Publicado: diciembre 16, 2025, 5:20 pm
La Unión Europea ha dado un paso para cambiar las reglas del comercio electrónico internacional ‘low cost’. A partir del 1 de julio de 2026, los paquetes con un valor inferior a 150 euros procedentes de fuera del bloque comunitario estarán sujetos a una nueva tasa fija de tres euros. La medida busca responder a la llegada masiva de envíos principalmente desde China, impulsados por plataformas como Shein o Temu.
Otro apunte importante de la decisión acabar con la competencia desleal que estas plataformas ejercen sobre las empresas europeas que sí que están sujetas a estrictos controles de calidad con costes de producción superiores a los no comunitarios. Pero ¿a quién afecta realmente este nuevo gravamen y por qué Bruselas ha decidido actuar ahora?
¿Quién debe pagar la tasa de tres euros?
En la práctica, la tasa impacta directamente en los ciudadanos que compran productos de bajo coste en plataformas extracomunitarias. Aunque el pago no se realizará de forma directa en una ventanilla aduanera, el coste acabará trasladándose al consumidor final, ya sea integrado en el precio del producto, en los gastos de envío o en cargos adicionales al recibir el paquete.
Es decir, quienes realizan pedidos frecuentes de ropa, accesorios, electrónica barata o artículos para el hogar a través de estas plataformas notarán un encarecimiento progresivo de sus compras. El origen del problema está en una exención aduanera que la UE introdujo en 1983, cuando el comercio electrónico no existía.
Aquella norma permitía que los productos inferiores a 150 euros entraran en territorio comunitario sin pagar aranceles, con el objetivo de reducir trámites administrativos. Cuatro décadas después, esa excepción se ha convertido en una puerta de entrada para millones de paquetes al año. Solo en 2024 llegaron a la UE más de 4.600 millones de envíos de bajo valor, de los cuales el 91 % procedían de China, según datos de la Comisión Europea.
El problema de los productos no comunitarios
Las autoridades aduaneras reconocen no poder controlar adecuadamente todo lo que entra. Esto ha facilitado la llegada de productos falsificados, artículos que no cumplen con las normativas de seguridad europeas y mercancías cuyo valor real podría estar infradeclarado para evitar impuestos. Desde Bruselas consideran que esta situación genera una desventaja para las empresas europeas.
La nueva tasa de tres euros por paquete se presenta como una solución provisional. En noviembre, los Estados miembros ya acordaron eliminar por completo la exención arancelaria de los 150 euros, pero esa reforma aún necesita tiempo para aplicarse de forma efectiva. Mientras tanto, este gravamen pretende frenar parcialmente la avalancha de envíos y compensar los costes adicionales que soportan las aduanas por gestionar los paquetes.
Un enfoque ambiental
Además del impacto económico, la UE pone el foco en el aspecto medioambiental. El modelo de envíos low cost multiplica el transporte, el uso de embalajes y la huella de carbono asociada al comercio electrónico. Al penalizar este tipo de importaciones, Bruselas espera incentivar modelos más sostenibles y reducir un consumo impulsivo basado en precios extremadamente bajos.
Desde el punto de vista político, la Comisión Europea defiende que la medida busca «igualar las condiciones de competencia». El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha subrayado que no se trata de un castigo al consumidor, sino de una corrección de un sistema que ha quedado obsoleto.
