Publicado: noviembre 6, 2026, 10:55 am
El Instituto Juan de Mariana sostiene que sería necesario suprimir o reformar en profundidad tres de cada cuatro normas con rango de ley aprobadas desde el año 2004. Se trata de 453 de las 598 iniciativas que, según calcula el centro de estudios, se aprobaron en ese periodo y que suponen «algún grado de exceso regulatorio» que «penaliza la iniciativa privada».
Así se desprende de un estudio elaborado conjuntamente con el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) presentado el jueves, en el que han analizado toda la producción normativa de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con herramientas de inteligencia artificial.
El Instituto Juan de Mariana, de orientación ordoliberal y próximo al presidente argentino Javier Milei, plantea eliminar por completo normas como la Ley de Memoria Democrática, los decretos de la vivienda aprobados recientemente, el registro de jornada, la tasa Google, el impuesto al patrimonio o recuperar el despido objetivo por absentismo, suprimido por Yolanda Díaz en sus primeros meses como ministra de Trabajo.
Además, plantea bajar el impuesto de Sociedades, liquidar organismos públicos donde el sector privado pueda prestar el servicio, acabar con las subvenciones directas a la industria cinematográfica y rehacer por completo la ley del IRPF o el Estatuto del Autónomo. También plantean reformar en profundidad las leyes educativas o la ley de violencia de género para reescribirlas «desde principios de libertad, subsidiariedad y eficacia».
En concreto, el centro de estudios plantea suprimir o reformar ampliamente 137 leyes de las 208 que contabilizan durante los gobiernos de Zapatero (2004-2011). Es decir, dos de cada tres de las que se aprobaron en ese tiempo. En el caso de las legislaturas de Rajoy (2011-2018), creen que sería necesario hacer lo mismo con 112 de las 147 iniciativas que vieron la luz (tres de cada cuatro), mientras que en los gobiernos de Pedro Sánchez, el centro de estudios plantea acabar con 204 de las 243 leyes monitorizadas (el 84%).
«El objetivo declarado del proyecto es revertir la deriva intervencionista y la hipertrofia normativa acumulada en los últimos años, mediante una auditoría basada en criterios de libertad económica, subsidiariedad y reducción de cargas regulatorias», sostienen.
El think tank habla de «tsunami» normativo que «genera inseguridad jurídica, eleva los costes de cumplimiento, refuerza la discrecionalidad administrativa, consolida la burocratización de la producción y mina la competitividad empresarial», particularmente en las dos legislaturas de gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez.
El Instituto Juan de Mariana destaca que un marco institucional que «deja de penalizar la iniciativa privada» permite que » los productores puedan desarrollar bienes y servicios con menos trabas, asignar recursos con mayor eficiencia y responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado», señalan. «Del mismo modo, las familias recuperan margen para conducir sus propios asuntos sin la constante injerencia del poder político, lo que refuerza tanto su autonomía como su capacidad de decisión económica», agregan.
«Bajo la apariencia de normas aisladas y razonables, se ha ido acumulando un entramado regulatorio que, en su conjunto, actúa como un freno estructural al crecimiento. Identificar, derogar y reformar en profundidad estas disposiciones no es una opción ideológica más, sino una condición necesaria para recuperar dinamismo económico, mejorar la competitividad y devolver a la sociedad el protagonismo que le corresponde en la creación de riqueza», concluyen.
