Publicado: octubre 27, 2025, 4:23 am
Cada año en España cientos de personas sufren que un vídeo o grabación íntima acabe circulando sin su permiso. La cifra oficial es de 859 denuncias registradas por el Ministerio del Interior por difusión de vídeos sexuales sin consentimiento.
La ley ya castiga esta conducta. Pero el daño queda, la exposición no consentida deja huella y muchas víctimas todavía no ven una respuesta ágil, ni suficiente, desde la justicia, las plataformas o el entorno.
De la intimidad al escaparate digital
Lo que empieza como una grabación privada, consensuada o no, puede dar un giro: cuando alguien decide difundirla sin autorización, la vida de la persona que aparece en ella cambia. Ya no hay control. Bien porque la recibió un tercero, bien porque fue compartida por una expareja, bien por un reenvío masivo.
La reforma penal española incluyó explícitamente este tipo de conductas en el artículo 197.7 del Código Penal: “Divulgar, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona que hubiera obtenido con su anuencia para su uso privado, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
Las penas pueden ir de 3 meses a 5 años de prisión, según la gravedad del caso.
Con todo, hace falta destacar que la vergüenza, el temor, el bloqueo personal provocan que muchas víctimas “callen o paguen para que cese la presión o se retire el vídeo en el que aparecen”, según Hervé Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda Security.
El 70% de las víctimas son mujeres y niñas
El 70 % de los casos que llegan al Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tienen rostro de mujer. Detrás de esa cifra hay niñas, adolescentes y adultas que han visto cómo su intimidad se convierte en espectáculo público sin su consentimiento. El dato no es anecdótico: muestra hasta qué punto la violencia digital tiene género, y cómo los entornos online reproducen los mismos patrones de desigualdad que existen fuera de la pantalla.
Desde su creación en 2019, este canal —una vía urgente para solicitar la retirada de contenido sexual o violento difundido sin permiso— ha gestionado miles de peticiones, muchas de ellas relacionadas con la publicación o reenvío de vídeos íntimos. Según la AEPD, en la mayoría de los casos se trata de contenido sexual compartido por exparejas, conocidos o desconocidos que, con un solo clic, amplifican el daño.
El organismo alerta de que la exposición sin consentimiento no solo vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sino que genera un impacto psicológico “grave y duradero”, especialmente en las víctimas más jóvenes. En ellas, la difusión suele derivar en acoso escolar, aislamiento social y síntomas de ansiedad o depresión, consecuencias que van mucho más allá de la pantalla.
La presidenta de la AEPD, Mar España, ha señalado en varias ocasiones que el Canal Prioritario es “una herramienta eficaz para actuar con rapidez”, pero también ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención, la educación digital y el acompañamiento emocional de las víctimas. Porque aunque la eliminación del vídeo o la fotografía sea posible, la huella digital y el daño emocional permanecen.
¿Qué derechos tienes?
Cuando alguien difunde un vídeo íntimo sin tu consentimiento, tienes a tu alcance varios instrumentos legales y técnicos:
- Puedes acudir al Canal Prioritario de la AEPD para pedir la retirada urgente de imágenes, vídeos o audios de contenido sexual o violento cuya publicación ilícita pone en grave riesgo tus derechos o salud mental/física.
- Puedes presentar denuncia penal (de hechos o como víctima) ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Fiscalía, invocando el artículo 197 y su variante 197.7.
- Puedes reclamar vía civil: indemnización por daño moral, vulneración del derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
- La AEPD también puede investigar cuando el contenido implica tratamiento de datos de carácter personal, vulneración de privacidad o difusión ilícita.
- Para menores, hay protocolos y él pueden actuar los tutores legales.
Sin embargo, los expertos advierten de que tener ‘el derecho’ y lograr ‘la reparación o retirada’ no siempre caminan al mismo ritmo. Y, aunque la AEPD informa de una efectividad del 86 % en la retirada de contenidos que se denuncian vía medida cautelar, sigue existiendo un margen de demora, de reexposición y, sobre todo, de efectos secundarios.
Así lo resume el experto de Panda Security: “La víctima no está indefensa… hay derechos que hay que reclamar para cortar cuanto antes el daño reputacional y psicológico, y recuperar, en la mayor medida posible, la normalidad”.
Y añade: “El plan pasa por no pagar”, “hacer capturas de pantalla”, “recopilar pruebas y exigir la retirada urgente”.
La experiencia de la víctima: huella más allá del archivo
Imagina que al abrir tu móvil descubres que un vídeo íntimo aparece en un grupo de mensajería o circula por redes. El shock inicial da paso rápidamente a una realidad compleja: la pérdida de control de tu imagen, de tu intimidad, de tu entorno.
La sensación de que “ya no hay marcha atrás” es común. Porque aunque denuncies, aunque la ley ampare, porque aunque la AEPD tenga un canal, las réplicas continúan, las copias permanecen, los ecos vuelven. Y con ellas, la angustia, la culpa (impuesta o autoimpuesta), la dificultad para reconstruirse.
En muchos casos las víctimas hablan de aislamiento, del miedo a que “todo el mundo lo haya visto”, de la paralización de su vida social o profesional.
La sociedad y la cultura también son parte del problema. Preguntas como “¿por qué lo grabaste?”, “¿por qué se lo enviaste?” están muchas veces sobre la mesa, cuando lo relevante es que no lo autorizaste para que se hiciera público. Y la presión social, especialmente sobre mujeres, multiplica el daño.
“Mientras se siga señalando a la víctima en lugar de al agresor, y se siga banalizando este delito en chats y en foros seguirán sucediéndose este tipo de vulneraciones de la intimidad”, reflexiona Lambert, quien considera que “se necesitan más campañas de alfabetización digital y sexualidad privada, guías de estilo para prensa y protocolos en centros de trabajo y de estudio”.
No solo eso: “Todavía existe una respuesta desigual en la detección y retirada en plataformas”. Y considera que se debería regularizar “rutas de alta prioridad visibles (DSA), verificación de identidad una vez para múltiples retiradas, hashing de huella y sanciones a reincidentes”.
