Publicado: junio 1, 2026, 3:32 pm
El Gobierno vuelve a la carga con la reforma de la financiación autonómica. Transcurridos ya dos meses desde que Arcadi España asumió la cartera de Hacienda de María Jesús Montero, el ministerio ha empezado ahora a enviar cartas a los gobiernos autonómicos para concertar reuniones «de manera inmediata» e ir concretando fechas para avanzar con el proceso.
Las citas con los gobiernos regionales son el paso previo necesario a la celebración de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Hacienda buscará aprobar el nuevo modelo. Algo que no será difícil dado que solo necesitaría el voto afirmativo de Cataluña para conseguirlo. La normativa de este foro otorga la mitad de los votos al Gobierno y la otra mitad se reparte entre cada una de las autonomías.
Una vez superado el trámite del CPFF, la propuesta llegaría a Consejo de Ministros ya articulada en un texto para después viajar al Parlamento, donde el ministerio confía en conseguir el visto bueno de las Cortes antes de que acabe el año. Algo sumamente complicado, ya no solo porque el Ejecutivo no tiene una mayoría suficiente en para sacarla adelante, sino por lo apurado de los plazos. Más aún tratándose de una ley orgánica, que necesita de mayoría absoluta.
La ronda de encuentros con las autonomías la pilotará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, uno de los cerebros detrás de la propuesta estrella de Montero para resolver el entuerto del reparto de recursos. Las reuniones serán presenciales o telemáticas, en función de la disponibilidad o lo que prefieran los gobiernos autonómicos y están convocadas todas las comunidades de régimen común (Navarra y País Vasco tienen sus propias reglas), además de Ceuta y Melilla.
21.000 millones para convencer a las autonomías
El planteamiento del ministerio pasa por tentar a las comunidades con 20.975 millones de euros más de financiación que el Estado sacaría de sus arcas para ponerlo a disposición de las autonomías para que todas ganen recursos. Sin embargo, la reforma que presentó María Jesús Montero, nacida tras un pacto con ERC, y que ahora defenderá Arcadi España también altera los mecanismos de reparto.
Con el nuevo sistema, la comunidad que más mejoraría su financiación por habitante ajustado (una variable del sistema que mide la población en función de sus necesidades) sería Cataluña. Según estimaciones de Fedea, esta comunidad pasaría a recibir 507 euros más de los que disfruta actualmente lo que la colocaría como la tercera mejor financiada del país. La reforma ampliaría también notablemente los recursos a Comunidad Valenciana (que recibiría 496 euros más por habitante ajustado), Murcia (468 euros), Baleares (450 euros), Madrid (409) y Andalucía (367).
Sin embargo, el bloque de las autonomías que se consideran infrafinanciadas con el sistema actual (Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana) seguiría obteniendo menos recursos que la media, aunque mejoraría su posición relativa en el reparto y también sus ingresos por habitante.
Además, la propuesta del Gobierno introduce cambios sustantivos en la solidaridad interterritorial, uno de los puntos más polémicos del sistema. Si la reforma prosperase, Cataluña reduciría su aportación a la solidaridad con el resto de autonomías un 64%, pasando de los 2.266 millones actuales a 810 millones. Mientras que la contribución de Madrid se mantendría en el entorno de los 8.000 millones, una cifra similar a la actual que dejaría a la capital prácticamente como el único territorio que cedería de sus recursos para ayudar a los demás.
Los primeros detalles que trascendieron de la reforma apuntaban a una suerte de ‘cupo catalán’ al estilo de los que disfrutan País Vasco y Navarra, que se encargan de recaudar y gestionar ellas mismas los tributos que se pagan en su territorio. Sin embargo, a medida que el Gobierno ha ido concretándola se parece más a un retoque del sistema actual, pero con fuerte acento catalán.
Salvo sorpresa, se espera que la mayoría de las comunidades autónomas rechaza la propuesta de Hacienda. Lo previsible es que los gobiernos del PP -que controla doce de las quince autonomías de régimen común- hagan frente común y se opongan al sistema, aunque algunas mejorarían considerablemente su posición actual.
Además, la música tampoco gusta en dos de las tres comunidades restantes, donde gobiernan los socialistas. El ejecutivo asturiano que lidera Adrián Barbón rechaza el plan si no se introducen cambios y en Castilla-La Mancha, que dirige Emiliano García-Page, la oposición es frontal. Solo la Generalitat catalana que preside Salvador Illa ve con buenos ojos la iniciativa, al menos de momento.
Sin embargo, la gran clave está en este momento en el equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados. Si el Gobierno consigue convencer a todos los socios de investidura, la ley saldría adelante y pondría en un brete a los gobiernos autonómicos, que tendrían que decidir si se adhieren o no a un sistema que pone un dinero extra sobre la mesa que algunas necesitan verdaderamente.
Por el momento, el Ejecutivo no cuenta con mayoría suficiente. Junts, pieza clave en todas las votaciones parlamentarias, ya trasladó su rechazo a la propuesta, que ve insuficiente en términos económicos para corregir el déficit fiscal que, según su criterio, sufre Cataluña.
