Publicado: septiembre 9, 2026, 2:25 pm
Europa quiere ser más europea que nunca y bajo esa premisa, que suena simple pero se ve como fundamental para la autonomía estratégica, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de ley de contratación pública y otra para una ley de innovación. Y la base de ambas es la misma: cerrar la puerta a la competencia feroz sobre todo con China y dar prioridad al talento y a la producción «made in Europe». La realidad, avisan en Bruselas, es que esto es realmente «un cambio estratégico» dentro de los planes de la UE de convertirse en un actor más competitivo.
Así, se introduce directamente la «preferencia europea» en la contratación pública. El objetivo, recoge la propuesta, es atajar las prácticas desleales de competidores extranjeros, mitigar las dependencias estratégicas dañinas y asegurar que el dinero del contribuyente europeo sirva para sostener la competitividad de las empresas comunitarias y no las de terceros países. Es decir, que las inversiones fluctúen dentro del marco regulatorio europeo y no facilite el desarrollo de empresas adaptadas a jugar con otras reglas. No se dice abiertamente, pero el foco se pone directamente en las inversiones públicas que hace China para potenciar ciertos sectores como el del automóvil.
Los datos, en general, son preocupantes para la UE, avisa el Ejecutivo comunitario. Y es que las administraciones públicas europeas gastan cada año en torno a 2,6 billones de euros, lo que equivale al 15% del PIB de la Unión Europea. La Comisión considera indispensable utilizar este enorme músculo financiero como una herramienta de política económica, siguiendo las recomendaciones directas de los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta. Ambos análisis señalaron que la contratación debe dejar de ser una mera tarea administrativa y convertirse en un puntal para consolidar la base industrial de Europa y reforzar su seguridad económica frente a competidores externos.
Otra pata del reglamento tendrá que ser la claridad. El marco establece una distinción nítida entre las empresas y productos de terceros países que están cubiertos por compromisos internacionales; es decir, con esta legislación se hacen dos paraguas: unas condiciones más flexibles y favorables para las empresas europeas, que tendrán la prioridad, y un cerco mucho más exigente para las entidades de terceros países que quieran ‘competir’ por los contratos públicos.
Bruselas añade además que los compradores públicos europeos dispondrán de la capacidad explícita de excluir de manera directa aquellas ofertas procedentes de terceros países que no hayan suscrito compromisos internacionales de contratación recíproca con la Unión. En ese escenario de tensión global, al mismo tiempo, la Comisión podrá adoptar actos delegados que restrinjan el acceso de terceros países al mercado de la UE cuando los análisis demuestren que dicho país no garantiza una reciprocidad justa a las empresas europeas. Asimismo, Bruselas podrá dictar exclusiones obligatorias de operadores extranjeros cuando sea necesario para proteger los intereses de seguridad económica del bloque comunitario.
Hay sectores que tienen capítulos propios en la propuesta, como el de las materias primas y las infraestructuras críticas. En este sentido, advierte la propuesta, las empresas tendrán que «diversificar las cadenas de suministro, asegurar la continuidad del abastecimiento y prepararse ante eventuales crisis, limitando la participación de operadores o bienes que tengan vínculos directos con terceros países de riesgo», concluyen.
La mitad de los proyectos de investigación, de casa
Por otro lado, la Comisión también ha presentado una propuesta para una ley de innovación europea, con el mismo cometido que la anterior. Sin ir más lejos, establece que un mínimo del 50% de las actividades de investigación y desarrollo contempladas en el contrato público de I+D se lleven a cabo dentro de los países elegibles. De esta manera, se garantiza que la inversión pública «repercuta directamente en el ecosistema de investigación, desarrollo y empleo local», exponen en Bruselas. ¿El objetivo? Frenar la fuga de talento investigador a terceros países.
Fuentes comunitarias señalan que el objetivo es que el proceso de investigación sea más flexible para las empresas, en todas las áreas a excepción de la defensa, por su complejidad. Además, se podrán poner en común recursos de distintos Estados miembros y apoyar de manera más eficaz el desarrollo de nuevas tecnologías y se insistirá en la preferencia europea. Se pedirá a los compradores públicos que se centren en empresas, licitadores procedentes de la UE, de cualquiera de los Estados miembros de la UE, del Espacio Económico Europeo o de los Balcanes Occidentales.
Otra meta, confirman las fuentes, es garantizar y aclarar que los compradores públicos, cuando contraten investigación y desarrollo, también puedan obtener la propiedad de las soluciones que se desarrollen como parte de la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, como norma general, los derechos de propiedad intelectual generados mediante la contratación de I+D permanecerían en manos del contratista. De este modo, se incentivaría al contratista a desarrollar comercialmente, ya sea mediante la concesión de licencias o mediante el desarrollo de la propia tecnología basándose en el derecho de propiedad intelectual que ha obtenido como resultado del contrato de I+D, concluyen.
Esa «preferencia europea», eso sí, tiene un matiz. Si limitar el acceso generase un número insuficiente de licitadores o costes desproporcionados, las administraciones públicas podrán abrir las ofertas a países con acuerdos de contratación pública general. Por el contrario, por razones justificadas de seguridad u orden público, se podrá restringir la licitación exclusivamente a operadores de la UE que no estén bajo el control de terceros países, termina la Comisión en sus explicaciones.
Visto ese escenario, el Ejecutivo comunitario estima que la armonización de estas reglas de contratación pública de I+D y su digitalización integral no solo eliminarán trabas burocráticas, sino que supondrán un ahorro anual de 1.000 millones de euros para los compradores públicos. Asimismo, se prevé que las empresas obtengan hasta 25.920 millones de euros anuales en beneficios adicionales por contar con un esquema, dicen, mucho más ágil y claro que el actual.
