Publicado: junio 20, 2026, 12:23 pm
Miles de turistas colombianos y extranjeros quedaron bloqueados durante el lunes 15 de junio en hoteles y pueblos del Parque Nacional Tayrona durante los fuertes combates entre el Ejército Nacional de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El objetivo del operativo era capturar a un importante líder narcotraficante que consiguió escapar del cerco.
El enfrentamiento armado se inició en la madrugada de un día festivo en Colombia, afectó a la población indígena y provocó el cierre de la carretera troncal que conecta Santa Marta con la Guajira durante 24 horas.
En las imágenes tomadas por testigos se pudieron ver barricadas con árboles cortados, filas de coches inmovilizados y un autobús quemado. Tras los combates las tropas gubernamentales decomisaron fusiles, morteros, municiones y drones del grupo criminal.
Algunos empresarios denunciaron graves daños en las instalaciones hoteleras cercanas al lugar donde se desarrollaron las operaciones militares y valoraron las pérdidas como millonarias. En las imágenes mostradas en los videos se pudieron ver habitaciones destruidas, televisiones averiadas, colchones rasgados, puertas y mobiliario afectados.
La situación de inseguridad en el Caribe colombiano se suma a una caída superior al 90% de la actividad turística y a las denuncias de los empresarios sobre extorsiones que sufren por estos grupos criminales.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son un grupo armado narcoparamilitar con fuerte arraigo en Santa Marta y los alrededores. Operan principalmente en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar y creado entre 2006 y 2008 como herederas del Bloque Resistencia Tayrona, un antiguo grupo armado de las Autodefensas de Colombia.
Controlan las rutas estratégicas de narcotráfico hacia el Caribe, así como redes de extorsión locales y mantienen una fuerte disputa territorial con el Clan del Golfo, uno de los carteles más duros de América Latina. El aumento de los enfrentamientos entre ambos grupos criminales por uno de los corredores más estratégicos del narcotráfico ha deteriorado la situación de seguridad en los últimos meses en toda la región.
Informes de inteligencia militar colombiana aseguran que esta zona montañosa es utilizada para el tránsito de grandes cargamentos de cocaína y clorhidrato de cocaína hacia el mar Caribe con destino Centroamérica y Estados Unidos.
En los últimos años, países como Costa Rica, paraísos del turismo, se han convertido en sucursales estratégicas donde los narcos colombianos y mexicanos guardan los excedentes de cocaína. La debilidad institucional de un país que no tiene ejército y una policía muy corrupta ha posibilitado que Costa Rica sea una ruta clave para la exportación de cocaína a Estados Unidos y Europa, según informes de la DEA, la agencia federal estadounidense que combate el narcotráfico.
El ejército colombiano tuvo que mandar refuerzos para controlar los territorios afectados por los combates. La operación militar incluyó un amplio despliegue aéreo y terrestre. La Fuerza Aeroespacial Colombiana participó con varias aeronaves en la persecución de los narcotraficantes, además de unidades especializadas del Ejército que se desplegaron en la zona para expulsar a los grupos armados de las principales vías comunicación.
Colombia vive ensombrecida por varios conflictos armados con bandas criminales que han disparado el número de homicidios durante el último año. La población rural de varios departamentos del Pacífico, la frontera con Venezuela y el sur del país también sufre los combates entre diferentes carteles del narcotráfico y la minería ilegal y el ejército y la policía colombianas.
El Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, es la organización criminal y narcotraficante más grande y poderosa del país, con entre 7.000 a 10.000 miembros. Aunque su mayor bastión histórico se encuentra en el golfo de Uraba, con una frontera selvática con Panamá muy difícil de vigilar, este grupo armado ha ampliado sus operaciones y su influencia criminal en más de 400 municipios de 17 departamentos, que suponen más de la mitad de los 32 en los que está dividido administrativamente el país.
Sus principales ingresos provienen del tráfico transnacional de cocaína pero también consiguen lucrarse de la minería de oro, la extorsión y los secuestros, la prostitución y el control de los flujos migratorios irregulares. El gobierno de Estados Unidos ha catalogado a este cartel como una organización terrorista y ha ordenado la persecución internacional de sus cabecillas y sus finanzas.
En agosto de 2024 comenzó formalmente una negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los responsables de este grupo criminal. La mayor parte del diálogo se desarrolló en Qatar, país que actuó como mediador. El objetivo era el desarme y la integración en la vida civil con la creación de las llamadas Zonas de Ubicación Temporal para concentrar a los combatientes.
La generosidad del estado avanzó hasta la suspensión de las órdenes de captura de los cabecillas. Pero en febrero de 2026 se rompieron las negociaciones cuando el gobierno colombiano pactó con Estados Unidos reforzar la cooperación para capturar a los cabecillas al conocer que el cartel se había reforzado militarmente durante las negociaciones.
En otras zonas del país, especialmente en los departamentos bañados por el Pacífico, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, una guerrilla que desmovilizó a la mayoría de sus combatientes a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, y el ELN, la guerrilla más activa y antigua de Colombia y quizá del mundo, fundada hace más de sesenta años en julio de 1964, por el control de los corredores de la cocaína, ha provocado graves desplazamientos y confinamientos de la población civil, atrapada entre varios fuegos.
El Clan de Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC acumulan a la inmensa mayoría de los 27.000 combatientes ilegales que hay desplegados en el país. Pero también existen decenas de grupos criminales y centenares de organizaciones de delincuencia organizadas cuya atomización dificulta la lucha del estado por imponer el orden público.
Los dos carteles mexicanos más temidos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, han creado sus propias estructuras locales en Colombia y tienen presencia en los departamentos costeros, clave para la salida de los cargamentos de cocaína. En algunas zonas del país han creado alianzas con los carteles locales y han reforzado sus redes de sicarios. Además, en las grandes capitales del país como Bogotá, Medellín y Cali, han conseguido fortalecer sus actividades financieras ilegales orientadas al lavado de dinero.
