Publicado: julio 8, 2026, 3:00 am
El Gobierno aprobó el martes los objetivos fiscales para las diferentes administraciones públicas de cara al año próximo. Los límites de déficit y deuda acaban definiendo el margen que tienen para gastar la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Son una suerte de ‘colchón fiscal’ que marca cuánto se pueden desviar los presupuestos de cada sector.
España tiene que cumplir con un límite de déficit equivalente al 1,8% de su PIB en 2027 porque lo tiene pactado con la Comisión Europea en su plan fiscal estructural. Pero ese margen, ese 1,8% del PIB, se reparte en distintas proporciones según la administración. El Estado es el que se queda con más parte del paste: 1,5 puntos porcentuales. Sin embargo, la mayor parte de ese espacio lo va a destinar a transferir fondos a la Seguridad Social para tapar el agujero presupuestario de las pensiones.
En concreto, el Gobierno ha reservado dos de cada tres euros del espacio fiscal que hay para el año que viene en todo el país para financiar esas transferencias a fondo perdido a la Seguridad Social. Supondrán un 1,2% de déficit en términos de PIB, una cuantía cercana a los 23.000 millones de euros, según cuantificó el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Estas transferencias de fondos del Estado, que proceden en esencia de la recaudación de impuestos, se ejecutan todos los años para cubrir el déficit entre el dinero que ingresa la Seguridad Social en cotizaciones sociales y el gasto en pensiones, tal y como está estipulado en el Pacto de Toledo. Una parte de esa brecha se debe a lo que se denominan gastos impropios. Es decir, partidas que se abonan con cotizaciones sociales, pero que no son contributivas y, por tanto, correspondería abonarlas con impuestos. Sin embargo, el agujero en las cuentas es cada vez mayor y cada vez se emplea más dinero de impuestos para cubrir gasto que, por definición, debería sufragarse con cotizaciones.
El reparto del espacio fiscal disponible ha vuelto a ser motivo de disputa entre el Ejecutivo y las autonomías gobernadas por el PP (doce de las quince que se financian dentro del régimen común). Las comunidades populares arguyen que el Gobierno solo les permite un déficit del 0,1% del PIB, mientras que se reserva un 1,5% para el Estado y otro 0,2% para la Seguridad Social (los ayuntamientos tienen la obligación de cerrar con presupuestos en equilibrio).
Pero el Gobierno replica que, en la práctica, el margen fiscal que tienen Estado y autonomías es el mismo. El Ministerio de Hacienda entiende que, como las transferencias para abonar pensiones se llevan 1,2 puntos de PIB, a la administración central solo le quedan tres décimas de margen para el año que viene. A las que, además, habría que restar otra décima adicional que el Estado cederá a las autonomías por el reparto de ingresos del impuesto a la banca. Es decir, tanto el Gobierno como las autonomías manejarían un margen de dos décimas de PIB.
En cualquier caso, la propuesta de límites de déficit y deuda que ha lanzado el Gobierno deberá ser refrendada por el Congreso de los Diputados. Y todo hace pensar que se volverá a estrellar contra el muro parlamentario que han levantado PP, Vox y Junts. La formación neoconvergente ya ha anticipado que votará en contra cuando la iniciativa se debata en la Cámara Baja el miércoles que viene, como ya hecho en anteriores ocasiones. Un movimiento que, previsiblemente, replicarán también PP y Vox, máxime cuando el Gobierno ha planteado los mismos objetivos para las comunidades autónomas que ya fueron rechazados en 2025.
El techo de gasto sube, pero menos que el año pasado
Más allá de los objetivos de estabilidad, el Gobierno aprobó también en Consejo de Ministros el techo de gasto con el que pretende diseñar los Presupuestos Generales para 2027. Un límite de desembolso que queda fijado en 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año pasado, en el que la propuesta quedó en agua de borrajas porque no hubo cuentas públicas.
Aunque el planteamiento del Ejecutivo supondría un nuevo récord en los límites de gasto, el incremento propuesto es menor que el que lanzó el año pasado, que alcanzó el 8,5%. A diferencia de la senda de déficit, el Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para sacar adelante el techo de gasto.
