Publicado: diciembre 12, 2025, 7:41 am
La Secretaría General de Consumo y Juego, órgano directivo perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha decidido multar con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por la realización de prácticas abusivas contra los inquilinos. Desde este departamento se considera que la compañía ha utilizado su posición de dominio en el mercado para vulnerar los derechos de los consumidores de una forma prolongada en el tiempo.
Entre las prácticas ilegales citadas por Consumo figuran la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica. A ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
La resolución de Consumo concluye que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones calificadas como «muy graves» y una como «grave» en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
En concreto, las seis infracciones muy graves han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. En total, 3.600.902 euros. Ahora, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.
Este proceso arrancó en el año 2023 cuando FACUA-Consumidores en Acción denunció a la inmobiliaria por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un ‘servicio de atención al inquilino’ que incluía, entre otros, ‘asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos’, ‘asesoramiento jurídico‘ sobre el contrato de alquiler e incluso ‘resolución de siniestros e incidencias’, una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador.
El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, señalo entonces que su ministreio no puede permitir que «ninguna empresa esté por encima de la ley». «En el mercado del alquiler se ha impuesto la ley de la selva y se están produciendo abusos. Se está dando una situación de indefensión de los consumidores, que violenta el derecho a una vivienda digna», sentenció.
