Publicado: noviembre 9, 2025, 8:23 am
Todo es más complicado que antes en Bruselas porque el ‘momento’ político así lo ha provocado: los pactos se hacen más complejos y la política climática se ha convertido en un buen termómetro de esas dificultades en las negociaciones y en la toma de decisiones. La Comisión Europea opta por una postura más práctica, y los países de la UE han logrado obtener mayores márgenes de maniobra en un tema muy ideologizado, y con un Parlamento Europeo que está más dividido que nunca. La batalla climática ya no se lleva todos los focos, pero sí es parte de la batalla política en los diferentes escalones.
El último ejemplo de esto es el acuerdo sobre emisiones alcanzado entre los 27 esta misma semana: han acordado recortar un 90% las emisiones de CO2 de aquí a 2040, pero la clave está en las muchas flexibilidades que se les van a dar a los gobiernos nacionales entre ellas un 5% más a través de los llamados créditos de carbono, comprados con fondos europeos y otro 5% compensado con fondos nacionales. Esta es. de hecho, una conclusión bastante alejada de lo que planteaba Bruselas.
La propuesta de la Comisión pasaba por reducir un 90% las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 respecto a los niveles de 1990. Eso sí, con una flexibilidad de un 3% a través de los llamados créditos de carbono, que permiten, por así decir, comprar las emisiones. Esta vía permite que empresas o gobiernos compensen sus emisiones al financiar proyectos sostenibles como la reforestación, energías renovables o tecnologías de captura de carbono.
El pacto, con todo, está lleno de matices. Por ejemplo, a partir de 2036 se podrán emplear los créditos, con un periodo de prueba entre 2031 y 2035. Los países de la UE han decidido someter su gran objetivo climático a una revisión cada dos años según los avances científicos y tecnológicos, y además realizar una evaluación más amplia cada cinco años. Para atender las demandas de Polonia, pospondrán hasta 2028 la puesta en marcha del ETS 2, el mecanismo que fijará un coste al carbono generado por los vehículos y por la calefacción de los edificios. Asimismo, la estrategia europea tendrá en cuenta la capacidad real de los ecosistemas como bosques, praderas y humedales para absorber CO2; si estos sumideros capturan menos de lo previsto por cuestiones como el calentamiento o la sequía, no se impondrá a los Estados la obligación de compensar esa falta con esfuerzos adicionales en otros ámbitos.
España, por ejemplo, salió razonablemente contenta del acuerdo. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que el pacto «no es perfecto pero sí muy bueno», y solo con esa frase dio la calve de todo: parece que la UE apuesta ya por el ‘mal menor’ en el caso de la política climática en pro de mantener los acuerdos vivos. Han asumido por ejemplo en este tema los votos en contra de Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia, así como las abstenciones de Bulgaria y Bélgica.
El Pacto Verde ya no está dentro de las prioridades en los mensajes de Ursula von der Leyen. La defensa, la industria, la competitividad, temas como los aranceles o los nuevos acuerdos comerciales y la relación con China o la guerra en Ucrania o Gaza están muy por delante. En Bruselas asumen que el contexto no es el mismo que en 2019, cuando sí fue una cosa de primera línea la lucha contra el cambio climático, y que por momentos hay que ser más pragmáticos, reconocen fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. La meta está en alcanzar «grandes acuerdos» aunque sea con muchas flexibilidades.
Pero el elefante en la habitación son los gobiernos nacionales. Y todo depende del color político, pero no solo: también influyen la posición geográfica o los sectores estratégicos. En la lucha climática hay socios como Alemania y Polonia piden más margen por su dependencia del carbón y la industria pesada, mientras otros, como Francia, España y los nórdicos, reclaman metas más ambiciosas. En 2023 las emisiones europeas cayeron cerca del 4%, pero las diferencias nacionales y la disputa por los ingresos del mercado de carbono -más de 43.000 millones de euros ese año- mantienen abierta la fractura sobre cómo financiar la descarbonización.
Las decisiones medioambientales y ‘verdes’ son una buena foto de la división que se afronta en la Unión a distintos niveles, pero la concienciación ciudadana es rotunda. Según el último Eurobarómetro sobre el tema (de junio de 2025), la gran mayoría de los europeos (93%) considera que el cambio climático es un problema grave, y el 78% lo considera muy grave. Asimismo, más de cuatro de cada cinco ciudadanos creen que la lucha contra el cambio climático y la mejora de la eficiencia energética pueden impulsar la economía y el empleo. Una mayoría significativa también apoya la idea de que la reducción de las importaciones de combustibles fósiles puede mejorar la seguridad energética y beneficiar económicamente a la Unión. Esa misma mayoría respalda el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Queda casi toda la legislatura por delante y parece que el camino ya está dibujado. Las circunstancias recientes han obligado a colocar la seguridad energética y la estabilidad económica al mismo nivel que la transición ecológica, e incluso por delante. Desde Bruselas insisten en que los objetivos medioambientales se mantienen intactos, aunque el enfoque se ha vuelto más flexible y gradual.Gobiernos y empresas defienden esta estrategia como una muestra de realismo, mientras que los sectores ecologistas la consideran una cesión disimulada que podría frenar los avances climáticos y rebajar la ambición europea. En cualquier caso, aunque la Unión no haya renunciado a su vocación verde, su ritmo de transformación se está viendo afectado: la presión política ya es demasiado fuerte.
