Publicado: julio 24, 2026, 3:46 pm
El Gobierno prevé reactivar a la vuelta de las vacaciones de verano la ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero. «Vamos a impulsar en septiembre que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos retome los trámites para formalizar la Ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero», ha detallado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En este sentido, el ministro ha explicado que esta autoridad responde a «un derecho de los ciudadanos» y tendrá como fin resolver las reclamaciones de los clientes en un plazo máximo de 90 días y sin necesidad de acudir a los tribunales.
El vicepresidente del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones tras la reunión este viernes con las patronales de las entidades bancarias y cajas de ahorro, las asociaciones de mayores y usuarios financieros, así como con el Defensor del Pueblo, la subgobernadora del Banco de España y el presidente de Correos en aras de hacer seguimiento de los avances en materia de inclusión financiera. El proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2024 e inició su tramitación parlamentaria en abril de ese ejercicio por el procedimiento de urgencia.
Sin embargo, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó en noviembre la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular (PP), con 178 votos en contra, 170 a favor y una abstención. La iniciativa sigue pendiente de la elaboración del informe de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, por lo que, más de un año después, aún no ha culminado su tramitación parlamentaria.
Desde Asufin ponen en valor el organismo porque transformará el modelo de protección, al crear una única ventanilla gratuita para gestionar reclamaciones de banca, seguros e inversión. A su vez, han subrayado que el alcance de esta autoridad se amplía por primera vez a sectores no supervisados, como las ‘fintech’, prestamistas y criptoactivos y asume competencias clave al poder resolver sobre cláusulas abusivas, normas de autorregulación y casos de fraude digital, evaluando la diligencia del cliente y exigiendo a las entidades controles que vayan más allá de la simple doble autenticación.
El organismo tendrá capacidad para dictar resoluciones vinculantes y de fuerza ejecutiva en disputas de hasta 20.000 euros o de cuantía indeterminada, mientras que las de mayor importe servirán como informe pericial en los tribunales.
El registro ‘alias’ para evitar el fraude
Al mismo tiempo, el titular de Economía ha adelantado que por motivo del incremento del fraude financiero, el grupo de trabajo también ha puesto en el centro del debate la importancia del registro de ‘Alias’, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de un registro en el que todas las empresas que tengan comunicación con sus clientes deberán ser registradas. De no hacerlo, Cuerpo ha precisado que los mensajes de estas firmas con los usuarios serían bloqueados. De este modo, ha hecho un llamamiento a que las entidades que todavía no se hayan registrado lo hagan antes del 1 de septiembre.
En este ámbito, el vicepresidente primero del Gobierno ha expuesto que las estafas se centran cada vez más en la suplantación de identidad. En cifras, ha revelado que el 90% de lo defraudado había superado la autenticación reforzada. «La suplantación de identidad y la manipulación del ordenante se dan en el 70% de los fraudes. Son ya mucho más comunes que los ciberataques que se daban hace unos años», ha remachado. Por otro lado, el grupo, que lleva cuatro años desarrollando iniciativas en consenso, también ha acordado avanzar en la creación de un mapa detallado para tener conocimiento de la accesibilidad a servicios financieros de la población. Sobre este particular, Cuerpo ha avanzado que se espera que pueda tener una versión operativa a finales de este año.
En este sentido, la presidenta de la AEB ha dicho que ya existen suficientes mecanismos de resolución de reclamaciones de los clientes bancarios, aunque se puedan mejorar para que sean más transparentes y ágiles. Ha citado los últimos datos del Banco de España, según los cuales, las reclamaciones se han reducido un 45% y un 79% de las mismas se resuelven a favor del cliente. Kindelán ha manifestado, además, que en este momento en que «buscamos una simplificación del marco regulatorio y supervisor» para la banca en Europa no es el momento para crear una nueva autoridad.
Por su parte, Antonio Romero, director general de CECA, ha señalado que la creación de una nueva autoridad administrativa independiente no es necesaria para mejorar la protección del cliente financiero, ya que España ya cuenta con supervisores financieros consolidados, con experiencia técnica, conocimiento del sector y canales de reclamación existentes. «En nuestra opinión, el camino más eficiente no pasa por crear una nueva estructura, sino por reforzar, coordinar y mejorar los mecanismos ya disponibles», ha remarcado.
Por otro lado, ha destacado que en España hay cerca de 4.000 puntos de acceso físico a los servicios financieros, lo que se suma a todo el despliegue de conectividad digital a través del cual pueden los ciudadanos relacionarse con su banco. «Entiendo que pocos servicios cuentan con este grado de cobertura», ha subrayado. «Además, los avances son especialmente significativos en los municipios de más de 500 habitantes, donde la brecha inicial de cobertura prácticamente ha desaparecido. Actualmente queda un remanente de 6 municipios», ha agregado.
Por el contrario, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, ha criticado los recortes en personal y oficinas del sector bancario, lo que limita la garantía del servicio. «Ya está bien de eliminar sucursales bancarias. Hemos pasado de 45.000 en 2008 a 17.000 ahora. Se está despidiendo y prejubilando a los trabajadores de la banca, con menos empleados difícilmente se puede dar servicios personalizados», ha censurado Fernández.
Cuerpo ha argumentado que esta prestación se enmarca en los Servicios de Interés Económico General (SIEG) encomendados a la empresa pública y que el objetivo es que esté plenamente operativa antes de que finalice el año. Se espera que la medida beneficie a cerca de 2.000 municipios, en los que residen alrededor de 250.000 personas, con el fin de asegurar el acceso a estos servicios con independencia del lugar de residencia.
