Publicado: junio 11, 2026, 12:26 pm
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición de ley para que los trabajadores que han cotizado en mutuas profesionales (abogados, médicos, arquitectos…) puedan trasladar esas contribuciones económicas a la Seguridad Social. Numerosos colectivos profesionales llevan años denunciando que la pensión que les deja la mutualidad es muy baja y han reclamado el traspaso al régimen de autónomos, que garantiza una prestación mínima más generosa en muchos casos.
El texto viaja ahora al Senado, donde se podrán introducir enmiendas y será devuelto a la Cámara Baja donde, previsiblemente, saldrá adelante de nuevo. La iniciativa ha salido adelante en el Congreso con 180 votos a favor, 168 abstenciones (PP y Vox) y ningún voto en contra.
La norma permitirá que unos 100.000 mutualistas como arquitectos, ingenieros, gestores administrativos, abogados, procuradores o médicos puedan ‘comprar’ cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión. Hasta ahora, muchos de estos profesionales quedaban fuera del radar de la Seguridad Social. En lugar de cotizar como autónomos, su protección social estaba o está a cargo de mutuas profesionales privadas a las que han ido contribuyendo a lo largo de su carrera.
Sin embargo, tal y como recoge el texto de la proposición de ley, este sistema ha dado lugar a prestaciones que «en algunos casos han quedado muy por debajo del nivel de cobertura que esperaban y, en ocasiones, por debajo del importe que habrían obtenido de haber estado encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos».
Algunas de esas mutuas profesionales son anteriores incluso al nacimiento de la Seguridad Social. Cuando se constituyó el régimen de autónomos en los años setenta, los colegios profesionales afectados no se integraron en él. En los años noventa, la integración pasó a ser obligatoria por ley, pero se permitió a los colegios que ya tuvieran mutuas constituidas previamente pudieran elegir entre integrarse en la Seguridad Social o permanecer en la mutualidad.
El funcionamiento de estas mutuas es diferente al del sistema público de pensiones. En este sistema, el trabajador hace una aportación que decide él y, a cambio, obtiene una protección social. A menudo, esas aportaciones son bajas, lo que genera derecho a pensiones muy reducidas. De hecho, incluso a igual aportación que en el sistema de Seguridad Social, derechos como los complementos a mínimos o la revalorización con el IPC que sí ofrece el sistema público no están garantizados.
Una pasarela que no es igual para todos
La proposición de ley establece un sistema -una especie de pasarela- voluntario para que los profesionales puedan canjear las contribuciones económicas hechas a la mutua por cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma, quedarían protegidos por el sistema público, que en muchos casos dará lugar a prestaciones más generosas. Una vez hecha la conversión, el mutualista queda irreversiblemente integrado en el RETA.
Esta pasarela será, de hecho, más favorable incluso de lo que estaba previsto inicialmente. En un primer momento, la proposición de ley excluía a los mutualistas ya jubilados y también a aquellos que habían cotizado a la Seguridad Social el mínimo para tener derecho a una pensión (15 años). Sin embargo, una enmienda impulsada por el Partido Popular ha eliminado esos requisitos, que incrementarían sustancialmente el número de beneficiarios y el impacto económico sobre las arcas de la Seguridad Social.
La proposición de ley da un año de plazo a todos los profesionales que quieran transferir los derechos económicos de sus mutualidades a la Seguridad Social. Un canje que estará exento de pagar IRPF, pero que no se producirá en términos de equivalencia en todos los casos. Es decir, cada euro contenido en la mutualidad no se traducirá siempre en un euro en cotización adquirida.
La norma da las líneas generales para calcular los años de cotizaciones a los que tendría derecho cada mutualista y la base de su pensión. En concreto, establece que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que le habría correspondido al profesional si hubiera sido autónomo y no mutualista. Esa base se actualizará con unos parámetros que todavía se tienen que definir mediante un reglamento y sufre una penalización para descontar las contingencias que no estaban cubiertas por las mutuas, pero sí en la Seguridad Social.
Esa penalización se plasma en un coeficiente de 0,77 sobre esa base de cotización estimada. En la práctica, esto se traduce en que cada euro aportado a la mutualidad no se convertirá en un euro cotizado al RETA. En consecuencia, cada año contribuido en la mutualidad no se canjeará por un año cotizado en el régimen de autónomos. Sin embargo, se establece una excepción para los mutualistas mayores de 52 años, para quienes cada mes cotizado en la mutualidad se convertirá en un mes cotizado a la Seguridad Social.
La proposición de ley incluye también cambios en las condiciones de las mutualidades alternativas para los profesionales que decidan permanecer en las mismas. De tal forma que las prestaciones que ofrezcan las mutuas deberán ser al menos iguales a las mínimas que ofrece el sistema de Seguridad Social. Para ello, se prevé que la cuota que abonan los mutualistas se vaya incrementando hasta alcanzar progresivamente la base mínima que les correspondería si cotizaran en el régimen de autónomos.
Una vez se haya aprobado la norma definitivamente, el Gobierno deberá elaborar un reglamento en el que termine de perfilar los detalles técnicos de la pasarela. En concreto, en lo que se refiere a cómo se actualizarán las bases mínimas de cotización. Cuando se haya aprobado el reglamento, los mutualistas dispondrán de un año para solicitar el traspaso a la Seguridad Social.
