Publicado: octubre 8, 2026, 12:23 am
El Partido Popular ha reclamado este miércoles una estrategia europea contra la corrupción ambiciosa y eficaz que garantice que las normas se cumplen y que la corrupción se investiga y se persigue sin excepciones, con el fin de que «no se puedan alcanzar niveles de descontrol como los que se registran en España tras ocho años de Gobierno del PSOE», alegaron durante un debate en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.
En este sentido, los eurodiputados del PP denunciaron «el deterioro democrático e institucional de España durante los últimos ocho años» y reclamaron «recuperar la ejemplaridad, la transparencia y la confianza en las instituciones». El eurodiputado del PP y ponente de la resolución en nombre de la Comisión Libertades del Parlamento Europeo sobre la futura Estrategia Anticorrupción de la UE, Javier Zarzalejos, reclamó que la futura estrategia comunitaria «vaya más allá de la aprobación de nuevas normas y sea capaz de producir resultados concretos».
Por su parte, el eurodiputado Adrián Vázquez situó a España como uno de los principales ejemplos de la necesidad de reforzar la lucha contra este fenómeno en la Unión Europea, como demuestra «la larga relación de procedimientos judiciales y casos de corrupción que afectan a miembros del Gobierno, cargos públicos y dirigentes» vinculados al PSOE. «Un gobierno. Ocho años. Más de 15 piezas judiciales. Más de 120 imputados. Cero reformas anticorrupción», denunció Vázquez.
«Europa no necesita otra estrategia que simplemente describa el problema. Necesitamos una estrategia capaz de cambiar la realidad sobre el terreno», afirmó Zarzalejos. El eurodiputado advirtió de que «la percepción de que la corrupción queda impune puede ser tan perjudicial para la legitimidad democrática como la propia corrupción» y reclamó coherencia en la lucha contra este fenómeno. «No puede haber una cultura de integridad si la corrupción se persigue por un lado mientras la rendición de cuentas se debilita por otro», espetó.
Zarzalejos destacó que la corrupción «desvía dinero público, distorsiona la competencia económica, debilita el Estado de Derecho y socava la confianza en la democracia». Por ello, situó la prevención «en el centro de este esfuerzo» y reclamó garantías en ámbitos como «la contratación pública, la gestión de fondos públicos y europeos, el lobby y la financiación política, los conflictos de intereses y las puertas giratorias».
Asimismo, reclamó una persecución efectiva de la corrupción y «autoridades judiciales, fiscales y organismos especializados anticorrupción fuertes e independientes, con los recursos y la independencia necesarios para hacer su trabajo». En este sentido, advirtió que «no puede haber una lucha creíble contra la corrupción si quienes investigan la corrupción pueden ser presionados, debilitados o politizados«. Para garantizar que la futura estrategia no quede en una declaración de intenciones, Zarzalejos reclamó finalmente «objetivos medibles, recursos adecuados y un seguimiento efectivo».
