Publicado: junio 17, 2026, 11:23 am
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el reglamento de retornos que, entre otras cosas, incluye el texto legal a partir del cual se permite la creación de centros de detención de migrantes en terceros países, es decir, fuera de la UE. España ya ha dejado claro que se opone a este modelo; el texto legal no obliga a su creación, pero sí da un paraguas a los socios que quieran recurrir a ello, como ha pasado con Italia, que los ha desarrollado ya en Albania.
En general, el reglamento recoge más exigencias para el asilo, retornos más rápidos. No obstante, el Gobierno ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera. Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. Esta normativa se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.
En este sentido, España ha sido identificada oficialmente como un «Estado miembro bajo presión migratoria». Esta etiqueta permite al país ser beneficiario del nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria, que asegura que los Estados miembros reciban el apoyo necesario. El sistema ofrece flexibilidad a los socios europeos, quienes pueden elegir entre realizar reubicaciones de migrantes, aportar contribuciones financieras o brindar apoyo operativo.
El control tecnológico será otro pilar fundamental con la expansión de Eurodac, que se convierte en una base de datos de asilo y migración integral. Este sistema ya no se limitará solo a solicitantes de protección, sino que recogerá datos de todas las personas que entren de manera irregular a Europa. Interior ha señalado la necesidad de desarrollar nuevos sistemas informáticos para «facilitar la interoperabilidad» entre las autoridades policiales y de acogida.
No obstante, el Gobierno español ha marcado distancias en puntos polémicos, como la creación de «centros de retorno» fuera de territorio comunitario. El Ministerio del Interior ha subrayado su oposición a estos centros de internamiento en terceros países, alegando que plantean «serias dudas» sobre su «legalidad y proporcionalidad».
Con ello, España descarta utilizar este modelo en su gestión migratoria, a pesar de que el nuevo reglamento de retorno lo permita. En todo caso, esa vía, acordada por las instituciones de la UE hace menos de un mes, no es un mandato estricto: quedará a discreción de los países si recurrir a ella o no; la mayoría, de hecho, están a favor de que se facilite, pero España se ha mostrado siempre como la principal opositora al llamado ‘modelo Meloni’, bautizado así porque Italia fue quien estrenó este sistema desarrollando centros de retención en Albania.
