Publicado: julio 29, 2025, 1:23 pm
Uribe Vélez es una hombre que inspira amores y odios en el país cafetero. Su figura, sin duda, sustancial para un país que atravesaba décadas de violencia, ha sido asociada con casos que van desde la corrupción política (lo que en Colombia se conoce como ‘mermelada’), hasta crímenes de lesa humanidad, paramilitarismo y narcotráfico (aun sin confirmar).
Y es que tras una larga batalla judicial de más de 13 años, la justicia le ha declarado culpable de dos de los crímenes de los que la oposición le acusa. El veredicto fue emitido por la jueza Sandra Heredia y puede ser apelado, pero por el momento, Uribe de 73 años permanecerá el primer exmandatario en ser condenado penalmente en Colombia.
Esta condena llega, precisamente, en un momento de tensión importante. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, y muchos temen por la violencia política constatada en el atentado contra el candidato conservador, Miguel Uribe. Esto sin mencionar que la opinión pública esta dividida, y el caso se presta para que candidatos de todo el espectro político hagan campaña.
¿Por qué fue condenado Uribe?
La justicia colombiana encontró al expresidente culpable de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en calidad de determinador. Es decir, le han juzgado por instigar a emisarios a cometer dichos delitos en su beneficio.
El caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda, acérrimo opositor del exmandatario, manifestó en el congreso, con base en testimonios paramilitares, que Uribe tendría vínculos con el grupo armado Bloque Metro. Esta organización al margen de la ley fue fundada a finales de los años 90 en el departamento de Antioquia, de donde es oriundo Uribe y cuya capital es Medellín.
Los del Bloque Metro fueron una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo que se enfrentaba a las guerrillas de izquierdas en un conflicto interno que condujo a la muerte de miles de civiles. Estos son conocidos por actuar con sevicia y realizar limpiezas sociales y dada la gravedad de la acusación, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema.
Sin embargo, la estrategia empleada resultó contraproducente porque después de años de investigación, concretamente en 2018, esta instancia desestimó la denuncia contra Cepeda e inició una pesquisa contra Uribe por manipulación de testigos.
En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había «riesgos de obstrucción a la justicia» y así estuvo durante 66 días, tiempo suficiente para renunciar a su escaño como senador en el Congreso, haciendo que su caso pasara a la justicia ordinaria.
¿Una venganza con fines políticos o justicia pura y dura?
Álvaro Uribe ha mantenido su inocencia durante todos estos años. De hecho, durante la administración del fiscal general Francisco Barbosa, el organismo pidió en reiteradas ocasiones cerrar el expediente contra Uribe por falta de pruebas. Pero esa petición, junto con otra en el mismo sentido de la Procuraduría General en 2022, fue negada por los jueces que sí que consideraban que aún había por investigar.
Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en marzo de 2024, nominada para el cargo por Gustavo Petro, quien representa el ala política contraria, Uribe fue llamado a juicio, cosa que servido para reforzar la narrativa de que todo se trata de una venganza con fines políticos.
“Mis discrepancias con la señora fiscal las he presentado con franqueza y con respeto. Pero no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno”, sostiene el exmandatario en un video publicado el 12 de julio.
Delito de manipulación de testigos
Durante el juicio se presentaron diferentes pruebas. Por un lado, se presentaron grabaciones telefónicas e interceptaciones legales, que revelaban comunicaciones relacionadas con la manipulación de testigos. Una de las pruebas más relevantes incluyó una conversación registrada en un reloj espía.
También se presentaron testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez (alias Víctor), quienes aseguraron que Diego Cadena, abogado vinculado a Uribe, ofreció beneficios judiciales y materiales (dinero, vivienda) para cambiar su declaración contra el senador Cepeda. La justicia revisó, además, documentos falsificados presentados para desacreditar a Cepeda, como una carta atribuida a alias Víctor.
¿Qué pasara ahora?
Uribe fue declarado culpable de dos de los tres delitos previstos en el caso, pues fue absuelto del soborno simple, cosa que significa una condena menor. La Fiscalía pidió una pena de nueve años de cárcel, mientras que la Procuraduría solicitó que el exmandatario cumpla prisión domiciliaria y habrá que esperar hasta le viernes, día en el que la condena se dará a conocer en una audiencia.
Los abogados de Uribe tienen la oportunidad de apelar la decisión de la jueza Heredia y de hecho, lo harán. Jaime Granados, abogado del expresidente, pidió a la jueza que se mantuviera su libertad hasta el final del procedimiento y que hasta que no haya sentencia firme, se mantendrá en la presunción de inocencia de su defendido.
En este contexto, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia deberá decidir antes del próximo octubre, fecha en la que prescriben los delitos. De ratificarse la decisión, la defensa todavía tiene el llamado recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia.
