Publicado: diciembre 27, 2025, 5:30 am
Venezuela cierra el año prácticamente fuera del sistema petrolero internacional. Tras la decisión de Estados Unidos de restablecer en octubre las sanciones que limitan la exportación de crudo, el acceso a financiación y penalizan a empresas que negocien con la petrolera estatal, el petróleo venezolano vuelve a quedar atrapado en su propio país.
Esto coincide con las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el gobierno de Nicolás Maduro, afirmando que Caracas «utiliza el petróleo como instrumento de financiación de actividades ilícitas» y señalando directamente a PDVSA como una estructura capturada por redes criminales.
Aunque estas declaraciones no tienen, por sí solas, efectos jurídicos inmediatos, sí refuerzan el clima político que rodea las sanciones y endurecen el consenso bipartidista en Washington a favor de mantener la presión.
El resultado es una tormenta de baja intensidad, pero persistente: sin guerra declarada, sin bloqueos navales, pero con suficiente ruido político y militar como para que bancos, aseguradoras, operadores y navieras prefieran mantenerse al margen. Solo una serie de decisiones administrativas que, una tras otra, han conseguido asfixiar a PDVSA con papeles.
Freno total
La crisis empezó en octubre, cuando el Tesoro estadounidense decidió no renovar la licencia general que había dado oxígeno al sector. En ese momento, la producción de crudo rozaba los 800.000 barriles diarios, según fuentes de la OPEP, el nivel más alto en más de cuatro años.
Había regresado el interés de las grandes petroleras internacionales. Chevron había ampliado operaciones, Eni y Repsol volvían a enviar cargamentos a Europa bajo licencias específicas. Pero el cambio de postura desde Washington lo ha parado todo. No por falta de petróleo, sino por falta de compradores dispuestos a asumir el coste legal y reputacional de cargarlo.
El resultado es una tormenta de baja intensidad, pero persistente: sin guerra declarada, sin bloqueos navales, pero con suficiente ruido político y militar como para que bancos, aseguradoras, operadores y navieras prefieran mantenerse al margen.
Según la OPEP, en noviembre Venezuela bombeó 678.000 barriles diarios, una caída de más de 100.000 barriles frente al promedio del tercer trimestre. No es solo una cifra menor, es un retroceso que empieza a tener impacto en la balanza de pagos. Ecoanalítica estima que los ingresos petroleros del cuarto trimestre caerán entre 28% y 32% respecto al tercero, afectando directamente la disponibilidad de divisas. Es el mismo trimestre en el que el Gobierno se juega el cierre fiscal del año.
La reacción ha sido inmediata. En el mercado de divisas, el bolívar se ha depreciado cerca de 20% entre mediados de octubre y mediados de diciembre. La brecha con el tipo oficial ya supera el 45%, un nivel que no se veía desde mediados de 2023.
Por otro lado, el Banco Central de Venezuela ha reducido sus intervenciones en divisas, pasando de promedios semanales superiores a los 120 millones de dólares en septiembre a menos de 50 millones en diciembre. Además, los precios vuelven a acelerarse. En Caracas, el precio del kilo de pollo ha subido un 17% desde principios de mes.
Los barcos también muestran esa incertidumbre. En las últimas dos semanas, seis cargueros con crudo Merey (referencia en Venezuela) han quedado fondeados o a la espera de instrucciones en el Caribe, según Kepler. Nadie quiere firmar la recepción sin garantías de cumplimiento normativo.
PDVSA, mientras tanto, ha vuelto a una estrategia defensiva. Cancelación de contratos, suspensión de pagos menores, renegociación de condiciones con proveedores. La empresa intenta sostener la producción con recursos propios, pero la infraestructura no aguanta mucho más sin mantenimiento.
La propia OPEP reconoce que más del 60% de los mejoradores y campos maduros operan con mantenimiento diferido. Las licencias individuales que siguen vigentes están sujetas a renovaciones periódicas y no garantizan flujos de caja estables.
En años anteriores, cada bajón de Venezuela era una amenaza para los precios. Hoy, simplemente no lo es
El Gobierno de Nicolas Maduro busca al mismo tiempo alternativas. Reuniones con emisarios chinos, promesas de cooperación con Irán, viajes discretos a Ankara. Pero hasta ahora, los resultados han sido simbólicos. El grueso de las exportaciones a Asia se realiza con descuentos que superan los 20 dólares por barril frente al Brent, según fuentes del mercado.
La caja se cierra
En medio de todo este caos energético, las cuentas fiscales empiezan a crujir. El gasto público se ha contenido, los sueldos del sector público llevan congelados desde septiembre y las importaciones han bajado un 22% frente al mismo mes del año pasado. La caja de PDVSA, que había vuelto a financiar parte del aparato estatal, se ha vuelto a cerrar. Los ingresos petroleros acumulados en 2025 rondan los 12.000-13.000 millones, muy lejos de los niveles previos a las sanciones.
Lo que marca la diferencia esta vez es el contexto internacional. En años anteriores, cada bajón de Venezuela era una amenaza para los precios. Hoy, simplemente no lo es. Estados Unidos produce más que nunca. Brasil y Guyana suman casi 5 millones de barriles diarios. El petróleo Brent de referencia en Europa se ha mantenido por debajo de los 64 dólares durante diciembre, pese a la tensión y nadie, ni en Londres ni en Nueva York, parece mirar a Caracas.
Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de dos factores. El primero es si Washington decide volver a otorgar alguna flexibilidad, aunque sea mínima. Hasta ahora, la administración estadounidense ha reiterado que cualquier alivio estará condicionado a compromisos políticos verificables.
El segundo es si Venezuela logra mantener la producción por encima de los 600.000 barriles sin apoyo externo. Ninguna de las dos variables tiene fecha clara. Mientras tanto, el país opera con petróleo que no puede vender, tanques que no puede llenar y promesas que no puede cobrar.
