Publicado: julio 10, 2026, 3:23 am

Es difícil entender Europa sin el fútbol. Desde hace décadas, forma parte de nuestra identidad colectiva. Cada fin de semana millones de europeos llenan los estadios o se reúnen frente al televisor para seguir a sus equipos. Pocas actividades generan un sentimiento de pertenencia tan profundo en el mundo.

Ese arraigo explica que el fútbol sea mucho más que un espectáculo. Participamos como jugadores, entrenadores, voluntarios o aficionados, y los clubes cumplen una función social insustituible: fomentan la inclusión, promueven hábitos saludables y fortalecen la cohesión de nuestras comunidades. Ese es el valor del modelo deportivo europeo, y protegerlo es también una tarea de las instituciones.

Precisamente porque el deporte ocupa ese lugar privilegiado en nuestra sociedad, también importa cómo se gobierna. La confianza de los aficionados no depende únicamente de lo que ocurre sobre el césped, sino también de que quienes organizan las competiciones actúen con transparencia, rindan cuentas y sean capaces de resistir presiones externas, incluidas las de naturaleza política. La credibilidad del fútbol depende de que las reglas se apliquen por igual a todos: ese es, antes que nada, un principio jurídico.

La creciente comercialización está poniendo a prueba el equilibrio entre su dimensión social y su valor económico. El debate sobre el precio de las entradas lo ilustra bien. Los grandes acontecimientos deportivos no funcionan como un mercado competitivo convencional: un aficionado no puede elegir otra final, otro estadio ni otro organizador. Cuando el precio se fija exclusivamente por demanda sobre un bien único, la fidelidad se convierte en una subasta permanente y el seguidor habitual —el que ha sostenido este deporte durante generaciones— queda fuera. No es casual que estas prácticas estén hoy bajo el escrutinio de autoridades a ambos lados del Atlántico.

«Cuando el precio se fija exclusivamente por demanda sobre un bien único, la fidelidad se convierte en una subasta permanente y el seguidor habitual queda fuera»

A ello se suma un desafío decisivo para la sostenibilidad del deporte europeo: las retransmisiones en directo son uno de los principales activos que lo financian. Cuando esos derechos se vulneran mediante emisiones ilegales, el daño no recae solo sobre quien los adquiere legítimamente; debilita la financiación del deporte base, de las competiciones nacionales y del conjunto del ecosistema. Proteger la propiedad intelectual no es, por tanto, defender un interés privado: es preservar la cadena que sostiene el deporte que compartimos.

Pero proteger esos derechos con eficacia exige hacerlo con seguridad jurídica. Un marco que combata la piratería sin garantías claras, o cuyos mecanismos afecten a terceros ajenos al conflicto, termina erosionando la misma confianza que pretende defender. La respuesta no consiste en elegir entre proteger la propiedad intelectual o proteger los derechos de los ciudadanos, sino en un marco proporcionado que haga ambas cosas a la vez. Ese equilibrio es, precisamente, una cuestión de Derecho.

Europa no debe intervenir en el deporte por un afán regulador. Debe hacerlo para garantizar que un sector con una enorme influencia económica, social y cultural respete los mismos principios de transparencia, competencia y rendición de cuentas que exigimos al resto de actividades de interés general, dentro de un marco de seguridad jurídica que proteja, también, de forma efectiva —y proporcionada— los derechos de propiedad intelectual.

El deporte necesita autonomía para preservar su esencia, pero la autonomía no puede convertirse en una excepción permanente frente a la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho

Para el Partido Popular Europeo, todo ello refuerza la necesidad de una aplicación más clara y coherente del Derecho de la Unión Europea al ámbito deportivo. El deporte necesita autonomía para preservar su esencia, pero la autonomía no puede convertirse en una excepción permanente frente a la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho. Defender el modelo deportivo europeo también significa proteger los derechos de propiedad intelectual que hacen posible su sostenibilidad y el futuro de nuestro deporte.

Porque el fútbol pertenece, antes que a nadie, a quienes lo viven cada fin de semana. Y Europa tiene la responsabilidad de garantizar que siga siendo un patrimonio compartido.