Publicado: septiembre 2, 2025, 4:23 pm
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha pedido este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no ha sugerido una pena, que podría llegar a 40 años de cárcel. El histórico juicio contra Bolsonaro ha arrancado este martes entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder. Así, «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida», ha dicho Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte. Al respecto, ha asegurado que todo fue «debidamente constatado» y «ratificado» por muchos de los 52 testigos escuchados por el tribunal durante la fase de instrucción.
Gonet ha presentado un pormenorizado relato sobre la actividad de lo que calificó como «organización criminal», que tenía el objetivo de «desconocer la voluntad popular» e impedir que el progresista Lula da Silva asumiera el poder. «Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal», ha afirmado.
Además, ha agregado que «el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica», que se negaron a respaldar la ruptura democrática. «El grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder», ha sostenido.
«Desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas» y en favor de un «proyecto autoritario de poder» y «con fines de golpe», ha dicho el fiscal general en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno. En su relato, citó manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían «incitar a una rebelión popular» frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.
Gonet ha responsabilizado a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula. Asimismo, la investigación desveló un intercambio de mensajes «constante» entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los «líderes» de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a «mantenerse firmes y no ceder».
Bolsonaro no asiste por problemas de salud
Tras la presentación del fiscal, tendrán la palabra los abogados de los ocho acusados, que dispondrán de una hora cada uno para exponer sus alegatos. Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre.
«La función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas», ha subrayado, por su parte, el juez Alexandre de Moraes en el marco de la audiencia de apertura del juicio, que se prolongará hasta el próximo 12 de septiembre. En este sentido, ha afirmado que la impunidad «deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia».
En esta primera audiencia, sólo está presente uno de los reos: el general de la reserva Paulo Sérgio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro. Mientras, las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad en la sede del Tribunal Supremo hasta que finalice el juicio contra Bolsonaro, quien no ha asistido a la primera audiencia por recomendación de sus médicos debido a su delicado estado de salud tras sufrir un ataque con arma blanca en 2018.
El plan golpista
Miles de simpatizantes del expresidente, insatisfechos con los resultados de las elecciones y la investidura del ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, irrumpieron el 8 de enero de 2023 en la plaza de los Tres Poderes -sede del Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el palacio presidencial de Brasilia-, en Brasilia. Según la acusación, el asalto golpista, que tuvo ecos de la violencia desatada en el Capitolio estadounidense por los seguidores del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, causó pérdidas estimadas en más de 20 millones de reales brasileños.
El caso se remonta a las operaciones de allanamiento llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en los domicilios de los presuntos implicados en una trama ilícita de falsificación de cartillas de vacunación de la COVID-19 que salpicó a Bolsonaro y que permitieron incautar material como teléfonos móviles, donde aparecieron los primeros indicios del complot golpista.
La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de escalar su discurso de ruptura con la democracia desde julio de 2021 al expresar su descontento, por ejemplo, con el sistema de voto electrónico o con las decisiones de los tribunales, unas denuncias de fraude electoral que fueron alimentadas en parte gracias a las redes sociales. El fiscal general presentó un informe de 272 páginas en febrero en el que acusaba a Bolsonaro de instrumentalizar el aparato estatal y llevar a cabo un plan «deliberado», bajo el nombre ‘Puñal Verde y Amarillo’, para impedir que Lula asumiera el cargo tras ganar los comicios.
El plan golpista -revelado en su mayor parte por el que fuera ‘mano derecha’ del expresidente, Mauro Cid, quien llegó a un acuerdo para colaborar con la Justicia para ver reducida su pena en caso de ser condenado- incluso preveía el asesinato de autoridades públicas como el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin y De Moraes, además de a Lula, a quien los golpistas pretendían envenenar.
Además, el expresidente Bolsonaro, según la Fiscalía, habría participado directamente en la elaboración de un decreto ‘golpista’ que fue presentado a altos mandos de las Fuerzas Armadas en una supuesta reunión llevada a cabo en casa del exministro de Defensa Walter Braga Metto con el objetivo de presionar a los militares y cuyo borrador fue encontrado en el domicilio del exministro de Justicia Anderson Torres.
