Publicado: enero 3, 2026, 5:30 am
La adhesión de España a las -entonces- Comunidades Europeas y la consiguiente incorporación al mercado único, de las que este año se cumplen cuatro décadas, supusieron el pistoletazo de salida hacia la modernización y liberalización de la economía española. Los principales indicadores de bienestar, riqueza y desarrollo muestran un giro de ciento ochenta grados desde entonces. Esto, pese a que las distintas crisis que han estallado a lo largo de estas décadas (financiera, covid, energética…) también han dejado huella en el país.
Durante los primeros años en los que España formó parte de la Unión Europea, fue uno de los estados que más beneficiados salió del reparto de fondos comunitarios ya que el país tenía una renta per cápita inferior al 75% de la media de la región, explican desde la representación de la Comisión Europea en España.
En 1985, el país tenía una renta per cápita de 7.300 euros y una ratio de exportaciones sobre el PIB del 15%, reflejo de una economía poco internacionalizada, añaden Ignacio Molina y Federico Steinberg en un análisis publicado por el Real Instituto Elcano. La esperanza de vida era de 76 años, la población rondaba los 38 millones de habitantes y el gasto público en educación y salud representaba el 3,5% y el 5,2% del PIB, respectivamente.
El contraste con la actualidad es llamativo. A cierre de 2024 la renta per cápita se había incrementado hasta 31.000 euros a través de un «rápido proceso de convergencia» con los socios (sobre todo hasta la crisis de 2008) y las exportaciones representaban un 34% del PIB. Estas «ya no eran solamente turísticas y venían acompañadas de fuertes flujos de inversión, tanto de entrada como de salida», señalan los investigadores de Elcano.
La esperanza de vida había aumentado a 84 años, la población había crecido hasta los 49 millones (en un contexto en que muchos países europeos están perdiendo habitantes), y el gasto en educación y salud había aumentado al 4,6% y 7,4% del PIB, respectivamente. El economista José Carlos Díez explicaba recientemente a este diario otro de los cambios significativos que supuso la incorporación a la UE. La adopción del euro, consecuencia de la firma del Tratado de Maastricht (1992), ha traído estabilidad de precios y tipos de interés bajos con los que financiar la actividad -sobre todo de las hipotecas-.
El proceso de convergencia se vio afectado por el estallido de la crisis financiera global, que hizo mella en España por el pinchazo de la burbuja del ladrillo. La crisis provocó una destrucción masiva de empleo y fuertes tensiones en la banca que vivió, a partir de entonces, un complejo proceso de reestructuración a raíz del rescate de 2012. La crisis sirvió de dura lección para España y Europa, que afrontaron de forma bien distinta el choque sin precedentes que supuso en 2020 la pandemia de coronavirus.
El ‘gran salto’ del campo español
El acceso de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), ahora Unión Europea (UE), supuso para agricultores y ganaderos la adopción de la Política Agraria Común (PAC) con la que el campo español se ha modernizado. El actual ministro de Agricultura, Luis Planas, lo resumía en una intervención el pasado verano con dos datos: en estos 40 años se ha pasado de exportar productos agroalimentarios por unos 4.000 millones de euros el año de nuestro ingreso a la UE hasta los 75.090,12 millones en 2024, con una balanza comercial favorable de 19.231,19 millones de euros.
Planas destacaba que el país ha pasado de ser el octavo exportador de una unión a 12 países a ocupar la cuarta posición en una a Veintisiete. Otra muestra es la concentración de las explotaciones agrarias que, según el ministro, en 1986 rondaban las 1,8 millones y que, ahora, solo son 784.000 con una superficie media que ronda los 30,5 hectáreas. Dos ejemplos del ‘gran salto’ dado por este sector en España, que entre 2000 y 2020, incrementó la producción agraria en un 46%, las exportaciones un 226% y la renta agraria un 93%.
El nacimiento de la PAC se remonta a los inicios del club europeo, en la Conferencia de Stressa en 1958, donde se pusieron las bases de una política que está más cuestionada que nunca. Las primeras regulaciones sobre producción y comercialización de determinados productos entraron en vigor en 1962, apenas 5 años después de la firma del Tratado de Roma. Desde la adhesión de España y Portugal, cuando la UE solo tenía 12 miembros, se han aprobado 6 reformas: en 1992 (‘Reforma MacSharry’), 1999, 2003, 2013 y 2021, esta última vigente desde hace 2 años. Lo que ha supuesto una progresiva liberalización desde un sistema de apoyo vía precios a otro de refuerzo por medio de rentas (ayudas directas). A pesar de lo cual, la PAC supone aún el 33,2% del presupuesto comunitario y, según estimaciones de la Comisión, supone un coste de 0,31 euros diarios al ciudadano europeo.
Más cuestionada que nunca
La actual PAC, que tiene en 2028 su fecha de caducidad, está marcada por la condicionalidad medioambiental a través de instrumentos como los ‘ecorregímenes’. Se trata de siete prácticas voluntarias favorables al clima como el pastoreo extensivo (al aire libre), la rotación de cultivo o las cubiertas vegetales. Las mismas pueden llegar a representar el 23% de las ayudas directas totales y se dedican a ellas 1.107 millones de euros anuales. España va a recibir hasta 2027 ayudas (directas, para el desarrollo rural y medidas de mercado) por un montante de 47.724 millones de euros. Solo entre 2023 y 2027 serán 32.549 millones. La campaña de 2024 se cerró con casi 600.000 beneficiarios, un 3,9% menos que el año anterior, y cifra que contrasta con los 879.435 agricultores que solicitaron la PAC de 2014.
La Política Agraria Común (PAC) se encuentra más cuestionada que nunca por el sector, que habla de burocratización e inestabilidad por los continuos cambios normativos, pero sobre todo por la última propuesta de la Comisión Europea de cara al periodo 2028-2034: la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC – las ayudas directas y el desarrollo rural – y su integración en un nuevo fondo único por país sin distinción entre diferentes políticas. Además de un recorte presupuestario del 22%, que en el caso de España, reduciría la dotación a recibir desde los 47.724 millones de 2021 a 2027 hasta los 37.235 millones de euros. Lo que reduciría aún más el margen de maniobra del campo español. Lo que ya ha generado la histórica manifestación de más de 10.000 agricultores y ganaderos de los Veintisiete en Bruselas el pasado 18 de diciembre.
