, donde podría salir adelante en caso de que los grupos mantengan el voto. Concretamente, los populares proponen añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1 del Código Penal, referido a las ocupaciones ilegales, para especificar que la interrupción de suministros en una vivienda ocupada ilegalmente no pueda ser considerada un delito. Según la exposición de motivos de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP se justifica aduciendo que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló «que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones». «La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal», han aseverado los de Feijóo. La iniciativa se enmarca en el seno de la ofensiva desplegada por el principal partido de la oposición para hacer frente a este problema, con la presentación de varias propuestas en las últimas semanas, una de ellas para echar a los okupas en menos de 48 horas. En el foco de la ofensiva popular está la Ley de Vivienda aprobada en 2023, una norma a la que los de Feijóo achacan la salida de más de 120.000 pisos del mercado del alquiler residencial. «Lejos de contener los precios, ha generado el efecto contrario, provocando una caída de la oferta, la inseguridad jurídica y al retirada masiva de viviendas del mercado», señaló la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, el pasado quince de septiembre.
