Publicado: abril 30, 2026, 2:39 pm
El nuevo marco normativo sobre ascensores en España ya ha empezado a dejarse notar en miles de comunidades de vecinos. La aprobación del Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, que incluye la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, obliga a adaptarlos a los nuevos estándares de seguridad, lo que en muchos casos se traduce en derramas que pueden alcanzar los 40.000 euros.
La normativa, aprobada en 2024 y posteriormente actualizada, tiene como objetivo reforzar la seguridad de unos dispositivos que forman parte del día a día de millones de personas. Para ello, establece una serie de requisitos técnicos que deben cumplir los ascensores, especialmente aquellos más antiguos, con el fin de reducir el riesgo de accidentes.
Reformas obligatorias para mejorar la seguridad
Entre las principales exigencias se encuentran la nivelación de la cabina a ras de suelo para evitar tropiezos, la instalación de barreras fotoeléctricas en las puertas —más seguras que las antiguas fotocélulas— y la incorporación de sistemas de comunicación bidireccional que permitan contactar con emergencias en caso de que alguien se quede atrapado.
Además, los ascensores deberán contar con mecanismos que impidan su funcionamiento si se supera el peso máximo autorizado, así como sustituir elementos obsoletos como las guías de madera o cilíndricas por otras de acero más modernas y seguras.
Estas actuaciones no implican sustituir el ascensor completo, pero sí adaptarlo a los estándares actuales. En la práctica, esto supone que los aparatos con más de 20 años serán los que, con mayor probabilidad, tendrán que afrontar reformas de mayor envergadura.
Derramas obligatorias para los vecinos
El impacto económico de estas adaptaciones puede variar. En los casos más sencillos, el coste puede situarse entre 800 y 1.000 euros. Sin embargo, cuando es necesario acometer intervenciones más profundas, como el cambio de guías o del sistema de tracción, la factura puede dispararse hasta los 15.000, 30.000 o incluso más de 40.000 euros.
El pago de estas actuaciones deberá ser asumido por los vecinos mediante derramas obligatorias. Tal y como establece la Ley de Propiedad Horizontal, se trata de obras necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad del edificio, por lo que todos los propietarios están obligados a contribuir.
La normativa no exige una adaptación inmediata. Las reformas serán obligatorias tras la primera inspección periódica del ascensor. En caso de que el resultado sea desfavorable, la comunidad dispondrá de un plazo de entre tres y 10 años para ejecutar las mejoras, en función de su gravedad.
