Publicado: julio 17, 2026, 1:23 am
El Tribunal de Génova, en el noroeste de Italia, dictó este jueves la primera sentencia del trágico derrumbe del puente Morandi el 14 de agosto del año 2018 en el que 43 personas perdieron la vida. El fallo determina la condena de 32 responsables de la gestión y del mantenimiento de la infraestructura.
Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de la concesionaria del puente, Autostrade per l’Italia (ASPI), ha sido el principal imputado de los 57 que se sentaron en el banquillo. Castellucci ha sido condenado a 12 años de prisión, según informan diversos medios italianos. No ha acudido a la vista porque cumple otra condena de seis años de cárcel por la muerte de 40 personas en el accidente de un autobús en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en Avellino.
El resto de condenados son antiguos directivos, gerentes y técnicos de ASPI; de la empresa encargada de supervisar la instalación, SPEA, y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes. Entre ellos figuran Michele Donferri, exresponsable de mantenimiento de ASPI y cuya pena asciende a once años; Paolo Berti, exdirector de operaciones, y Antonino Galata, exconsejero delegado, ambos a cinco años y medio de cárcel. El exdirector de vigilancia del ministerio, Mauro Coletta, ha sido condenado a cinco años de cárcel.
En total, las condenas suman 200 años de prisión, según recogen los medios. La lectura de la sentencia fue escuchada en la audiencia por los parientes de las víctimas, acompañados por la actual alcaldesa de Génova, Silvia Salis.
El juicio comenzó el 7 de julio de 2022 y ha constado de 284 audiencias. La Fiscalía de Génova solicitaba penas que sumaban casi 400 años de prisión para 56 de los acusados y la absolución de uno de ellos.
Los fiscales creen que todos tienen algún grado de responsabilidad en el derrumbe ya que, según la acusación, se conocían desde hacía años los problemas estructurales del puente y la necesidad de realizar obras de mantenimiento, aplazadas reiteradamente.
Los acusados han tenido que responder de los delitos de homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo.
En vísperas de la sentencia, Autostrade per l’Italia, cuya cúpula directiva ha sido completamente renovada desde la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana. Autostrade per l’Italia y SPEA han abonado durante estos años cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
