Publicado: julio 13, 2026, 4:27 pm
España pierde competitividad frente al resto de economías desarrolladas por cómo está configurado su sistema tributario. El país ocupa el puesto trigésimo cuarto entre las 38 economías que conforman la OCDE y ha perdido cinco posiciones desde 2018, de acuerdo con la nueva edición en español del Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 (International Tax Competitiveness Index 2025) elaborado por la Tax Foundation, un think tank sin ánimo de lucro y sede en Washington que está especializado en el análisis de políticas fiscales. A partir del análisis de estos datos, la CEOE denuncia que la presión fiscal en España es un 17% superior a la media europea y a la de los países más ricos, lo que supone un lastre para la economía nacional.
El Índice atribuye a España una puntuación de 57,9 puntos sobre 100 en términos de competitividad fiscal, por lo que se sitúa en la parte baja de esta clasificación internacional. Su nota está 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. El ranking lo lideran Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo. Son sistemas tributarios «más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico», aseguran desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudio de la patronal.
En el IEE recuerdan que, por el contrario, las economías peor posicionadas suelen caracterizarse por una mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas. El instituto toma estos datos para desarrollar su propio indicador de presión fiscal normativa, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario, y sitúa a España con una presión un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE.
La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos de PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Dado que una parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, converger con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos, según sus cálculos.
«El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica», advierten en el IEE. En 2024, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora si analizamos el esfuerzo fiscal directo, esto es, derivado de la imposición directa (fundamentalmente del Impuesto sobre la Renta y de Sociedades), donde España soporta un esfuerzo 16,5% superior a la media de los Veintisiete.
La patronal mira con preocupación lo relativo a la fiscalidad empresarial, dado que esta afecta a las decisiones de inversión, contratación, ampliación de capacidad productiva, innovación y localización de proyectos. Además, puntualizan que para las empresas, la competitividad fiscal no depende sólo del tipo nominal en Sociedades, sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales, de la complejidad normativa -el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones- y de la estabilidad del marco tributario.
«Los datos reflejan que España soporta una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB«, lamentan. En 2024, último ejercicio analizado, aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de la Unión Europea y su carga fiscal equivalió al 12,5% del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3%. Desde 2018 esta presión aumentó con más intensidad que entre sus vecinos, lo que a juicio del IEE confirma un endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, con «posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas».
Como parte del sistema fiscal, el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición relativamente desfavorable frente a su entorno europeo. El tipo nominal del impuesto alcanza el 25%, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5%, frente al 38,8% europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5% del PIB, frente al 7,1% a nivel europeo.
En España, el problema de la complejidad normativa afecta especialmente a las pymes, que son las que conforman la gran mayoría del tejido productivo y cuentan, a la vez, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión. En lo relativo a este último factor, la complejidad normativa, el índice de la Tax Foundation sitúa al país con un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100, y de la OCDE, en 103,4. Esto les lleva a tener que dedicar más horas que en otros países a tener que preparar, presentar y pagar impuestos (150 horas, frente a las 113 en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE).
