Publicado: julio 3, 2025, 5:13 am
El Gobierno argentino le pidió a la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda la orden que obliga al Estado a entregar sus acciones de la petrolera YPF, equivalentes al 51% del total. La jueza había otorgado un plazo de 14 días para que el Estado envíe sus acciones al Bank of New York Mellon, el cual en un día debía transferirlas a los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park.
El Estado solicitó, a través de una carta enviada a Preska por el estudio que representa a la Argentina, Sullivan y Cromwell, que la orden no se ejecute mientras se tramita la apelación, o que se dicte una suspensión provisoria para poder acudir al tribunal de apelaciones. El presidente Javier Milei ya había anticipado que apelaría la decisión de Preska en todas las instancias posibles.
Según manifiesta la solicitud, existen requisitos legales para la suspensión. Entre ellas, enumera la alta probabilidad de éxito de la apelación, la concreción de un daño irreparable si se ejecuta la orden, que los demandantes no sufrirían ningún perjuicio si no se ejecuta la decisión de Preska y el interés público que justifica mantener el estado actual de la compañía. Cabe aclarar que esta apelación sería la tercera en el marco del juicio de YPF. Una de las apelaciones es sobre el monto de la sentencia dictado por Preska, que asciende a 16,000 millones de dólares.
Entre los argumentos del Estado argentino, se menciona que la orden «plantea cuestiones jurídicas complejas sobre la ejecución de bienes de Estados extranjeros, que no han sido resueltas por la justicia de Estados Unidos y sobre las que incluso el propio Gobierno estadounidense tiene una opinión distinta al tribunal».
Esto último hace referencia al escrito presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que plantea que la jueza no debería avanzar sobre los activos por tratarse de pertenencias de un Estado soberano que concreta sus actividades comerciales fuera de los Estados Unidos. La entrega de las acciones, reconocen, “implica perder el control de YPF, considerada una empresa estratégica por la legislación argentina”.
“Si los demandantes venden esas acciones, como ya anunciaron que harían, el perjuicio sería irreversible y no podría repararse con dinero”, advirtieron desde el Gobierno. Los fondos Burford y Eton Park no se verían afectados por la suspensión de la decisión porque el Estado argentino no puede vender ni desprenderse de las acciones sin la aprobación del Congreso, lo que garantiza que los bienes no desaparecerían mientras dure la apelación.
Además, agrega que la República «no tiene intención de vender sus acciones de YPF».
Como último argumento, sostienen que el interés público está en juego, ya que «no se trata de un conflicto comercial común, sino de una situación que involucra a un Estado soberano, su legislación interna y una empresa que cotiza en bolsa y tiene miles de empleados». La decisión afecta a «la soberanía y la gobernanza nacional» e «instruye a una soberanía extranjera a modificar o, en ausencia de una modificación, violar sus propias leyes que prohíben la transferencia de acciones».
