Publicado: mayo 29, 2025, 1:18 am
«Una economía sólida no se mide por la fe ciega en el gobierno, sino por la certeza de que puedes pagar la renta a fin de mes»…- Macraf
Una de las funciones más importantes de las autoridades económicas es generar certidumbre. Para ello, es común encontrar en sus discursos una dosis de optimismo e incluso cierta exageración en los datos, acompañada de llamados a la calma: que la economía marcha bien, que los objetivos se están cumpliendo, que no hay presiones importantes sobre las finanzas públicas, y que se hace todo lo necesario para combatir la inflación. En resumen, que la economía es dinámica y está en constante movimiento.
Sin embargo, los datos suelen contar otra historia. Cuando eso sucede, es fundamental que las autoridades no sólo acepten la existencia de un problema, sino que también propongan soluciones concretas para mitigar los daños. Así, la función esencial de generar confianza entre inversionistas, empresarios y ciudadanos —especialmente aquellos que detentan el capital, quienes invierten, generan empleos y mueven la economía— se puede mantener.
El problema es que la actual administración parece no entender este papel. Minimiza los riesgos de una posible recesión económica y, peor aún, deja la carga de enfrentarla completamente en manos de la población. Para muestra, basta recordar las declaraciones recientes del jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien aseguró que “los hogares mexicanos tienen ahorros suficientes para afrontar una recesión”, gracias —según él— al aumento de los salarios en los últimos años y la solidez del mercado laboral.
Esta afirmación contrasta con datos concretos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que, entre enero y abril de 2025, sólo se han creado 179,289 nuevos empleos, cuando el ritmo necesario para mantener el crecimiento económico es de al menos 100,000 empleos por mes. A estas alturas, deberían haberse generado al menos 400,000 empleos, pero sólo se ha logrado la mitad. Esto deja mucho que desear sobre la supuesta “solidez” del mercado laboral.
Si se considera el dato de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, donde se indica que al cierre de 2024 el 63% de los mexicanos contaba con una cuenta de ahorro —un incremento del 18.9% respecto a 2015—, podría asumirse que el ahorro ha aumentado. Sin embargo, tener una cuenta bancaria no significa tener recursos suficientes para enfrentar una crisis. La realidad es que, aunque los salarios han subido, muchos mexicanos no logran ahorrar debido al impacto de las malas políticas públicas de los últimos años, como la crisis en el sistema de salud, donde los ciudadanos deben asumir gastos que antes eran cubiertos por el Estado.
Además, los indicadores de confianza del consumidor reflejan una caída en las expectativas: tanto las percepciones sobre la posibilidad de ahorrar como la estabilidad en el empleo disminuyeron más de un punto porcentual anual, mientras que la expectativa de mantener o mejorar el empleo cayó 2.9 puntos.
En términos de crecimiento, el PIB del primer trimestre de 2025 creció apenas 0.2% respecto al trimestre anterior, y 0.6% anual. Ambas cifras son marginales, por debajo del 1%, lo que sugiere que podríamos estar a las puertas de una contracción. La única razón por la que no se ha caído en una recesión técnica es el impulso de las actividades primarias, que crecieron 6.7% anual. En contraste, las actividades secundarias y terciarias muestran ya tasas negativas trimestrales, lo que debería encender las alertas.
Mientras tanto, la inflación en la primera quincena de mayo de 2025 se ubicó en 4.22%, superando el límite puntual del Banco de México. Esto es relevante porque, recientemente, la autoridad monetaria decidió reducir la tasa de interés bajo el argumento de que no había presiones inflacionarias significativas. La contradicción es evidente y, en lugar de dar certidumbre, genera incertidumbre.
Por si fuera poco, la presidenta ha decidido amenazar con movilizaciones si el Senado de Estados Unidos impone un impuesto del 3.5% a las remesas. En lugar de presentar soluciones, se opta por la confrontación, preocupados más por el impacto político que por proteger la economía de los hogares más vulnerables, aquellos que dependen de los programas sociales y de las remesas familiares.
La realidad es que, una vez más, serán los ciudadanos quienes carguen con los costos de la inacción. Mientras las autoridades se concentran en el discurso político y en cuidar su clientela electoral, se pierde de vista lo esencial: sentar las bases para una economía más sólida y resiliente. Sin esas bases, cualquier golpe, por pequeño que sea, termina resintiéndose con más fuerza entre los que menos tienen.
* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.
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