Publicado: enero 8, 2026, 4:14 am
La propuesta presentada por el Gobierno el 7 de enero de 2026 de incrementar el salario mínimo interprofesional un 3,1 %, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales, prorroga la situación de excepcionalidad fiscal aplicada en 2025, manteniendo deducciones extraordinarias en la cuota, en torno a 600 euros anuales, para que el salario mínimo se perciba finalmente en términos netos por las personas trabajadoras.
Es una medida orientada a proteger de forma inmediata el poder adquisitivo de quienes cobran el salario más bajo, pero que, a nuestro juicio, sigue aplazando un debate de fondo que España debe afrontar cuanto antes. No se trata solo de cuándo debe tributar el SMI, sino de revisar y actualizar los tipos marginales del impuesto para evitar que la entrada en la tributación se produzca con tipos excesivos, que desvirtúan cualquier mejora salarial y penalizan precisamente a quienes empiezan a salir de situaciones de mayor precariedad.
Entendemos que el salario mínimo debe tributar, como el resto de las rentas del trabajo. Pero para que eso sea justo y socialmente aceptable, el SMI debe alcanzar previamente los estándares de suficiencia y dignidad que exige la Carta Social Europea y que vienen reiterando las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. La excepcionalidad fiscal no puede convertirse en una solución estructural ni permanente. Es un parche que retrasa el debate, cuando lo que necesitamos es resolverlo de raíz.
Además, este debate no puede hacerse comparando cifras netas entre países, porque los sistemas tributarios europeos no son homogéneos, ni en tipos, ni en retenciones. Por eso, cuando hablamos del umbral del 60 % del salario medio, debemos hacerlo —como corresponde desde el punto de vista técnico— sobre el salario medio bruto, y obtener una referencia también bruta. Según Eurostat, el salario medio bruto anual en España en 2024 fue de 33.700 euros, claramente por debajo de la media europea. El 60% de esa cantidad sitúa el salario mínimo de referencia en torno a los 1.444 euros mensuales brutos. Esa es la magnitud real del debate.
«La excepcionalidad fiscal no puede convertirse en una solución estructural ni permanente. Es un parche que retrasa el debate, cuando lo que necesitamos es resolverlo de raíz»
En ese marco se situaba la propuesta de una subida del 7,5% del SMI, que no era arbitraria ni maximalista, sino coherente con la necesidad de avanzar hacia ese umbral europeo de suficiencia y abrir, de una vez, el debate fiscal en términos de justicia y progresividad. No se trata solo de cuánto sube el salario mínimo, sino de qué modelo salarial y fiscal queremos construir.
En la reunión celebrada se puso también sobre la mesa otro problema estructural que afecta de lleno a miles de personas trabajadoras: los efectos perversos de la Ley 2/2015, de desindexación, en el ámbito de las contratas y subcontratas de las administraciones públicas, especialmente en sectores como limpieza, seguridad o servicios externalizados. Desde la aprobación de esa norma, las subidas del SMI —y de los salarios pactados en la negociación colectiva— no pueden trasladarse al precio de los contratos administrativos, generando una situación extremadamente compleja tanto para las empresas como, sobre todo, para las personas trabajadoras.
Este problema no es nuevo. Por eso, en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales, se reclamó expresamente la eliminación o modificación de esta normativa, que impide el normal desarrollo de las relaciones laborales en las empresas contratistas y subcontratistas y golpea directamente la negociación colectiva y dificulta la actualización del SMI en estos sectores.
Además, esta reforma ya no es solo una cuestión de política interna, sino también de cumplimiento del derecho europeo: el artículo 9 de la directiva de salarios mínimos obliga a garantizar que en los contratos públicos se respeten las obligaciones salariales y la negociación colectiva. Por ello, resulta oportuno abordar de forma conjunta la excepcionalidad fiscal del SMI y la actualización de precios en las contratas públicas, para que las subidas salariales se trasladen efectivamente a quienes trabajan en ellas.
Hay, además, un elemento imprescindible que debe abordarse sin más dilaciones: la regulación justa de la compensación y absorción de las subidas del salario mínimo. Si este mecanismo continúa operando como hasta ahora, los salarios más próximos al SMI seguirán sufriendo pérdidas reales de poder adquisitivo, neutralizando en la práctica los incrementos acordados. El salario mínimo no puede convertirse en un techo que aplana convenios y congela sueldos, sino en un suelo efectivo que impulse salarios, productividad y dignidad laboral.
«El SMI no puede convertirse en un techo que aplana convenios y congela sueldos, sino en un suelo efectivo que impulse salarios, productividad y dignidad laboral»
En un panorama internacional especialmente convulso, marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, el diálogo social no es un lujo, sino una necesidad democrática y constitucional. Alcanzar un acuerdo en materia salarial sería una prueba clara ante el país de que los interlocutores sociales reconocidos en el artículo 7 de la Constitución —sindicatos y organizaciones empresariales— son capaces de asumir su responsabilidad histórica y construir consensos en beneficio del interés general, aportando estabilidad, certidumbre y cohesión social en un momento en el que España necesita más que nunca acuerdos que refuercen la confianza colectiva.
El debate del SMI ya no es solo cuánto sube, sino qué país queremos construir. Un país que parchea problemas estructurales o uno que se atreve a resolverlos. Un país que posterga debates incómodos o uno que los afronta con ambición social y europea. Nosotros lo tenemos claro: salarios dignos, negociación colectiva fuerte y justicia fiscal no son opciones ideológicas, sino los pilares mínimos de una democracia social avanzada.
