Publicado: junio 12, 2026, 4:23 am
La Unión Europea estrena este viernes su pacto migratorio, cerrado hace más de dos años tras más de una década de negociaciones y que empieza ahora a funcionar pero con ciertos matices y pendiente de ajustarse. Además, su aplicación recae en manos de los Estados miembros, que son los que tienen la competencia en materia migratoria. En general, el acuerdo recoge más exigencias para el asilo, retornos más rápidos y queda todavía pendiente del marco legal que dará Bruselas para que los países puedan recurrir a los centros de retención de migrantes en terceros estados, una opción a la que España no se acogerá. De hecho, es el Estado miembro más crítico con el acuerdo, pese a haberlo aceptado en la negociación a 27.
De hecho, la puesta en marcha del pacto coincide precisamente con la visita del papa León XIV a Canarias para atender y preocuparse por la situación de la migración en las islas. No obstante, el Gobierno ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera. Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. Esta normativa se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.
Así lo explicó este jueves el Ministerio del Interior en un comunicado. «El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final», sostuvo al respecto el ministro, Fernando Grande Marlaska. En este sentido, el Ejecutivo ha destacado que apuesta por un «enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes» en estos puestos fronterizos. Para asegurar el cumplimiento de estas garantías, los migrantes contarán con asistencia jurídica, la intervención de ACNUR y la posibilidad de solicitar un reexamen de su caso si la petición inicial es denegada. Según Interior, el pacto «mejora la detección de vulnerabilidades a través de una evaluación individual temprana».
Además, Interior ha aclarado que, bajo el nuevo paquete normativo comunitario, se dejarán de reconocer y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias. Esta medida afecta directamente a colectivos que se han beneficiado de ella de manera recurrente en los últimos años, como es el caso de los ciudadanos venezolanos en exilio por la dictadura chavista.
El paraguas europeo es restrictivo para los más críticos y un paso adelante para quienes defienden el acuerdo, como es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «La migración es un reto europeo que debe abordarse con una solución europea. Una solución eficaz, justa y firme», expuso, y defendió que el acuerdo genera «fronteras exteriores más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos más eficientes en materia de asilo y retorno». Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a los ‘aliados’ del bloque comunitario: «Para abordar juntos las causas profundas de la migración, seguimos reforzando nuestras relaciones con socios internacionales».
Y es que el acuerdo se apoya en lo que la Comisión define como «reglas firmes pero justas» diseñadas para gestionar y normalizar la migración a largo plazo. Se busca garantizar, explica Bruselas que «ningún país de la UE se quede solo bajo presión», reforzando la seguridad en las fronteras exteriores mediante un sistema de triaje común que incluye controles de salud, identificación y seguridad obligatorios para todos los que lleguen de forma irregular.
La migración es un reto europeo que debe abordarse con una solución europea
En este sentido, España ha sido identificada oficialmente como un «Estado miembro bajo presión migratoria». Esta etiqueta permite al país ser beneficiario del nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria, que asegura que los Estados miembros reciban el apoyo necesario. El sistema ofrece flexibilidad a los socios europeos, quienes pueden elegir entre realizar reubicaciones de migrantes, aportar contribuciones financieras o brindar apoyo operativo.
El control tecnológico será otro pilar fundamental con la expansión de Eurodac, que se convierte en una base de datos de asilo y migración integral. Este sistema ya no se limitará solo a solicitantes de protección, sino que recogerá datos de todas las personas que entren de manera irregular a Europa. Interior ha señalado la necesidad de desarrollar nuevos sistemas informáticos para «facilitar la interoperabilidad» entre las autoridades policiales y de acogida.
No obstante, el Gobierno español ha marcado distancias en puntos polémicos, como la creación de «centros de retorno» fuera de territorio comunitario. El Ministerio del Interior ha subrayado su oposición a estos centros de internamiento en terceros países, alegando que plantean «serias dudas» sobre su «legalidad y proporcionalidad». Con ello, España descarta utilizar este modelo en su gestión migratoria, a pesar de que el nuevo reglamento de retorno lo permita. En todo caso, esa vía, acordada por las instituciones de la UE hace menos de un mes, todavía tiene que concretarse y quedará a discreción de los países si recurrir a ella o no; la mayoría, de hecho, están a favor de que se facilite, pero España se ha mostrado siempre como la principal opositora al llamado ‘modelo Meloni’, bautizado así porque Italia fue quien estrenó este sistema desarrollando centros de retención en Albania.
Uno de los líderes que más ha celebrado la entrada en vigor del pacto de migración y asilo ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz. «Se trata de un paso significativo, sí, un paso importante, el más importante hacia la solución de este problema«, dijo al respecto este jueves en una comparecencia en el Parlamento germano. De hecho, el país ha pasado en 10 años de la política de «puertas abiertas» aplicada por Angela Merkel ante la crisis siria a unas medidas más restrictivas, incluso con controles en fronteras interiores de la UE, algo que Bruselas ya ha reclamado que se retire.
«Estamos viendo una clara disminución de las entradas irregulares, tanto en Alemania como en Europa. Esta tendencia continuará si ahora la reforma se aplica de manera efectiva en todos los Estados miembros de la UE», sentenció Merz en un mensaje para el resto de socios comunitarios. Esos «resultados» son los que ha celebrado también la Comisión Europea en la víspera de la entrada en vigor. «El nuevo enfoque ya está dando buenos frutos, con una disminución del 55% en los cruces ilegales de fronteras en comparación con hace dos años», revelaron.
La crítica de las ONG
La mayor crítica a las medidas llega desde las ONG. «Llevamos años dando seguimiento a la negociación, aprobación e implementación por parte de España de estos pactos, para contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque basado en los derechos humanos de estas personas», reaccionaron las organizaciones en un comunicado remitido por Amnistía Internacional. «En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el pacto al contexto nacional», añadieron por ejemplo desde CEAR, quienes creen que el acuerdo «amenaza los derechos de la población migrante y refugiada».
«Ante esta situación de cierta incertidumbre y preocupación, exigimos al Gobierno y el resto de las fuerzas políticas que garanticen la transparencia y el acceso a información sobre los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del pacto que ahora entrará en vigor», terminaron, con la mirada puesta en cómo España va a aplicar un acuerdo que tardó en llegar y que ahora se ‘estrenará’ envuelto en dudas y con división entre quienes lo celebran y quienes lo ven un retroceso.
