Publicado: enero 7, 2026, 12:02 pm
El Gobierno pone la primera piedra para topar los intereses del crédito al consumo, conocidos en la jerga como ‘préstamos rápidos’. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado el anteproyecto de ley de crédito al consumo para transponer dos directivas europeas con la que se limitará los costes asociados a este tipo de financiación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha especificado que dicha normativa saldrá a audiencia pública y recogerá dos tipos de régimen diferenciados:
Por un lado, se establece un régimen general de limitación de costes, de tal forma que el interés expresado en términos de TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo, fijando un 22% de manera temporal, aplicable tanto para nuevas operaciones como para la liquidación de las operaciones con tarjetas ‘revolving’ ya existentes.
A modo de ejemplo, el responsable de Economía ha detallado que un préstamo de 300 euros a 30 días tiene un coste promedio de 103 euros. Con la nueva regulación ese coste se reducirá a 40 euros. Entre las novedades de esta nueva regulación, que persigue «proteger a los consumidores y evitar el sobreendeudamiento», se contemplará un plazo mínimo de 24 horas desde que se realiza la oferta hasta que se acepta con el objetivo de que el usuario pueda reflexionar antes sobre la decisión y evitar así compras compulsivas.
Asimismo, el nuevo marco legal obligará a que en la promoción de créditos rápidos, microcréditos o las tarjetas ‘revolving’ se mencionen aspectos como las condiciones en lugar de poner el foco en la inmediatez y se introducirán procesos basados en la automatización y la Inteligencia Artificial. La regulación debería haber sido aprobada el pasado 20 de noviembre.
En España, cualquier compañía puede ofrecer préstamos sin estar bajo el paraguas de la supervisión que vigila a los establecimientos financieros de crédito y los propios bancos. Esto ha provocado que afloren plataformas digitales de créditos rápidos, pero a costa de unos intereses que podrían estar catalogados como usura. Al no estar sometidas a supervisión, estas podrían no cumplir determinados requisitos, como evaluar si el cliente tiene capacidad para devolver el préstamo. Ahora con el cambio normativo se les obligará a estar registradas.
