Publicado: enero 1, 2026, 5:00 am
Al igual que el termómetro, el salario mínimo interprofesional (SMI) inicia el nuevo año congelado. En su caso, en los 1.184 euros al mes por catorce pagas que alcanzó en 2025. El Ministerio de Trabajo tiene pendiente convocar a lo largo de este mes a los agentes sociales para negociar un nuevo incremento. El acuerdo se antoja difícil y, al menos hasta la fecha, el departamento de Yolanda Díaz está más cerca de pactar el alza sólo con los sindicatos… por sexto año consecutivo. Sin embargo, el principal escollo de la negociación entre el Ejecutivo, la patronal y los representantes de los trabajadores no está tanto en la cuantía de subida del salario mínimo, como en la reforma de las reglas de absorción y compensación que pretende aprobar el ministerio y a la que se opone la CEOE.
Recientemente, fuentes de Trabajo confiaban en que el incremento de la retribución mínima legal pudiera aprobarse antes de finales de este mes para entrar en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La otra incógnita importante, que el SMI escape o no de la tributación en el IRPF, dependerá la cuantía de la subida. La intención de Trabajo es que si hubiera que declararlo su incremento sea mayor, si bien la última palabra al respecto la tendrá el Ministerio de Hacienda que, de hecho, está estudiando ampliar la deducción vigente por la que el salario mínimo no se ve afectado por ese tributo.
En función de esta variable, el comité de expertos formado por miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos ha puesto sobre la mesa una doble propuesta de aumento del salario mínimo. Apuestan por elevarlo un 3,1% (en 37 euros al mes hasta los 1.221 euros mensuales) si sigue sin tributar o un 4,7% (en 56 euros al mes hasta los 1.240) si pasa a hacerlo. El Gobierno creó esta comisión a principios de 2021 para establecer el ritmo de subida que la retribución debe seguir hasta alcanzar el 60% del salario medio, como fija la Carta Social Europea.
La propuesta de los expertos difiere de la de los sindicatos, partidarios de un alza del 7,5% a 1.273 euros y de que el SMI empiece a tributar en renta (tras hacerlo la subida pasaría a ser del 2,7% hasta 1.216 euros netos al mes). También se encuentra alejada de la de los empresarios, que han puesto sobre la mesa un aumento del 1,5% a 1.202 euros brutos al mes, que la retribución pase por renta y que se cumplan las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores.
El principal punto de fricción
Esto último supone el principal punto de fricción con el Gobierno y con CCOO y UGT. El Ejecutivo quiere reformar dichas reglas para fijar límites a la absorción de la subida del SMI en los pluses que pagan las empresas a sus trabajadores, como los de nocturnidad, antigüedad, productividad o por trabajar en días festivos, por ejemplo. El líder de la patronal, Antonio Garamendi, ha amenazado con acudir a la Justicia si esto sucede. «Rompería muchos convenios», advertía recientemente Garamendi, recordando que puede haber complementos distintos en una plantilla.
La última vez que CEOE y Cepyme dieron su respaldo al aumento del SMI fue en 2020, cuando la retribución pasó de 900 a 950 euros mensuales. Pese a que Trabajo no está obligado a negociar el incremento, tradicionalmente intentaba lograr un acuerdo con sindicatos y empresarios para fijar esa subida, una situación que no se ha dado en los últimos cinco ejercicios.
El sueldo más frecuente
En los últimos siete años el salario mínimo ha subido cerca del 61%, lo que ha situado su cuantía en la franja salarial más frecuente. Esto ha provocado que la retribución deje de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia, como puso de manifiesto hace apenas unos días la comisión de expertos. Su incremento ha provocado la concentración de asalariados «en una estrecha banda salarial en torno al salario mínimo (…) con el peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda», sostiene su informe.
Esto se debe a la falta de trasmisión al conjunto de la estructura salarial del aumento del SMI, que se ha movido desde los 735,90 euros brutos al mes en 2018 a los 1.184 euros en 2025. En la encuesta de estructura salarial del año 2023, la última disponible, el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica que el desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos a la franja de los 15.000 a los 16.000 euros brutos anuales, que ese ejercicio supusieron uno de cada cuatro.
