Publicado: julio 2, 2025, 12:23 pm
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La nueva política de telecomunicaciones entrega más pistas sobre cómo será la extinción del actual regulador. El dictamen de Ley estipula que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) continuará en funciones hasta que se integre el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El nuevo órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) estará conformado por cinco comisionados y una secretaria técnica, cuyos elementos serán nombrados por la presidenta, Claudia Sheinbaum, y ratificados por voto del Senado de la República, o por la Comisión Permanente.
“El Pleno de la Comisión se entenderá integrado una vez que se encuentren nombrados y ratificados los cinco comisionados así como cuando la persona titular del Ejecutivo Federal haya designado a quien fungirá como comisionado Presidente”, detalla el dictamen. Sin embargo, hasta ahora no se precisa en cuántos días o meses se integrarán por completo los funcionarios del nuevo organismo, lo que genera incertidumbre al interior del IFT. En mayo, el presidente comisionado del Instituto, Javier Juárez Mojica, demandó a los diputados la asignación de recursos para cumplir con su trabajo regulatorio y sobre todo, para abonar los sueldos de aproximadamente 1,400 colaboradores, en su mayoría con conocimiento especializado en economía, derecho e ingenierías. En ese momento, el organismo estimó que contaría con recursos para pagar los sueldos de sus trabajadores hasta la segunda quincena de julio. El dictamen plantea que el IFT dispondrá de los recursos financieros, como los de su presupuesto, así como los del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento para saldar liquidaciones o finiquitos de la plantilla laboral. Datos del regulador destacan que al primer trimestre de este año, el saldo del Fideicomiso ascendió a los 2,886 millones de pesos, de los cuales 1,171 millones corresponden a recursos autorizados con cargo al patrimonio del IFT para proyectos y programas en ejecución. Durante la discusión de la nueva política del sector, realizado el sábado, el Senado presentó una reserva en donde estipula que se pagaran las indemnizaciones de acuerdo con su estatus laboral, es decir, si son de base o de servicios profesionales. Antes de la reserva el dictamen estipulaba que todos los derechos de los trabajadores serían respetados. Esta situación generó polémica dentro de la plantilla laboral del IFT. Los trabajadores aseguraron que el 65.5% de la actual plantilla corresponde a la figura de servicios profesionales, quienes cuentan con un perfil altamente técnico. “Solicitamos se reconsideren los términos en los que se encuentra planteada la reserva, a fin de honrar el trato igualitario en el que se encuentra su base de movimiento de personas trabajadoras para acceder a los derechos laborales”, aseguró un grupo denominado “Trabajadores del IFT” en un comunicado de prensa. El dictamen destaca que una vez que el IFT haya saldado el pago de los trabajadores, el dinero que sobre deberá regresarlo a la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo, no existe claridad si con el dinero del fideicomiso el regulador podrá saldar por completo los compromisos de su plantilla laboral. El IFT solicitó un presupuesto de 1,680 millones de pesos para ejercer este año, que en términos reales implicaba 80.6 millones por debajo del gasto ejercido en 2024. Este monto resulta insuficiente para pagar la nómina. Expansión solicitó la información al organismo sobre este detalle, pero hasta el momento de redacción de esta nota no hubo respuesta.
El edificio del IFT La extinción del órgano regulador de Telecomunicaciones también implicará el traspaso de sus bienes inmuebles como es la oficina central, ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, en la alcaldía, Benito Juárez. El dictamen dicta que los bienes inmuebles con que cuente el Instituto serán puestos a disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para su ocupación conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, a más tardar, el último día en funciones del IFT. Esta situación también implicará que el Instituto entregue los registros, padrones, repositorios digitales y sistemas, internos como externos, los sistemas informáticos, incluso los que ya no se utilicen pero contengan registros históricos como es el Banco de Información donde se alberga el historial estadístico de todo la industria de telecomunicaciones, así como documentación y titularidad, para que estén a disposición de la CRT a más tardar, el último día en funciones del Instituto. Con la entrega de todo el mobiliario y activos digitales, el regulador cerraría un ciclo de más de una década de fungir como árbitro de una industria que representa el 1.6% del PIB nacional y uno de los sectores intensivos en inversión. Ahora pasará la batuta a un órgano que aún no se termina de entender su funcionamiento y la autonomía que tendrá del Ejecutivo, al estar inserto en una institución que depende de ese poder.
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