Publicado: diciembre 20, 2025, 5:30 am
La banca española encuentra en las recompras de acciones un destino cómodo para dar salida al exceso de capital que acumulan tras varios años de beneficios récords. Lo que comenzó a finales de 2021 como una tendencia para animar la cotización y retener al accionista tras la pandemia se ha consolidado y las principales entidades ya lo consideran habitual en su política de remuneración. BBVA fue una de las entidades en colocar la primera piedra hace cuatro años con un programa histórico por importe de 3.500 millones, que finalmente fue de 3.100 millones.
El grupo presidido por Carlos Torres encontró en esta fórmula un sitio en el que colocar el montante sobrante tras el primer intento fallido de fusión con Banco Sabadell. Se da la circunstancia de que ayer anunció una ‘megracompra’ extraordinaria de casi 4.000 millones, tal y como se comprometió tras no salir adelante la OPA al grupo catalán el pasado octubre. En conjunto, la entidad habrá empleado a lo largo de este tiempo más de 10.300 millones a este fin a través de cinco programas.
A los 3.160 millones ejecutados entre 2021 y 2022, se suman otros 1.000 millones en 2023 con carácter extraordinario, mientras que los otros tres restantes por valor de 422, 781 y 993 millones van con cargo a los resultados de 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El plan frustrado de convertirse en el tercer banco más grande de Europa en capitalización bursátil por detrás de BNP Paribas y Banco Santander le llevó a decidir que la mejor forma de invertir ese dinero era en sus accionistas e, incluso, atraer aquellos que van a la caza de este tipo de operaciones.
Le sigue la estela Banco Santander, que también fue pionero en este sentido, aunque con un volumen más reducido. Arrancó hace cuatro años con 841 millones y, desde entonces, todos los años destina una parte de la remuneración a tal fin. Desde 2021 hasta la segunda recompra con cargo a los resultados de 2024, Banco Santander ha devuelto a sus accionistas aproximadamente 9.500 millones, movimiento que se ha materializado con la adquisición del alrededor del 15% de sus acciones con la finalidad última de amortizar capital, que en la práctica implica una reducción del número de títulos en circulación y aumenta la participación de los inversores. En el momento actual, está cerca de completar su último plan de 1.700 millones.
La presidenta del grupo, Ana Botín, ha reiterado en varias ocasiones que solamente está abierta a valorar operaciones corporativas que ofrezcan un mayor retorno que las recompras de acciones. La Ley de Sociedades de Capital impone límites al número de acciones que una cotizada puede tener en autocartera, que no debe superar el 10% del capital en circulación. Salvo Bankinter, que ha manifestado abiertamente su reticencia a las mismas bajo el argumento de que priorizan la reinversión en el negocio, las grandes entidades han abrazado de manera gradual esta herramienta, más estandarizada en legislaciones como la norteamericana. Lista en la que también figuran CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja.
La posición del sector choca con la interpretación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desde la que no ven del «todo correcto» incluirlas como un elemento más de su política de retribución, porque pueden «inducir» a error, dado que sus efectos son inciertos en relación con la cotización y los beneficios directos. Por ello, recomiendan que en caso de incorporarlas se les dé un trato diferenciado, en una clara referencia a la banca, que es la más activa en este sentido.
El BCE dará su plácet más rápido
En contraste, el Banco Central Europeo (BCE) ha avanzado este viernes que acelerará a la hora de aprobar recompras. A partir de enero planea dar su visto bueno en sólo dos semanas en lugar de los tres meses que tarda ahora. «Los bancos podrán recibir una respuesta más rápida cuando pidan reducir su capital mediante recompra u otros instrumentos, así como rebajar sus requerimientos de capital después de una transferencia de riesgo significativa», explican desde el organismo encabezado por Christine Lagarde.
Este procedimiento implica una supervisión más eficiente y efectiva porque ahorrará tiempo en operaciones rutinarias y permitirá a los supervisores centrarse en análisis más complejos. Las entidades europeas deben solicitar al BCE la aprobación antes de ejecutarla porque reducen la capacidad del banco a la hora de absorber pérdidas.
