Publicado: agosto 27, 2025, 2:23 pm
Benidorm suele ser noticia por su enorme flujo de turistas o la considerable presión que estos ejercen en sus servicios públicos. Ahora lo es por algo bien distinto y mucho más delicado: su Ayuntamiento se asoma al abismo financiero. Literalmente. Un antiguo litigio que se remonta a hace dos décadas amenaza con obligarle a pagar la friolera de 340 millones de euros, una suma complicada para cualquier localidad de España pero que en el caso de la localidad almeriense supone una espada de Damocles: equivale a 2,5 años de presupuesto.
El Consistorio sigue dando la batalla en los juzgados para esquivar el pago, pero ya advierte que asumirlo le obligaría a prescindir de empleados y recortar servicios.
¿Qué ha pasado? Que se adivinan curvas en el futuro urbanístico, económico y judicial de Benidorm, una de las grandes mecas del turismo patrio. Aunque no hay nada en firme todavía, el Ayuntamiento de la localidad alicantina se enfrenta a la amenaza de tener que pagar más de 340 millones de euros debido a un acuerdo alcanzado en 2003 con los propietarios de terrenos situados en Serra Gelada.
Para hacerse una idea aproximada de qué supondría semejante desembolso para las arcas benidormenses viene bien recordar que en el presupuesto municipal del Ayuntamiento del año pasado rondó los 142 millones de euros.
¿Por qué está en esa situación? Para responder a esa pregunta hace falta remontarse un par de décadas atrás, a 2003, cuando el Ayuntamiento, encabezado por Vicente Pérez Devesa (PP), alcanzó un acuerdo con dos sociedades que tenían derechos urbanísticos sobre terrenos del sector APR-7, dos empresas vinculadas a Francisco Murcia Puchades, expresidente de los promotores valencianos.
¿Qué acordaron exactamente? Como recuerda El País, las fincas en cuestión se situaban en Serra Gelada, declarada poco después (julio de 2005) parque natural. La idea del Consistorio alicantino era hacerse con esos terrenos y compensar a sus propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otras partes de la ciudad. Esa era al menos la teoría, que dio pie a un acuerdo prorrogado en 2010 y 2013.
¿Y qué pasó? Que la cosa se complicó. Pasaron los años, se sucedieron las prórrogas y el acuerdo no pasó del papel. El antiguo propietario de los terrenos de Serra Gelada reivindicó su derecho a una compensación y el Consistorio cuestionó la validez de los convenios toda vez que la ordenación del parque natural tumbó la edificabilidad que en un principio sí tenían los terrenos. Dos posturas difíciles de conciliar que (como cabía esperar) han dado pie a un largo y complejo proceso judicial, aún abierto, pero que ha ido despejándose durante el último año.
Su capítulo más reciente llegó hace solo dos meses, en junio, cuando el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana arrojó un jarro de agua fría a las pretensiones del Ayuntamiento y dio la razón a los antiguos propietarios de los terrenos. El fallo ratifica una sentencia anterior, de mayo de 2024, que considera totalmente válidos los acuerdos suscritos hace más de dos décadas. Eso no significa que el Consistorio haya arrojado la toalla. De hecho ya ha recurrido al Tribunal Constitucional.
¿Por qué es tan grave? Más allá del debate político y el acolrado cruce de reproches al que ha dado lugar el pleito, el caso es grave por una razón sencilla: las repercusiones económicas que puede tener para Benidorm. Al ver que el convenio no se ejecutada los antiguos propietarios de los terrenos solicitaron una valoración que elevó el precio del suelo a 280 millones de euros. Una cantidad considerable a la que se suman los intereses, que ahora mismo superarían los 60 millones.
En total más de 340 millones, una suma tan elevada que equivaldría a más o menos dos años y medio de presupuesto municipal. El Consistorio ya ha advertido que si se ve obligado a pagarlos se quedaría contra las cuerdas, por lo que reclama la suspensión cautelar del pago, recordando de paso que mantiene abiertos otro litigios relacionados con el mismo caso que «están dando la razón» a la ciudad.
«El pueblo de Benidorm pide al Tribunal Constitucional que declare que se ha vulnerado el derecho fundamental del ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión y hay consecuencias», clama el alcalde.
¿Qué supondría para el Ayuntamiento? Se habla de quiebra técnica. Y el Ayuntamiento no ha tardado en advertir de las graves consecuencias que un pago de semejante calibre tendría en su día a día, incluido el despido de empleados o la supresión de servicios públicos. Hace unas semanas el Gobierno local advertía que el desembolso acarrearía «un perjuicio de imposible o difícil reparación» y que necesitaría recurrir a la financiación estatal o autonómica para asumirlo.
El abogado que representa a los propietarios asegura que estos buscan «abrir una vía de diálogo para evitar el quebranto», pero la solución no parece sencilla: si algo no le sobra a Benidorm es suelo urbano disponible de titularidad municipal con el que compensarlos, como recuerda El Confidencial, que desliza que la ciudad tiene proyectados desde hace décadas terrenos urbanizables en el Plan Levante.
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¿Hay más opciones? Benidorm es un municipio peculiar. Aunque solo tiene censados 74.600 vecinos su condición de polo turístico le confiere una población flotante considerable. Un estudio reciente cifra el promedio mensual de visitantes en más de 252.000, una cifra que se dispara en verano: en agosto de hecho supera los 2,1 millones. El mismo informe estima en que en su día de mayor actividad la ciudad alcanza picos de más de 360.000 personas, entre residentes y visitantes.
Semejante avalancha de turistas afecta a la presión que soporta el Ayuntamiento y la demanda de servicios municipales. En resumen, hay una diferencia considerable entre las necesidades que se corresponden a la población censada y la real, inflada por los visitantes, lo que se traduce en un enorme «agujero» de infrafinanciación millonario. El pago de una indemnización millonaria agravaría ese desequilibrio. A su favor, el Ayuntamiento alicantino tiene posibles vías de ingresos derivadas del turismo, como una tasa sectorial que hoy por hoy su alcalde no ve rentable.
Imágenes | Maksim Shutov (Unsplash) y Martijn Vonk (Unsplash)
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La noticia
Benidorm se ha encontrado con algo peor que el turismo masivo: 340 millones de euros que amenazan con llevarla a la quiebra
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
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