Publicado: abril 18, 2026, 6:19 am
En Estados Unidos ya se había convertido en un tema de debate en el congreso. Aunque se pueda presuponer que todo comenzó tras las numerosísimas quejas de los y las swifties durante la última gira de Taylor Swift, la llamada The Eras Tour, ante la imposibilidad de conseguir entradas si no era a unos precios abusivos y muy lejos de los anunciados, ya en los años 90 el grupo Pearl Jam se había enfrentado a Ticketmaster por el mismo motivo. Y de hecho, este pasado miércoles un jurado norteamericano determinaba que el gigante del entretenimiento Live Nation, el cual ahora posee a la citada empresa de venta de tickets, estaba ejerciendo un monopolio, lo que violaba las leyes tanto federales como estatales.
Esto, junto a la reciente firma hace un par de semanas que el presidente Donald Trump estampó en una orden ejecutiva contra la reventa de entradas y la especulación en el precio de los conciertos —en resumen se denunciaba que esta empresa estaba utilizando bots para comprar entradas de forma masiva y así poder revenderlas con grandes márgenes de beneficios en otras webs que también pertenecían a la compañía—, confirmaba una tendencia hacia la seguridad de los espectadores, y de sus bolsillos, que, se venía diciendo y barruntando, podía tener repercusiones a nivel mundial.
No ha habido que esperar demasiado. El regreso a los escenarios de Céline Dion a París el próximo otoño ha sido el pistoletazo de salida para que Francia comience a debatir abiertamente sobre el precio que están pagando los usuarios por la entrada de uno de sus conciertos, lo que atañe además a la cuantía que recauda el estado y a lo que se deriva a otras operaciones artísticas y musicales. A pesar de que ya eran muchos los cantantes y bandas que se habían posicionado en contra de la fórmula de Ticketmaster, que casi siempre acababa añadiendo una nueva remesa de entras o sumando en ciertas ciudades un nuevo espectáculo —lo que de facto significaba más beneficios—, se precisaba de la acción gubernamental.
No es nada nuevo, pues también en nuestro país es fácil sentirse identificado o identificada con los fans franceses que este pasado 10 de abril, el último día para intentar conseguir entradas para uno de los conciertos que la artista canadiense, que acaba de cumplir 58 años, dará en la capital gala, se encontraban en mitad de una cola virtual para intentar conseguir uno de los preciados pases. Y, sin embargo, veían cómo, en algunos casos, tenían por delante a cerca de un millón de personas, mientras que en las webs de reventa, más rápidas, se iban aumentando los precios de manera progresiva.
Y es que es un modus operandi conseguía que unas entradas que en teoría iban a rondar, como apuntan desde Vanity Fair, unos 90 euros, acabaran costando, en los precios más caros, entre los 460 y los más de 1.000 euros, a pesar de que se había anunciado que no ascenderían a más de 300 euros. «Es demasiado caro», se han quejado los fans en declaraciones recogidas por la cadena de televisión TF1. Una realidad que ha llegado hasta el senado francés, pues ha sido allí donde este 15 de abril la cuestión del incremento de los precios y cómo repercute esto en la financiación de la cultura ha entrado de lleno.
Sobre todo porque el debate público ahora tiene un nuevo enemigo: la tarificación dinámica. Se trata de un mecanismo que ya es harto conocido por los consumidores y cuya idea va en contra de su cuenta corriente si les gusta algún artista que tenga bastante popularidad. Porque si aumenta la demanda, aumentan igualmente los precios. Eso hace que se lleguen a cifras astronómicas con ciertos nombres y es la base de las quejas de la senadora socialista Karine Daniel, que ha revelado que hay importes que han llegado a alcanzar los cinco dígitos, con entradas incluso a 12.000 euros, solo aptas para muy selectos bolsillos.
«Muchas personas han acabado pagando entradas al triple del precio anunciado… Y sin importar el asiento», ha afirmado la política francesa, añadiendo: «Este impulso [de comprar una entrada] por amor a Céline Dion no debe acabar en el sometimiento a un fraude». Daniel ha explicado en su cuenta de Instagram que ha hablado con la ministra de cultura francesa, Catherine Pégard, con respecto a las dos grandes cuestiones que esto plantea.
Por un lado, le ha pedido un seguro de que se están cumpliendo las normas y si la popularidad de Céline Dion y sus conciertos acabarán o no con una investigación formal; y, por el otro, la cuestión sobre dónde va el dinero generado por la venta de entradas. Porque «los 16 conciertos de Céline Dion van a a reducir inevitablemente la financiación de festivales y artistas emergentes», ya que «la recaudación del impuesto sobre la venta de entradas está limitada, y aproximadamente 17 millones de euros irán a parar al Ministerio de Hacienda en lugar de a la creación artística, mientras que el 50 % de los festivales con entradas agotadas operan actualmente con pérdidas». Daniel sostiene que «es urgente eliminar el límite a los ingresos fiscales y apoyar las iniciativas creativas».
Y es que de lo recaudado una parte irá destinada al Centro Nacional de la Música (CNM), el cual es el encargado de apoyar la creación artística. Sería lógico pensar que a mayor recaudación, más financiación del sector, pero en la práctica no es tan halagüeña como la teoría. «Más allá de un determinado nivel de ingresos fijado por la Ley de Presupuestos, varias decenas de millones de euros pueden dejar de redistribuirse al CNM y revertir directamente a las arcas del Estado», puntualizan desde el HuffPost, algo que la senadora considera «absurdo» y que manifiesta la contradicción clave: los conciertos más rentables no son los que más apoyan al resto de artistas.
