Publicado: noviembre 20, 2025, 2:28 am
El Gobierno gastará este año cerca de 150.000 millones de euros más de lo que gastó en el año 2018. Nunca antes en la historia presupuestaria de España se había visto un incremento tan exponencial y sostenido del gasto del Estado y nunca antes una fase tan expansiva se solventó sin que el déficit se disparara. Si esta vez ha sucedido así ha sido, principalmente, porque el Estado ha recibido un caudal de ingresos por impuestos sin precedentes, que ha permitido financiar todo ese gasto extra sin volar por los aires el tradicionalmente delicado equilibrio de las cuentas públicas. Pero estas situaciones tan extraordinarias suelen también ser transitorias y el superciclo de ingresos a mansalva del que ha disfrutado el Gobierno y que le ha permitido gastar sin mirar demasiado la caja empieza a tocar a su fin, lo que ha reavivado las inquietudes de los expertos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. «El envejecimiento de la población y el fin del superciclo recaudatorio ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal», advierte el prestigioso servicio de estudios de las cajas de ahorros, Funcas, en la última edición de sus cuadernos de información económica. Las amenazas del envejecimiento de la población sobre el capítulo de gastos de los Presupuestos del Estado son bien conocidas, por la presión financiera de la inminente jubilación de la cohorte de población más numerosa de la historia de España, los llamados ‘boomers’, de la atención sanitaria de una población más mayor y por la carga que este fenómeno tendrá también sobre los servicios sociales públicos, como la dependencia. Menos conocido es su potencial impacto sobre los ingresos y, en concreto, sobre la figura que más recursos aporta a la caja del Estado, el IRPF. «El envejecimiento ya está incidiendo sobre la recaudación de IRPF, aunque su efecto neto aún no es directamente observable», apunta el investigador Desiderio Román. Argumenta que en los últimos años se ha producido un desplazamiento interno en la base de contribuyentes del IRPF, en virtud de la cual cada vez es menor la relevancia de las rentas de los asalariados y cada vez es mayor la de los pensionistas , con efectos significativos. «En términos medios, los salarios son más elevados que las pensiones de jubilación», explica el investigador, «pero esa diferencia se ha reducido con la incorporación de los ‘boomers’ a la jubilación». La razón es que las percepciones medias de los nuevos jubilados, que sitúa en 18.916 euros brutos al año, son muy similares a las de los trabajadores inmigrantes (18.838 euros), que a grandes rasgos son los que explican el fuerte crecimiento del empleo en los últimos dos o tres años y como consecuencia de ello también el incremento de la recaudación por IRPF. El foco de preocupación reside en la sustitución de la aportación fiscal de los altos salarios que tienen los ‘boomers’ antes de jubilarse por los sueldos más bajos de los inmigrantes, lo que a juicio el investigador de Funcas lleva a pensar que «la recaudación del IRPF se enfrenta a potenciales riesgos estructurales derivados del envejecimiento» y que «la inmigración es un recurso limitado para ayudar a mantener la recaudación y el sostenimiento del Estado del bienestar». Según sus cálculos, esto hará que en los próximos años hará falta al menos un nuevo trabajador inmigrante por cada ‘boomer’ que se jubile para sostener los actuales niveles de recaudación. Su análisis apunta a otro factor de incertidumbre, también relacionado con la aportación instrumental de la inmigración al sostenimiento de la salud fiscal de las cuentas públicas. «En las dos próximas décadas, una parte importante de la población trabajadora inmigrante pasará a formar parte de la población pensionada», vaticina, y «es previsible, que una parte relevante de esos 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas», lo que a su juicio plantea un desafío extra para el sostenimiento del estado del bienestar. En otro capítulo de la publicación de Funcas, el investigador Santiago Lago lamenta que las administraciones públicas no hayan aprovechado el fenomenal caudal de ingresos de los últimos años para poner las cuentas en orden y augura que a partir de 2027 el Gobierno tendrá que realizar ajustes fiscales extraordinarios.
