Publicado: noviembre 8, 2026, 3:00 am
Los funcionarios de los tribunales sociales alemanes están descubriendo una cara de la inteligencia artificial (IA) que seguramente no figuraba entre las promesas de esta revolución tecnológica. Cada vez más ciudadanos utilizan herramientas como ChatGPT para presentar demandas, recursos y reclamaciones que antes requerían horas de trabajo o la ayuda de un abogado. El resultado es una avalancha de miles de expedientes que amenaza con desbordar los juzgados y multiplicar la carga de trabajo de quienes debían beneficiarse de la automatización, hasta el punto de que algunas administraciones ya están pidiendo más personal para afrontar una carga de trabajo que la IA, supuestamente, iba a reducir.
En los ocho tribunales sociales de Renania del Norte-Westfalia, una de las regiones más pobladas de Alemania, las solicitudes judiciales urgentes pasaron de unas 1.400 en el primer trimestre de 2025 a 3.600 en el mismo periodo de 2026. Un aumento del 157% que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los juzgados. Los magistrados denuncian que buena parte de los escritos generados con IA son demasiado extensos, contienen errores jurídicos o solicitan procedimientos que ni siquiera corresponden.
La tecnología permite redactar una demanda en minutos, pero alguien tiene que leerla, comprobar sus argumentos y decidir si procede. Y mientras las solicitudes se amontonan, los procedimientos ordinarios en estos tribunales ya tardaban una media de 15,6 meses en resolverse en 2025.
La rebelión del papeleo
Lo que está ocurriendo en Alemania empieza a extenderse por otras administraciones europeas. En Reino Unido, el organismo encargado de supervisar el acceso a la información pública ha tenido que publicar nuevas instrucciones ante el creciente número de solicitudes redactadas con IA. Algunas contienen referencias a leyes inexistentes, peticiones desproporcionadas o argumentos que obligan a los funcionarios a dedicar todavía más tiempo a esclarecer qué reclama exactamente el ciudadano.
Y las cifras empiezan a poner nerviosos a los responsables públicos. En Escocia, los recursos presentados ante el comisionado de información aumentaron un 83% en el ejercicio 2025-2026, desde 593 hasta 1.084. El organismo también registró más de 111.000 solicitudes de información dirigidas a las administraciones, un récord que ha llevado a plantear límites al número de recursos que una misma persona puede mantener abiertos simultáneamente.
Detrás de este fenómeno hay un cambio que amenaza con alterar las reglas del juego entre los ciudadanos y el Estado. Durante décadas, reclamar una prestación, recurrir una multa o exigir información pública requería tiempo, conocimientos y, en ocasiones, dinero. Para muchas personas, el esfuerzo terminaba siendo mayor que el beneficio esperado. Ahora ya no.
El coste de presentar reclamaciones se ha desplomado, mientras el de tramitarlas sigue dependiendo de funcionarios, jueces y procedimientos administrativos. Una diferencia que puede convertirse en un quebradero de cabeza para unas instituciones acostumbradas a que buena parte de los ciudadanos desistieran antes de llegar hasta el final. Y lo curioso es que, mientras unas administraciones empiezan a sufrir las consecuencias de esta avalancha, otras están preparando importantes recortes de plantilla precisamente gracias a la IA.
¿Sobran o faltan funcionarios?
El Gobierno de Países Bajos acaba de anunciar un ambicioso plan para reducir en 25.000 puestos equivalentes a tiempo completo su administración central hasta 2035. La disminución representa aproximadamente el 16% de su plantilla y debería permitir un ahorro anual de 3.500 millones de euros. La IA será una de las herramientas para conseguirlo, junto con la simplificación de normas y la unificación de sistemas informáticos.
Eric van der Burg, el secretario de Estado encargado de impulsar la reforma, pretende que los funcionarios puedan resolver más expedientes en menos tiempo. El plan contempla también reducir trámites y extender los asistentes digitales para que los ciudadanos puedan gestionar directamente buena parte de sus solicitudes. Sin embargo, la experiencia de anteriores ajustes aconseja prudencia. El Ejecutivo neerlandés ya intentó reducir la plantilla pública en el pasado y terminó contratando más trabajadores.
España, entretanto, está siguiendo un camino diferente. El Gobierno aprobó en mayo una oferta de empleo público de 27.232 plazas para 2026, con un saldo previsto de unos 6.200 empleos adicionales respecto a las bajas y jubilaciones. En este caso, la IA figura precisamente entre las principales prioridades de esa convocatoria, que incluye más de 1.700 plazas relacionadas con las nuevas tecnologías, un 42% más que el año anterior.
La apuesta llega cuando España ya supera los 3,07 millones de empleados públicos, unos 38.400 más que un año antes, según los últimos datos de Función Pública correspondientes a enero de 2026. El Gobierno pretende digitalizar al menos otro 25% de los procedimientos administrativos y ha incorporado por primera vez plazas específicas para especialistas en esta nueva tecnología, ciberseguridad y ciencia del dato.
La cuestión es qué ocurrirá si la automatización reduce el tiempo necesario para gestionar cada expediente, pero simultáneamente dispara el número de solicitudes que llegan a las administraciones. Los tribunales alemanes ya están comprobando que ambas cosas pueden suceder al mismo tiempo.
Aunque todavía no existe una estimación fiable del posible gasto que eso puede suponer, algunos organismos han comenzado a buscar fórmulas para evitar que las reclamaciones automatizadas bloqueen sus servicios. El comisionado escocés de información llegó a plantear un máximo de cinco recursos activos por persona, después de detectar 120 recursos presentados por solo dos solicitantes durante dos meses, con indicios de que habían sido generados íntegramente mediante IA.
En Alemania, mientras tanto, la vicepresidenta del Tribunal Social Superior de Baja Sajonia-Bremen, Lioba Huss, ha advertido de que, si continúa el incremento de expedientes, tendrá consecuencias para las necesidades de personal de los juzgados. Su tribunal registró hasta agosto un volumen de recursos urgentes equivalente al 115% de todos los recibidos durante el año anterior.
